¿Por qué los ciudadanos (no siempre) penalizan a los políticos corruptos?
Este blog está escrito por Lucila Berniell, Dolores de la Mata y Matías Italia
La corrupción es uno de los problemas que más preocupa a los ciudadanos latinoamericanos. Según datos de la Encuesta CAF 2018 (ECAF 2018), cerca del 80% de los ciudadanos considera que la corrupción es muy perjudicial para el progreso del país. Además, una amplia proporción (cerca del 70%, Latinobarómetro 2016) cree que los ciudadanos pueden marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción. Sin embargo, parece existir una brecha entre la percepción sobre el poder que tiene la ciudadanía para corregir comportamientos corruptos y el ejercicio efectivo de ese poder, por ejemplo, a la hora de castigar a políticos corruptos mediante el voto.
En efecto, de acuerdo a la ECAF 2018, casi el 60% de los latinoamericanos cree que sus conciudadanos castigan la corrupción menos de lo necesario. ¿A qué podría deberse esta falta de castigo que redunda en una alta tolerancia a la corrupción? En el nuevo Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2019) enfatizamos que son varios los ingredientes que se requieren para que los ciudadanos ejerzan su rol de contralor de manera efectiva. En particular, destacamos que los ciudadanos deben: 1) tener información de calidad sobre el accionar de los funcionarios y políticos; 2) tener capacidad para reconocer y reaccionar ante la evidencia de corrupción; y 3) disponer de mecanismos accesibles y no cooptados para canalizar el reclamo, la denuncia y el castigo, en el caso del voto.
El RED 2019 aporta nuevos elementos para identificar trabas que impiden combinar estos tres ingredientes básicos para el control ciudadano sobre la corrupción. Entre estos aportes, se presenta evidencia rigurosa generada con la técnica de experimentos aleatorios a partir de encuestas aplicadas sobre los ciudadanos entrevistados en la ECAF 2018. Esta técnica permite establecer una asociación causal entre determinados comportamientos o creencias que tiene la población y su nivel de la tolerancia a la corrupción y, por lo tanto, su capacidad para penalizarla. Es decir, este análisis se centra en el segundo de los ingredientes enumerados, el cual puede fallar aun en contextos donde hay buena información disponible y existen canales accesibles para hacer efectiva la participación ciudadana.
El experimento consistió en evaluar la disposición de los encuestados a votar por un alcalde hipotético que, tras estar involucrado en un caso de corrupción, se presenta a reelección. Los encuestados fueron divididos al azar en seis grupos, y cada uno recibió información ligeramente distinta sobre el contexto del comportamiento del político corrupto que intenta ser reelegido.
Por ejemplo, a un grupo de encuestados no se le agregó más información que la ya provista sobre el involucramiento del alcalde en actos de corrupción (grupo de control) y observamos que la fracción de respondentes dispuestos a votarlo era de 5,5% (Gráfico 1). A un segundo grupo se le dijo que el alcalde, aunque corrupto, fue capaz de gestionar efectivamente algunas políticas públicas. Un resultado importante que surge de comparar este grupo con el de control es que esta información adicional aumentó el apoyo electoral en 5 puntos porcentuales. Un tercer grupo recibió información adicional indicando que el alcalde compartía signo político con el propio encuestado, y en la comparación con el grupo de control este dato incrementó en 3 puntos porcentuales el apoyo electoral hipotético. Un cuarto grupo recibió información indicando que parte de los actos de corrupción del alcalde habrían generado un beneficio privado para alguien muy cercano al entrevistado (un familiar), y esta información aumentó marginalmente el apoyo electoral hipotético al alcalde. Los últimos dos grupos fueron diseñados para testear dos hipótesis adicionales: la primera, que este alcalde es tan corrupto como el resto de los políticos (caso de corrupción generalizada); y la segunda, que los votantes justifican la corrupción cuando los fondos malhabidos se dirigen a financiar campañas políticas. En ninguno de estos dos casos se encontraron diferencias importantes con el grupo de control.
Este experimento, si bien está basado en un contexto hipotético, nos habla de importantes factores detrás de la tolerancia de la ciudadanía a actos de corrupción cometidos por los políticos de turno. De hecho, la evidencia encontrada apunta en varias direcciones. Por un lado, encontramos que una parte del comportamiento indulgente de los ciudadanos se asocia a la famosa frase “roban pero hacen”. De acuerdo a esta creencia, bastante arraigada en nuestra región, existen políticos corruptos que, a pesar de su comportamiento delictivo, son competentes a la hora de proveer bienes y servicios públicos a la ciudadanía. Otra explicación habla de la presencia de factores comportamentales, asociados a sesgos cognitivos determinados por la cercanía ideológica o partidaria entre los votantes y los funcionarios corruptos del espacio político afín. Por último, el análisis realizado a partir de la ECAF 2018 establece la importancia de las relaciones clientelares que ligan a grupos de ciudadanos con funcionarios corruptos, y por las cuales los primeros se benefician de manera directa de determinados actos de corrupción cometidos por los segundos.
Estos resultados se encuentran sistematizados en el trabajo de Berniell, de la Mata, Fernández e Italia (2019), en el cual además se realizan diferentes análisis de robustez para asegurar la estabilidad estadística de las conclusiones anteriores.
Gráfico 1. Disposición a votar por un candidato hipotético acusado de corrupción, con y sin información sobre posibles atenuantes
Nota: todos los grupos de respondentes fueron generados de manera aleatoria
Fuente: elaboración propia con base en datos de la ECAF 2018.
Ante esta evidencia, ¿qué se puede hacer para que los ciudadanos se involucren de manera más efectiva en la lucha contra la corrupción? Tal como se resalta en el RED 2019, una estrategia promisoria para reducir esta tolerancia ciudadana a la corrupción es invertir de manera sostenida en la educación de los más jóvenes, con énfasis en currículas y pedagogías que fomenten la conciencia sobre el costo de la corrupción y sobre los valores ciudadanos que, cuando compartidos, ayudan a que la ciudadanía actúe coordinada y eficazmente para castigar a los políticos corruptos. También pueden resultar útiles las campañas masivas de comunicación que informan y sensibilizan sobre las manifestaciones y consecuencias de la corrupción y pueden contrarrestar el desconocimiento de la ciudadanía sobre estos temas e invitar a la acción para lograr una mejor rendición de cuentas.
¿Quieres saber más sobre cómo promover la integridad en las políticas públicas? Te invitamos a leer el nuevo reporte de CAF en este link.
