¿Dónde está el problema de la baja productividad en América Latina?
Este artículo está escrito por Lian Allub y Federico Juncosa
El progreso tecnológico reciente y la adopción de nuevas tecnologías alrededor del mundo generaron un vertiginoso aumento en el caudal de datos disponibles. Compañías como Facebook y Alphabet (Google), que no existían 20 años atrás, superaron los 500 mil millones de dólares de valor de mercado con un modelo de negocios basado en capitalizar el valor de estos datos.
En el sector público, las interacciones habituales de las personas (físicas o jurídicas) con el Estado se encuentran reflejadas de manera cada vez más exhaustiva en un registro digital, aunque existe un claro rezago en capitalizar el potencial de estos datos, en particular, para entender y potenciar la productividad de nuestras economías. En esta entrada repasaremos algunas iniciativas en curso dentro de CAF que superan las barreras al uso de datos administrativos y se apoyan en los mismos para estudiar la productividad.
Una iniciativa de gran alcance que se vio potenciada por el uso de datos administrativos fue el último Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2018) titulado Instituciones para la productividad: hacia un mejor entorno empresarial. Parte importante de este estudio consistió en localizar con precisión, para el conjunto de países de la región, el nivel de agregación y el sector de actividad particular donde el rezago de productividad respecto a economías desarrolladas se muestra más acuciante. Para esto, fue necesario llevar el análisis hasta las unidades que son, en última instancia, responsables de la productividad –las empresas que componen el sistema productivo– todo ello buscando preservar la comparabilidad entre países.
Llevar el análisis al nivel de empresas requiere utilizar datos con grandes limitaciones de disponibilidad y confidencialidad: incluyen información sobre ventas, costos, ganancias y patrimonio de las empresas, lo que compromete a su vez la confidencialidad de sus propietarios. Para sortear estas dificultades, se adoptó la metodología propuesta por Bartelsman, Haltiwanger y Scarpetta (2009) denominada análisis distribuido de microdatos. La misma consiste en elaborar un protocolo de cálculo de indicadores que es aplicado de manera descentralizada en la dependencia propietaria de los datos en cada país. Esto es, se elabora una rutina, acompañada de un manual, para generar los indicadores deseados a partir de la base de datos de cada dependencia. Esta rutina incluye salvaguardas para proteger la confidencialidad de los datos, asegurando que no sea posible identificar a ninguna empresa en particular a partir de los indicadores calculados.
El esfuerzo sustantivo por acceder a estos datos fue fructífero: aprendimos que el problema de baja productividad de la región relativa a economías desarrolladas no se debe a su estructura sectorial, es decir, a un uso excesivo de recursos en sectores poco productivos, sino que se manifiesta en cada sector de la economía. Analizando niveles cada vez mayores de desagregación encontramos que, dentro de cada subsector de actividad, existe una asignación deficiente de factores productivos entre empresas, donde muchos recursos se destinan a unidades de baja productividad, particularmente dentro del sector manufacturero. Sin embargo, incluso si destináramos todos los recursos a las empresas más productivas, restaría un largo camino para cerrar la brecha de productividad respecto a economías desarrolladas. Para lograr este objetivo, debemos necesariamente incrementar la productividad del conjunto de empresas.
Comprometidos con el objetivo de impulsar el uso de datos administrativos para el análisis de productividad, desde CAF nos encontramos en las etapas iniciales de una colaboración con la Red de Investigación en Competitividad (COMPNET). Esta Red, originada por iniciativa del Banco Central Europeo, tiene el objetivo de producir un conjunto amplio de indicadores de productividad a partir de datos a nivel de firmas, que sea comparable en el tiempo para los miembros, y que se encuentren libremente disponibles para la comunidad académica y de políticas públicas. Desde CAF buscamos tener un rol activo en esta iniciativa, actuando como coordinadores para la incorporación de países de América Latina a la Red, entendiendo que la mayor disponibilidad de indicadores de productividad en la región promoverá la investigación del fenómeno y contribuirá a un mejor diseño de políticas públicas.
Otra iniciativa de CAF en curso que se vio potenciada por el uso de datos administrativos consiste en el proyecto Acceso a Oportunidades y Productividad Urbana. A través de registros administrativos de seguridad social, enriquecidos con registros de empresas y georreferenciación de la ubicación de establecimientos productivos, se busca entender las dinámicas productivas dentro de los límites de la ciudad para estudiar fenómenos como la distribución de oportunidades laborales, las economías de aglomeración y las zonas urbanas con mayor dinamismo productivo y mayor creación de empleo. El objetivo ulterior de esta línea de investigación es idear instrumentos de política basados en evidencia para apalancar la productividad y la inclusión social en las ciudades de la región.
La agenda de estudios urbanos tomó como prototipo la ciudad de Buenos Aires, lo que requirió del esfuerzo conjunto de CAF y el Ministerio de Producción y Trabajo Argentino para posibilitar el uso de los registros administrativos para este fin. La tarea consistió en dos ejes principales: la georreferenciación del domicilio de los establecimientos productivos registrados y la agregación de los datos en unidades espaciales que permitan sortear el problema de confidencialidad de la información manteniendo, a su vez, la granularidad necesaria para estudiar estos fenómenos. Esta iniciativa produjo sus primeros frutos en el documento de trabajo Distribución espacial del empleo formal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A su vez, los datos agregados y anonimizados son potencialmente un insumo de gran valor para las intervenciones urbanas de CAF.
Los casos discutidos son ejemplos promisorios del uso de esta nueva fuente de datos, los datos administrativos, para el análisis de productividad. Estos ejemplos ponen de manifiesto que las barreras al uso de estos datos son sustanciales, y que requieren de inversiones en generar la institucionalidad y las herramientas tecnológicas necesarias para ponerlos en valor sin comprometer su carácter confidencial. Sin embargo, se trata de una inversión de alto retorno, pues la creciente disponibilidad, el bajo costo y la mayor cobertura de estos datos los convierte en un aliado incomparable para la investigación, y en última instancia, para el diseño de políticas públicas que potencien la productividad y el desarrollo de la región.