Lucila Berniell
Economista Principal, CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-
El más reciente Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2018) de CAF muestra que el lento crecimiento económico de los países América Latina se debe a la baja productividad de sus economías. Esto pone al problema de la productividad en el centro del debate acerca de cómo impulsar el desarrollo económico y social de los países de nuestra región.
Cualquiera sea la estrategia para mejorar la productividad, ya sea desde el ámbito privado o desde las políticas públicas, cada vez quedan menos dudas de la necesidad de usar un gran caudal de datos para su implementación exitosa. Por ejemplo, los diagnósticos que sirven para diseñar intervenciones tendientes a reducir barreras de acceso al financiamiento o de acceso a otros recursos para la innovación, necesitan recoger cuáles son las empresas más afectadas y cómo llegar a ellas a través de distintos criterios de focalización. Asimismo, contar con buenos datos que describan la actividad económica de las empresas resulta de vital importancia en cualquier esfuerzo de evaluación de políticas que intentan impulsar la productividad.
Las fuentes estadísticas tradicionales para el análisis de productividad, y también del empleo, son los censos económicos y los distintos tipos de encuestas que tratan de caracterizar cuáles son las decisiones de producción, inversión e innovación que toman las empresas. Sin embargo, estas fuentes presentan distintos problemas: son caras, no siempre tienen la cobertura o la granularidad requeridas para ciertos análisis, y su frecuencia de actualización es baja o irregular. Además, la posibilidad de construir información longitudinal (que permita ver la “película” y no solo la foto de las empresas) a partir de censos y encuestas no siempre es posible. Estas limitaciones en las fuentes de datos tradicionales han hecho que su uso esté perdiendo importancia relativa en favor de datos que son más baratos, tienen mayor cobertura y permiten el seguimiento longitudinal de las unidades productivas: los datos administrativos con información sobre producción y empleo. Por su parte, la creciente digitalización del Estado ha contribuido en la misma dirección.
Los datos o registros administrativos, que son generados por el Estado de manera continua y como resultado de gestión de procesos internos que respaldan su relación con los ciudadanos y contribuyentes, ofrecen una gran oportunidad para satisfacer, y a bajo costo, una parte importante de la creciente demanda de información sobre temas de productividad. Estos datos comprenden, por ejemplo, los generados en los sistemas de seguridad social, que permiten inferir la creación y destrucción del empleo registrado (formal), así como los niveles de cualificación requeridos por distintos sectores económicos. También incluyen los datos de comercio exterior, que permiten analizar la dinámica de inserción al comercio internacional por parte de las empresas. Asimismo, puede considerarse en este grupo a los datos transaccionales de las agencias tributarias, que permiten inferir aspectos relacionados a la facturación (y, por lo tanto, a la producción de bienes y servicios), así como a la forma en que distintas empresas se relacionan unas con otras como proveedoras y compradoras de insumos. Por su parte, los registros generados en transacciones financieras (en instituciones reguladas por autoridades públicas) pueden ayudar a comprender en qué medida las empresas hacen uso de distintas herramientas crediticias.
Desafíos en el uso de datos administrativos para el análisis de la productividad
A pesar del gran potencial que ofrecen los datos administrativos para el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas para mejorar la productividad, estos datos presentan limitaciones pues no se originan desde fuentes diseñadas bajo criterios estadísticos, sino que surgen de otras que aceitan procesos administrativos. Es decir, mientras los datos provenientes de encuestas se construyen con metodologías para que reflejen de manera fiel un concepto económico o estadístico determinado, en el caso de los registros administrativos se construyen sobre las huellas que dejan los procesos usados para respaldar transacciones o procedimientos legales que involucran tanto a alguna agencia pública como a empresas e individuos en el sector privado. Por estas razones, es necesario que previo a su uso con fines estadísticos, reciban una limpieza y un tratamiento especial que dependerá en muchos casos de los objetivos analíticos o de política pública perseguidos.
Otro gran desafío en el aprovechamiento de datos administrativos para el análisis de productividad en distintos países de América Latina se origina en que distintas agencias públicas deben lograr acuerdos institucionales que permitan el intercambio de bases con registros, a partir de lo cual puede enriquecerse en gran medida el caudal y la calidad de la información que describe la dinámica de las empresas. En particular, estos acuerdos deberían condicionar y regular las circunstancias (de protección y seguridad de los datos) bajos las cuales las agencias responsables de la gestión de los registros administrativos permiten el acceso a otras agencias públicas y/o a terceros fuera del Estado (por ejemplo, la academia) a datos que muchas veces son de origen tributario o fiscal. Para que estos acuerdos se alcancen y sean puestos en práctica, es necesario que tanto la agencia responsable de los registros como las productoras de estadísticas cuenten con una infraestructura legal, tecnológica y de capacidades para el análisis estadístico que aseguren que el dato administrativo recibirá un uso estadístico adecuado.
Estos temas, así como otros detalles asociados a la necesidad de cuidar la calidad del dato (los debidos análisis de consistencia interna, comparando variables desde distintas fuentes o a lo largo del tiempo, o externa, comparando los datos de fuentes administrativas con aquellos de fuentes tradicionales), son tratados con detalle en un trabajo recientemente publicado en la Serie de Documentos de Trabajo de la Dirección de Investigaciones Socioeconómicas de CAF. Los lineamientos allí establecidos sirven como una guía práctica para expandir de manera confiable y segura el uso estadístico de datos administrativos que permitirá ahondar en el análisis de productividad en países de América Latina.
