El Triángulo de las Bermudas de la gestión local

A mediados de los años '50 nacía el mito del Triángulo de las Bermudas, un área geográfica de unos 1,1 millones de km² en forma de triángulo situado en el océano Atlántico, entre las islas Bermudas, Puerto Rico y Miami, donde supuestamente se registraron misteriosas desapariciones de barcos, aviones y pequeñas embarcaciones.

Trasladado al campo político-institucional, y enmarcado en el avance de los procesos de democratización y descentralización de las últimas décadas en América Latina, nos encontramos frente a una reedición del mito aplicado a los gobiernos locales. Muchas de las políticas públicas y la provisión de ciertos bienes públicos naufragan ante el triángulo caracterizado por (i) competencias y responsabilidades difusas entre los diversos niveles de gobierno, (ii) una nueva agenda urbana que los alcaldes deben enfrentar y (iii) con capacidades estatales locales deficitarias.  

En primer lugar, observamos un desacople entre la transferencia de nuevas competencias y funciones a los niveles subnacionales de gobierno y los recursos y capacidades necesarias para afrontar una adecuada prestación de bienes y servicios públicos.

Por otra parte, si bien los municipios no han tenido por competencia el manejo de ciertos temas, las repercusiones sociales han hecho que sí sean de su incumbencia y, por lo tanto, que requieran una intervención activa por su parte.

En este sentido, quizás la cuestión de la seguridad ciudadana sea la más notoria: como consecuencia del aumento generalizado del delito y la violencia urbana, los alcaldes de la región han tenido que brindar respuestas concretas a sus ciudadanos, a pesar de no tener el manejo directo de un recurso clave como son las fuerzas policiales.

Paralelamente, la realidad de las ciudades latinoamericanas ha evidenciado ciertas debilidades en sus capacidades estatales para ejecutar políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En gran medida, esta debilidad está asociada a una limitada capacidad fiscal y al bajo grado de profesionalización y estabilidad de los cuerpos burocráticos municipales.

En lo que respecta a la dimensión fiscal, llama la atención el bajo porcentaje de recursos propios con respecto a los recursos totales de los municipios. Según datos del Programa Regional para la Actualización y Mejora de la Gestión Local (PRAMEG) de CAF -Banco de Desarrollo de América Latina-, en el que se asistieron a cerca de 60 municipios de la región entre 2007 y 2012, casi dos terceras partes de los casos analizados no alcanzaban a generar el 45% de los recursos totales de sus presupuestos. Esta situación genera sin dudas una vulnerabilidad y dependencia de las instancias locales hacia los gobiernos estatales y nacionales.

Por su parte, la profesionalización de los sistemas de servicio civil subnacional no ha sido una política generalizada en la región. Una de las principales debilidades es la ausencia de estudios sistemáticos para medir la calidad de las burocracias locales, un punto de partida indispensable para llevar adelante estrategias adecuadas de fortalecimiento institucional.

Hacia un abordaje integral

Ahora bien, ¿cómo llegamos a buen puerto ante estos desafíos? Resulta de suma importancia trabajar en este triple fenómeno que hemos descripto para alcanzar una gestión sostenible de las ciudades. El timón no lo tiene un solo actor, por lo que la tarea no es nada sencilla.

En primer lugar, para establecer un sistema articulado de coordinación de funciones entre los diversos niveles de gobierno, es preciso determinar para cada bien público las competencias y funciones consideradasdescentralizablesy aquellas que se deberían mantenercentralizadaspara asegurar la coherencia de la acción pública. Debemos abandonar la falsa antinomia "centralización vs descentralización" y reconocer que constituyen dos funciones complementarias.

En segundo lugar, la nueva agenda urbana obliga a los alcaldes a brindar respuestas concretas e integrales. Ya no alcanza con trasladar la culpa de ciertas problemáticas a otras instancias de gobierno; la ciudadanía demanda cada vez más el accionar de sus gobernantes sin importar quién tiene la responsabilidad legal. Por ello, la coordinación intersectorial e interjurisdiccional resulta insoslayable, aunque en la práctica implique costos significativos en términos de pérdida de autonomía y recursos por parte de las jurisdicciones. Aunque no hay recetas universales sobre cómo hacerlo, merece la pena profundizar ciertos modelos institucionales que favorecen la coordinación horizontal y vertical de políticas públicas, como gabinetes sociales, consejos federales, federación de municipios o agencias metropolitanas, entre otros.

Por último, debemos centrarnos en cómo mejorar las capacidades de los Estados. Por un lado, es necesario fortalecer el autofinanciamiento de los municipios a través del aumento de las facultades impositivas para recuperar el valor generado por el desarrollo urbano y, por otro, explorar nuevas fuentes de financiamiento y modelos de ejecución de proyectos como las alianzas público-privada (APP), la inversión privada o la cooperación internacional.

Además, los municipios necesitan trabajar en construir aparatos burocráticos caracterizados por un sistema de reclutamiento meritocrático que garantice la competencia de personal; una estructura de incentivos que alinee los intereses individuales con los intereses de las agencias; y un sistema de formación continua que fortalezca las habilidades y competencias de los funcionarios locales.