El agua y el saneamiento se ubican en el centro del desarrollo sostenible y configuran un aspecto esencial para el desarrollo económico e inclusivo de los países, especialmente aquellos en desarrollo, como la mayoría que conforman América Latina. Por ello, su gestión es una responsabilidad compartida entre el Estado y la sociedad.
Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con el agua potable, el saneamiento no ha recibido la misma atención en la agenda social, en parte como consecuencia de una economía política que ha priorizado otras necesidades.
Por su parte, se estima que el impacto macroeconómico de la falta de saneamiento representa entre el 1,5% y el 4% del PIB en algunos países latinoamericanos, ya que repercute en la salud pública, contamina cuerpos de agua, desincentiva el turismo y genera mayores costos domésticos en los más pobres.
Esta situación viene cambiando con la aprobación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fijan las metas al 2030 para alcanzar el acceso universal al saneamiento y reducir a la mitad la brecha del tratamiento de aguas residuales. Esto requiere un incremento sustancial en las inversiones, y más aún en la capacidad de ejecución y operación de los sistemas, que se suma a la complejidad derivada de los efectos del cambio climático.
Bajo esta perspectiva, cobra fuerza el concepto de la economía circular, que a diferencia de la visión lineal de aprovechamiento de los recursos, no sólo busca reducir la contaminación de los cuerpos de agua, sino también revalorizar los subproductos o residuos, acorde con los Principios de Bellagio en los que el aparente desecho deviene en un nuevo recurso. En esta línea, las 3R -reciclar, reducir y reutilizar- se aplican al tratamiento de las aguas servidas y por extensión al saneamiento in situ, en los que el gas metano y los lodos fecales derivados del tratamiento, pueden aprovecharse en forma sostenible, sea en el primer caso para generación de energía o como mejoradores de suelos para uso agrícola en el segundo, y las propias aguas residuales para la generación de electricidad.
Este cambio paradigmático conlleva a la necesidad de establecer un nuevo enfoque para el tratamiento de aguas residuales, cumpliendo además su papel originario de reducir la contaminación. El nexo agua-energía-seguridad alimentaria se visibiliza mejor en esta perspectiva, que llama a la formulación de un enfoque holístico desligado de la tradicional visión subsectorial.
En la prospectiva de América Latina, en la que se prevé una desaceleración respecto del quinquenio pasado, los recursos fiscales estarán sujetos a mayor competencia por su uso y la selección de proyectos será más exigente, siendo priorizados aquellos que brinden mayor rentabilidad social. Por ello, el tratamiento de aguas residuales requiere mejorar su posicionamiento en la agenda social, siendo necesario explorar formas innovadoras de financiamiento, ya sea mediante alianzas con los sectores energético y agrícola, o potenciando la participación privada en un rol más estratégico, desde la transferencia de tecnologías y conocimiento hasta la ejecución de contratos de gestión o de concesión mejor concebidos.
Para comprender mejor las interrelaciones y complejidades descritas, CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- está llevando a cabo un diagnóstico en la región latinoamericana que, desde la perspectiva de la política pública, brindará análisis y respuestas al rezago en el tratamiento de aguas residuales, con sus limitaciones normativas, institucionales y de financiamiento, así como en la sostenibilidad operativa.
Este análisis será complementado con otro estudio que proporcione un abanico de modelos y propuestas que vayan más allá del ciclo de los proyectos de inversión. Con ello, la institución se suma al esfuerzo para posicionar esta temática, y liderará el tema de Finanzas en el próximo Foro Mundial de Agua y participará en encuentros previos de alcance mundial.
