Carolina España
Vicepresidenta Ejecutiva de CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-
Este artículo también se publicó en La República
Las vías terciarias se asemejan mucho al sistema circulatorio humano: de las buenas conexiones y flujos depende el bienestar general y el funcionamiento apropiado del organismo.
El diagnóstico aplicado a la realidad colombiana podría ser que el país tiene grandes vías conectoras (se ha avanzado en la creación de grandes autopistas y vías principales), pero que todavía necesita articular mejor las rutas que llegan a los lugares más remotos y llevar el bienestar y un funcionamiento integral a todas las regiones.
Hacerlo no solo potenciaría la producción y comercialización de zonas rurales e históricamente identificadas con el conflicto, sino que supondría un gran avance en la integración del país en aspectos logísticos, sociales y hasta culturales. Esto, consecuentemente, también supondría un buen incentivo para el crecimiento económico.
En Colombia, al igual que en el resto de América Latina, mejorar las infraestructuras es determinante en el desarrollo sostenible y en el cierre de brechas entre las áreas rurales y urbanas. En este sentido, con inversiones de $1,3 billones, el Gobierno Nacional se encuentra en el proceso de rehabilitar cerca de 3.000 kilómetros de vías terciarias y de modernizar alrededor de 11.000 kilómetros en todo el territorio.
Tal propósito lleva a que los municipios y zonas afectadas por el conflicto armado sean intervenidos para mejorar sus condiciones de conexión, hecho que deberá ofrecerles oportunidades de desarrollo, empleo y acceso de manera estable y sostenible.
El camino hacia una integración vial nacional es exigente, y requiere de un consenso intersectorial para mejorar el estado y la eficiencia de las vías terciarias del país, que corresponden a más de 70% del total de las vías nacionales.
Para recorrerlo con garantías, es imprescindible que todos pongamos nuestro granito de arena. Desde CAF -banco de desarrollo de América Latina-, por ejemplo, hemos brindado apoyo al Gobierno Nacional en la ejecución de programas de inversión en la red regional y en zonas de conflicto armado con proyectos como Vías para la Paz, que contó con una inversión de US$362 millones para el financiamiento de obras de rehabilitación, construcción y de manejo ambiental. Estos recursos fueron destinados a la construcción de aproximadamente 700 proyectos de transporte: puentes, mejoramiento de vías existentes y construcción de nuevas vías, pistas de aeropuertos y muelles fluviales, en beneficio de 25 de los 32 departamentos del país.
Volviendo la vista hacia lo sucedido a lo largo del 2017, gran parte de nuestros esfuerzos y recursos se han centrado en identificar y consolidar la red vial terciaria de Colombia, que cuenta con una longitud estimada de 142.000 kilómetros, de los cuales 19,4% está a cargo de la Nación, 9,8% a cargo de los departamentos y el restante 70,8% es responsabilidad de los municipios.
Como parte de nuestro trabajo, en CAF realizamos un estudio que permitió definir el marco de referencia para la estructuración e implementación de un programa de inversión en la red vial terciaria, a partir de la implementación de un modelo de gestión vial con participación ciudadana.
Además, participamos, junto al ministerio de Posconflicto, en la implementación de diferentes programas, como el Plan 51/50, que mejorará 50 kilómetros en 51 municipios que han sido fuertemente afectados por el conflicto armado. Otro de los focos de nuestro trabajo es la realización de un manual de conservación de vías terciarias, el cual busca darle a los municipios y gobernaciones las herramientas para hacer un cuidado efectivo de las vías.
Por otro lado, se financiará antes de fin de año un proyecto de diseño de normativas para la implementación del Conpes en vías terciarias, lo que permitirá una mejor ejecución y seguimiento de las obras.
Conectar eficientemente a todas las regiones de Colombia implicará una estrecha colaboración entre el sector público y el privado, y tendrá buenas consecuencias: por un lado, contribuirá a aumentar el crecimiento económico y la productividad, y por otro facilitará el acceso a servicios públicos de calidad y, en definitiva, mejorará la calidad de vida de todos los colombianos.
