El alto costo del abandono escolar en América Latina

Este artículo también se publicó en América Economía

Es innegable que en las últimas décadas América Latina ha logrado avances significativos en materia de educación. En 20 años redujo en un 48% la cantidad de niños y niñas en edad de educación primaria que están fuera de la escuela; la tasa de matriculación en secundaria pasó del 59% a inicios de los 90 al 76% en 2015; y también aumentó el número de años de educación formal de la población adulta. 

Pero estas buenas noticias, vinculadas en general a un mayor acceso a educación de la población, no han logrado opacar la larga lista de asignaturas aún pendientes, que marcan la agenda de los años por venir, no solo en virtud de la necesidad de cerrar brechas que separan a la región con las economías más avanzadas, sino fundamentalmente porque los sistemas educativos deficientes limitan la capacidad productiva y la competitividad de nuestras economías a medio y largo plazo.  

Aunque la situación varía sustancialmente entre países -inclusive al interior de cada uno de ellos se esconden realidades muy disímiles-, hay muchos temas compartidos que son acuciantes, tales como mejorar las competencias de los docentes, incorporando innovaciones pedagógicas y capacidades socioemocionales acordes a las necesidades de los jóvenes, contar con infraestructuras escolares adecuadas o lograr una mayor correlación entre planes de estudios y habilidades demandadas por el mercado laboral. 

Adicionalmente, uno de los retos irresueltos que plantea un desafío creciente para el desarrollo futuro de la productividad laboral de la región, tiene que ver con la reducción de los niveles de abandono escolar. De hecho, los jóvenes estudiantes que abandonan la escuela tienden a pasar más tiempo desempleados, se emplean en mayor medida en ocupaciones informales, suelen recibir menores ingresos y a tener menos herramientas para abordar los desafíos que surgen durante y después de su educación. 

En la escuela secundaria, por ejemplo, solo el 60% de los alumnos termina sus estudios, aunque la educación secundaria es obligatoria en la mayoría de los países de la región. Las causas para abandonar la escuela son múltiples, y la decisión de desvincularse no es un hecho aislado, sino que en general responde a la culminación de un proceso de sentimiento de exclusión social y educativa de los jóvenes. Dentro de esta realidad, debemos entender la pertinencia de considerar la perspectiva de género: el 36% de las mujeres que abandonan sus estudios lo hace por causas de embarazo o cuidados maternos, mientras que las razones económicas tienden a ser las principales causantes de desvinculación escolar de los hombres. Y, en líneas generales, el 29% de los jóvenes que se desvincularon de la educación secundaria recientemente aseguran que la decisión obedeció al desinterés o disgusto por lo que consideran una actividad irrelevante para sus vidas, así como a problemas académicos (frustración ante malas calificaciones o incapacidad de soportar la carga académica). 

La situación de la educación secundaria refleja una necesidad evidente: necesitamos preparar mejor a nuestros jóvenes para que adquieran las habilidades necesarias para desempeñarse exitosamente en los mercados laborales y en la vida en sociedad. La manera de lograrlo, aunque no existe una receta única, demanda impulsar soluciones sostenibles, fundadas en la coordinación de medidas que deriven en políticas públicas efectivas, en torno a una mejor asignación presupuestaria –tanto en monto como en usos-, que a la vez generen y retengan aprendizajes en favor de una educación universal y de calidad.  

En este sentido, un informe reciente publicado por CAF –banco de desarrollo de América Latina- y R4D, propone una serie de iniciativas orientadas a implementar respuestas sistémicas. No basta con tener programas o políticas aislados, sino que se requiere una estrategia más amplia, que favorezca coordinación entre programas, políticas, e iniciativas que abordan múltiples factores que llevan –en extremo- a la desvinculación. Es importante que los actores escolares tengan flexibilidad para implementar soluciones de acuerdo a un plan institucional, pero también recursos y dirección para facilitar y encaminar sus actividades. 

Entre las medidas concretas recogidas en el informe para reducir los niveles de abandono de la escuela secundaria e impulsar una educación de calidad destacan la necesidad de contar con sistemas de información de alerta temprana sobre estudiantes, programas y escuelas, a partir de los cuales se identifiquen oportunamente situaciones de riesgo y, consecuentemente, se disparen alertas que posibiliten intervenciones focalizadas y pertinentes. Adicionalmente, resulta determinante involucrar en mayor medida a los padres en el quehacer educativo de sus descendientes, capacitar y sensibilizar a los docentes, e invertir en personal en las escuelas dedicado a aliviar la desvinculación, con el objetivo de mejorar el sentido de pertenencia a la escuela e incrementar la relevancia de los planes de estudio. Finalmente, las iniciativas contra el abandono escolar deben incorporar la perspectiva de género. 

No tomar las medidas necesarias para revertir esta situación a tiempo sería desaprovechar una oportunidad enorme. Casi la mitad de la población de América Latina es menor de 25 años; la región cuenta con una población en edad de trabajar creciente en relación a la población dependiente, con la potencialidad de crear un dividendo demográfico que contribuya a mejorar la productividad, hasta tanto el coeficiente de dependencia se nivele a valores sostenibles en el tiempo. 

No podemos olvidar que una población más educada es una condición imprescindible para que los países generen conocimiento, impulsen la innovación, incrementen su productividad y se posicionen ante los cambios propiciados por la llamada Cuarta Revolución Industrial. 

Para América Latina, mejorar la calidad y pertinencia de los sistemas educativos contribuiría a reducir los niveles de abandono escolar y a impulsar ecosistemas innovadores. Para ello, es primordial situar a las políticas educativas en el centro de la agenda regional de desarrollo, promoviendo esfuerzos colaborativos de todos los actores involucrados, con la certeza de que dichos esfuerzos redituarán con creces en el largo plazo.