Angie Palacios
Ejecutiva principal, Dirección de hábitat y movilidad sostenible, CAF -banco de desarrollo de América Latina-
Este artículo también se publicó en Alcaldes de México
La violencia de género es un problema que permea a toda la región en sus distintas formas. Una de las más frecuentes es el acoso en el espacio público, que va desde miradas incómodas hasta tocamientos, fotografías y videos grabados sin autorización de las víctimas, y que en ocasiones conduce a delitos más graves. Este tipo de comportamientos deja a las mujeres en una condición de gran vulnerabilidad y desconfianza.
El transporte público es uno de los escenarios donde más recurrentemente se registran este tipo de incidentes. En la mayoría de ciudades latinoamericanas, un alto porcentaje de mujeres se sienten inseguras durante sus desplazamientos cotidianos. Para evitar ser víctimas las usuarias han tenido que recurrir a varias medidas como por ejemplo, modificar rutas, horarios y modos de desplazamiento lo que en ocasiones resulta en pérdida de tiempo y dificultad para armonizar sus actividades productivas y de cuidado del hogar.
El estudio de CAF y FIA Foundation, denominado Ella se mueve segura, realizado en tres ciudades de América Latina (Buenos Aires, Quito y Santiago de Chile), contextualiza la problemática en la región con variables como la percepción de inseguridad de las mujeres al viajar por la ciudad y la incidencia de acoso experimentada u observada. En dichas ciudades se arrojó que más del 70% de las mujeres encuestadas se sienten inseguras en el transporte público durante todas las etapas de su viaje. Además, factores como mayor presencia de hombres o viajar solas y sin luz del día incrementan su temor al momento de desplazarse.
La situación en México no es distinta. En la capital las mujeres no se sienten seguras en el transporte público por temor al acoso. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH) indicó que la violencia contra las mujeres en espacios públicos ocurre, en segundo y tercer lugar, dentro del transporte público: autobús y microbús (13.2%), y el metro (6.5%). Como consecuencia, las denuncias por este delito aumentaron en un abismal 433% en un periodo de cuatro años (2014 a 2017) mientras que el porcentaje de las mujeres que usan el transporte público como forma de desplazamiento disminuyó del 64% al 52% en una década.
Ante este panorama hay varias asignaturas pendientes para desterrar el acoso y los demás tipos de violencia de género del transporte público. En primer lugar, para implementar políticas públicas efectivas y mejorar la planificación del transporte es necesario recolectar datos adecuados que visibilicen el uso y disfrute diferenciado por mujeres y hombres de los sistemas de transporte público. Además, es necesario incluir a las mujeres y organización de la sociedad civil en los debates y posibles soluciones a esta barrera de movilidad. Fomentar la participación de mujeres en los entes de toma de decisiones en materia de desarrollo urbano y movilidad también puede ofrecer una perspectiva más integral de la situación y, por ende, de lo necesario para resolverla.
Todo este trabajo debe ser en conjunto con varios actores, donde intervengan políticas públicas pensadas en un desplazamiento que garantice seguridad para las usuarias del transporte público y sus dependientes, reconociendo a este servicio como un derecho humano básico.
