Mónica López
Coordinadora Unidad de Transportes, CAF -banco de desarrollo de América Latina-
Las APP son instrumentos útiles para cambiar radicalmente la dotación de infraestructura y la calidad de los servicios públicos que se presta a la sociedad, ya que permiten mejorar el rol supervisor y gestor que en muchos proyectos es prestado solo por la administración pública.
Sin embargo, la implementación de un contrato APP es una actividad no exenta de problemas y dificultades que demandan una buena gestión del proyecto a lo largo del tiempo, y donde es necesario contar con equipos técnicos con conocimientos específicos, tanto desde la parte del sector público como del sector privado.
¿Por qué debe involucrarse el sector público en la gestión de un contrato de APP?
Los contratos APP tienen una complejidad mayor, dado que asignan funciones y responsabilidades muy diversas y a muy largo plazo; deben prever, en mayor o menor medida, un gran número de supuestos potenciales; y además deben mantener un difícil equilibrio entre la viabilidad económico-financiera y la efectiva transferencia de riesgos al socio privado.
Estos contratos sitúan a la administración pública en una posición de supervisor que difiere significativamente de la posición de gestor activo que suele tener en los contratos tradicionales de obra o servicio. La transferencia de riesgos inherente a los contratos APP obliga a delegar la toma de decisiones en el socio privado, pero la administración debe asumir su papel basado principalmente en:
- Controlar que se cumple lo fijado en el contrato y la normativa de aplicación
- Garantizar que ello resulta en una adecuada gestión de la infraestructura o equipamiento y en una correcta prestación del servicio público o de interés general asociado, y en caso de que no se realice una adecuada gestión, modificar o resolver el contrato salvaguardando el interés púbico.
Pero no siempre las administraciones públicas están acostumbradas a adoptar este papel y cuando lo asumen, en muchas ocasiones les resulta complicado.
¿Cómo debe involucrarse el sector público en el seguimiento al sector privado?
Sabemos que aunque una administración pública proporcione un servicio por vía indirecta a través de un contrato de APP, no puede delegar la responsabilidad asociada al mismo, ya que sigue siendo el garante último de la buena gestión del servicio público hacia los ciudadanos. Así, es muy probable que, en caso de existir problemas, los usuarios presenten las quejas directamente ante la administración y no ante el concesionario, que en muchas ocasiones puede ser hasta invisible para ellos.
Por ello se hace necesario que la administración realice las correspondientes labores de seguimiento y control que permitan asegurar la correcta prestación del servicio, en la cantidad y con la calidad que fueron pactadas con el concesionario mediante el contrato de APP. Este seguimiento y control requiere que la administración disponga de herramientas que le permitan realizar el seguimiento del proyecto y, en caso necesario, proporcionar los incentivos necesarios al Concesionario para corregir posibles problemas que se produzcan.
¿Qué tipo de capacitación necesitaría el sector público para una buena gestión contractual?
Existen numerosos recursos formativos disponibles en materia de APP con alcances y enfoques diversos. La gran mayoría tienen una característica común: se centran en una fase específica del desarrollo de los proyectos, esta es desde la identificación de los proyectos hasta la adjudicación del contrato.
Esto es perfectamente lógico, el marco legal, económico y financiero es la base sobre la que se van a desarrollar los proyectos, y debe ser sólido, coherente y funcional. El proceso de selección y la preparación y adjudicación de los proyectos es fundamental, puesto que si elegimos un proyecto inadecuado o no lo estructuramos y definimos correctamente, los problemas no tardarán en aparecer.
Pero estas fases que involucran desde la planificación hasta la adjudicación del contrato, pueden suponer un tiempo estimado de entre 2 a 5 años en el ciclo de vida vinculado a un proyecto APP, mientras que la fase de gestión contractual supone toda la vida del proyecto, y puede situarse entre los 15 y 30 años de duración.
Esta relación de largo plazo que conlleva la buena gestión de un proyecto APP, supone que, aunque la preparación y licitación del contrato haya sido coherente, meticulosa y rigurosa, existen altas posibilidades de que se produzcan situaciones más o menos imprevistas o existan circunstancias de materialización de riesgos que demanden cambios en el proyecto y el contrato. En este sentido, debe asumirse que los contratos APP son incompletos, y que no es viable que regulen todos los escenarios que se pueden generar durante su vigencia. Por ello la Administración Pública debe estar preparada para un buen manejo del mismo.
Por esta razón, CAF -banco de desarrollo de América Latina-, ha decidido lanzar la micro-credencial “Experto en Gestión de Contratos de Asociaciones Público-Privadas. Esta capacitación está compuesta por 5 cursos virtuales (MOOC), de los cuales los primeros cuatro son libres y gratuitos, mientras que el último es un curso pago, que consta de contenidos, casos prácticos y un examen final biométrico. Los cursos tienen un enfoque totalmente práctico, basado en enfrentar al alumno al reto de gestionar distintas situaciones hipotéticas basadas en casos reales.
Itinerario de cursos:
- Introducción a la Gestión de Contratos APPs (3° edición): inicia el 01/08/2019
- Gestión de Contratos APPs: organización y manual operativo (2.ª edición): inicia el 05/09/2019
- Gestión de Contratos APPs: modificación, renegociación y reequilibrio (2.ª edición): inicia el 26/09/2019
- Gestión de Contratos APPs: incumplimiento, secuestro y terminación anticipada (2.ª edición): inicia el 17/10/2019
- Gestión de Contratos APPs: El punto de vista del sector privado: inicia el 7/11/2019
