El sector agropecuario de América Latina necesita más y mejores datos

La actividad agropecuaria es una de las de mayor riesgo frente a otras actividades económicas, debido a la exposición constante a diversos tipos de riesgos, ya sean naturales (geológicos, climáticos), sanitarios (plagas y enfermedades) o de mercado (fluctuaciones de precios de productos e insumos, tasa de cambio). 

Esta situación afecta tanto a la productividad como a los rendimientos, la rentabilidad e ingresos de los productores, que pueden sufrir un elevado endeudamiento y reducción de la capacidad para recibir financiamiento, realizar nuevas inversiones o implementar actividades de innovación y desarrollo. Todo esto, a su vez, afecta directamente a la seguridad alimentaria en los países. 

Por estas razones, la política agropecuaria de los países debe tener siempre presente la implementación de mecanismos que permitan gestionar los riesgos agroclimáticos de manera adecuada. Y entre ellos, la captación y gestión de datos es imprescindible para mitigar y/o paliar los riesgos intrínsecos del sector. 

Trabajar en el sector agropecuario sin contar con un marco estructurado y concreto de política pública de gestión de riesgo, expone a los productores, cultivadores e industriales y al sector rural en general, a riesgos innecesarios. Y también expone al Estado a exigencias económicas y financieras de apoyo en emergencias por desastres naturales o por un inadecuado tratamiento de los problemas derivados de las amenazas y/o vulnerabilidades, que presionan fuertemente los presupuestos fiscales de la nación y/o de los entes territoriales. 

El primer paso para enfrentar esta situación es conocer y calibrar los riesgos que enfrentamos. Como el riesgo “catastrófico” cuando se presentan eventos extraordinarios; o el de nivel medio, cuando el riesgo se pueden transferir al mercado; o el de nivel normal o bajo, cuando se generan daños acotados a los sistemas productivos. La identificación de los riesgos en estos tres niveles facilita su tratamiento de manera organizada y eficiente. 

Si pensamos de esta manera los riesgos climáticos, fitosanitarios, de precios y/o de mercado, podemos proponer métodos concretos para su gestión y mitigación, que ofrezcan información y ayuden a formular la política pública de gestión de riesgos y establecer herramientas para gestionarlos a nivel territorial y en finca. Por lo tanto, es clave la coordinación entre el sector público y privado para construir la política pública de gestión de riesgos a niveles regional y local. Esto puede incluir medidas de prevención y reducción de la vulnerabilidad, así como de mitigación y respuesta cuando las afectaciones ya son inevitables.

Datos e información 

En este punto es importante preguntarse qué tanto conocemos nuestros territorios para poder tomar decisiones adecuadas. En Colombia, por ejemplo, diferentes estudios señalan que se necesita información más depurada para gestionar adecuadamente los riesgos financieros, productivos, fitosanitarios y climáticos, y con ello facilitar las inversiones y la oferta de productos y servicios financieros. Por esta razón, desde CAF – banco de desarrollo de América Latina, recomendamos trabajar en la consecución, construcción y actualización de información climática, costos y valor de la producción por municipio o micro-región, la cual deberá ser periódica, estandarizada automatizada, encontrarse en línea y ser de carácter público. 

La realidad que enfrenta Colombia es extrapolable a otros países de América Latina. Generalmente no contamos con datos de calidad, masivos y públicos, y tampoco existen instrumentos que faciliten su consulta, lo cual limita la formulación y gestión de cualquier política pública, tanto a nivel nacional como regional. Mientras más información transparente, confiable y disponible exista para el público en general, mejor será el proceso de toma de decisiones del sector privado y del sector público, tanto a nivel productivo como fiscal. 

Sin embargo, para gestionar eficientemente los datos es imprescindible contar con plataformas de información adecuadas, homogéneas, automatizadas y de fácil acceso, que reúnan el uso de la información necesaria para llevar a cabo una gestión integral de los riesgos agropecuarios de manera georeferenciada. Un sistema de información de gestión de riesgos que recopile y articule la información y genere valor agregado en lo referente a información climática, aptitud y uso del suelo, plagas y enfermedades, investigación y tecnología, infraestructura, sistema productivos, catastro, áreas de inmovilización y reservas naturales, resguardos indígenas o comunidades afro, precios, financiamiento, seguros y que considere el marco de género e inclusión, entre otros. El desarrollo de este sistema está siendo apoyado en Colombia por CAF al MADR, la UPRA y FINAGRO desde hace dos años aproximadamente y actualmente con recursos del Fondo de Prosperidad Británico administrado por CAF. 

No podemos seguir tomado decisiones de organización territorial, productiva o sectorial con base en información deficiente e incompleta sin ninguna articulación entre los territorios, los sectores, las cadenas y sin considerar las amenazas o vulnerabilidades existentes. Tampoco es recomendable seguir estableciendo prioridades a nivel nacional y regional de atención a los territorios rurales si no conocemos su estructura productiva, física, climática y económica. La coordinación y articulación de políticas sectoriales, territoriales, nacionales y regionales, debe estar mediada por la evaluación de riesgos existentes con base en información oportuna,  pertinente y confiable. 

La administración adecuada de la información y un sólido sistema institucionalizado de información para la gestión de riesgos permiten generar capacidades en el sector agropecuario y en aquellos relacionados como el crediticio, el asegurador, el mercado de capitales y el académico, para el desarrollo de herramientas financieras y técnicas dirigidas a la mitigación de riesgos. Las nuevas tecnologías de la información facilitan la coordinación de los actores y de la política pública.