América Latina necesita más govtech

Fecha artículo: 27 de febrero de 2019

Autor del post - Carlos Santiso

Director de Innovación Digital del Estado, CAF -banco de desarrollo de América Latina-

Este artículo también se publicó en Project Syndicate

América Latina está llegando a una encrucijada histórica que definirá su crecimiento económico y el bienestar de sus ciudadanos durante los próximos 20 años. Las nuevas tecnologías se fusionan con las dinámicas empresariales y sociales a una velocidad de vértigo y, aunque ofrecen grandes oportunidades para los negocios, la conectividad o la ciencia, también amenazan con ensanchar las ya de por si amplias brechas entre las regiones en desarrollo y las más avanzadas.   

Para evitar que la transformación digital profundice las desigualdades entre países será imprescindible promover administraciones públicas eficientes. No es casualidad que países tan competitivos como Gran Bretaña, Estados Unidos, Corea del Sur, Singapur o Israel tengan las administraciones públicas más modernas, innovadoras y eficientes. Son también estos países los que han sabido nutrir una nueva generación de emprendedores en el espacio govtech, término que incluye desde la emergencia de innovaciones digitales hasta startups tecnológicas que buscan mejorar la eficiencia y transparencia de la gestión pública. Estos emprendedores públicos crean modelos de negocio escalables y responden a una demanda pública de innovación y tecnología más sofisticada. 

En ese proceso se encuentra el ecosistema de startups govtech que está surgiendo en Iberoamérica: Munidigital en Argentina con su plataforma para la gestión eficiente de incidencias a nivel municipal; VisorUrbano en México con su solución de catastro municipal digital y automatización de trámites de licencias de construcción y de negocios; Appterix y Signature, también en Argentina, y sus soluciones de tecnología blockchain para la gestión pública y el notariado digital; Linte, en Brasil, y su software para la automatización de rutinas y documentos jurídicos; o Green Urban Data, en España, que ofrece un software para facilitar la toma de decisiones y la priorización de estrategias contra el cambio climático, son sólo unos ejemplos de startups que ofrecen soluciones a los grandes retos públicos.

Este tipo de emprendimiento innovador es exactamente lo que necesita la administración pública latinoamericana. Sin embargo, el mercado de soluciones tecnológicas para las administraciones públicas, que genera más de 400 mil millones de dólares al año en todo el mundo, sigue estando dominado por grandes compañías tecnológicas. Si los gobiernos toman medidas para abrir ese mercado a las nuevas empresas, aumentarían la diversidad y la competencia, lo que estimularía la innovación con un mayor enfoque en los usuarios finales.

Con este fin, los gobiernos de América Latina deberían tomar medidas en al menos tres frentes. Primero, deben adaptar las políticas regulatorias para facilitar la adquisición pública de tecnologías provenientes del ecosistema govtech emprendedor. Dichos marcos regulatorios deberían reducir las barreras de entrada de nuevas empresas, simplificar los ciclos de ventas y promover la demanda pública de innovación. Colombia y España, por ejemplo, están evaluando criterios de innovación para los procesos de contratación pública, a fin de ayudar a los organismos gubernamentales a encontrar soluciones alternativas a los desafíos que enfrentan. Varios gobiernos, como Chile, Colombia, Portugal y Uruguay, han creado laboratorios de innovación dentro de las entidades gubernamentales para incubar y acelerar soluciones disruptivas.

Los gobiernos también deben implementar medidas legales, regulatorias, fiscales y contractuales que ayuden a las nuevas empresas a sobrevivir al "valle de la muerte", es decir, en las primeras etapas del desarrollo de una empresa nueva, cuando los nuevos productos o servicios aún no están generando ingresos. Por ejemplo, Chile promulgó recientemente una ley que establece un plazo de pago de 30 días para las PYME, que beneficiará principalmente a las nuevas empresas.

Finalmente, los gobiernos deberían cultivar el mercado emergente de govtech a través de fondos de inversión y capital semilla para nuevas empresas gubernamentales, especialmente en las primeras etapas de su desarrollo. Los fondos de capital de riesgo, en su mayoría provenientes de EE. UU., tienden a desconfiar de las empresas que tienen al sector público como cliente, ya que generalmente se demoran más en alcanzar su ventaja competitiva. Estas compañías necesitan inversores con horizontes a más largo plazo, digamos, 3-5 años.

Ahí es donde entra en juego el sector público. Algunos países ya han creado fondos públicos para fomentar y financiar nuevas empresas gubernamentales enfocadas en mejorar la administración pública y cerrar así las brechas iniciales de inversión a través del financiamiento de empresas gubernamentales y programas piloto. Estos incluyen el GovTech Catalyst Fund del Reino Unido y el programa de innovación digital para los desafíos del sector público de Israel. Otros países, como Canadá y Francia, están trabajando para desarrollar programas similares y desplegar fondos catalíticos para cerrar la brecha de inversión inicial.

Así como la industria financiera ha transformado el sector financiero, la industria gubernamental emergente puede crear un nuevo paradigma para la provisión eficiente de servicios públicos. A medida que persiguen una transformación digital muy necesaria, los gobiernos de América Latina deben trabajar activamente para desarrollar y fomentar una nueva generación de asociaciones público-privadas con nuevas empresas gubernamentales que produzcan soluciones relevantes y rentables, que conviertan a los gobiernos en más inteligentes e inteligentes. Si lo hacen bien, la región puede esperar un futuro más próspero, eficiente y competitivo.

Carlos Santiso

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Carlos Santiso

Director de Innovación Digital del Estado, CAF -banco de desarrollo de América Latina-

Carlos Santiso es Director de Innovación Digital del Estado en CAF desde 2018. En las últimas dos décadas, ha trabajado en más de dos docenas de países en diversas capacidades en bancos multilaterales de desarrollo, agencias gubernamentales, e organismos internacionales. Antes de unirse a CAF dirigió la división de Innovación para los Servicios Ciudadanos del Banco Interamericano de Desarrollo, que integro en 2011 para liderar la División de Capacidad Institucional del Estado. Anteriormente, se desempeñó como gerente sectorial de gobernabilidad en el Banco Africano de Desarrollo entre 2007 y 2011, como asesor de gobernabilidad del ministerio británico para el desarrollo internacional entre 2002 y 2007 y como oficial principal en el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral entre 1996 y 2000. Comenzó su carrera como asesor en la Oficina del Primer Ministro francés entre 1995 y 1996. Es miembro fundador de la junta asesora del Centro para la Gobernabilidad Democrática en Burkina Faso. Carlos tiene un doctorado. en economía política comparada de la Universidad Johns Hopkins (2006), un máster en política económica internacional de la Universidad de Columbia (1995) y un máster en política pública del Institut d’Etudes Politiques de Paris (1993). 

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