Alejandro Soriano
Ejecutivo Senior de Sectores Productivos y Financieros de CAF
La crisis global por el Coronavirus y la recesión que provocará en América Latina no tienen precedentes. Según el pronóstico del Banco Mundial, es muy probable que el PIB de América Latina y el Caribe (excluyendo Venezuela) se contraiga un 4,6% en 2020, mientras que el FMI considera una contracción del 5,2%.
Este es sin duda un momento de reflexión, análisis y acción inmediata que los gobiernos deberán realizar para, por una parte, reforzar los sistemas de sanidad y, por otra, generar mecanismos de apoyo efectivo para que las mipymes no mueran en su intento por sobrevivir.
En el sector de la mipyme, caracterizado en buena parte por la informalidad pero por ser una importante fuente de empleo, se presenta un gran desafío depara gobiernos, entidades multilaterales, sistemas financieros y corporaciones dentro de su cadena de pagos.
En lo que refiere al sistema financiero, están los sistemas de garantía compuestos por Fondos de Garantías públicos o mixtos y por empresas o sociedades de garantía recíprocas privadas. Estas entidades tienen un papel preponderante en la penetración del crédito en favor de las mipyme y son un vehículo complementario al de las entidades de financiamiento. De esta manera, varios gobiernos han tomado acciones inmediatas al respecto.
China, por ejemplo, creó un fondo de garantía de financiación estatal de al menos 60.000 millones de yuanes (9.520 millones de dólares) para apoyar a las empresas pequeñas y al sector agrícola. El Ministerio de Hacienda estima que el fondo ayudará unos 500.000 pequeñas empresas y microempresas en los próximos tres años con unos 500.000 millones de yuanes extra en préstamos de garantía, equivalente a una cuarta parte de los negocios de garantía de financiación total del país.
Una de las medidas aprobadas por el gobierno español para paliar las consecuencias económicas de COVID-19 es la puesta a disposición de avales públicos de hasta 100.000 millones de euros para garantizar la liquidez de las empresas, recursos administrado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), en varios tramos. El primer tramo por un valor de 20.000 millones está destinado a renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes (empresas con menos de 250 trabajadores y un volumen de negocio menor o igual a 50 millones de euros o cuyo balance que no supere los 43 millones de euros), así como para empresas de mayor porte.
Si bien el ICO se ha convertido en el eje de las garantías del Estado Español en favor de las pymes afectadas por la crisis del COVID-19, las sociedades de garantías recíprocas (SGRs) también han lanzado paquetes de garantías y ayudas muy eficaces.
En América Latina los fondos de garantías aún no han puesto en marcha acciones relevantes para atender la crisis en estas empresas, en parte porque los bancos y entidades financieras han tomado acciones inmediatas (reprogramaciones de pagos) para paliar las deudas y mantener la liquidez de las empresas, pero eso es a acorto plazo, en parte porque los costos de las comisiones no pueden bajar mucho y, en parte, porque las coberturas de riesgos no son lo suficientemente atractivas para los bancos en una situación de crisis como la que vivimos.
Perú y Colombia son la excepción. En Perú, el gobierno puso a disposición del sistema financiero un nuevo instrumento de garantías denominado Programa “REACTIVA PERÚ” y administrado por COFIDE, el banco de desarrollo del país. Se trata de un programa de garantías para promover el financiamiento de la reposición de los fondos de capital de trabajo de las empresas que enfrentan pagos y obligaciones de corto plazo con sus trabajadores (salarios y demás) y proveedores de bienes y servicios, a efectos de asegurar la continuidad en la cadena de pagos en la economía nacional.
Las garantías del Programa REACTIVA PERÚ sólo sirven de respaldo siempre que éstas se utilicen, de manera exclusiva, en operaciones del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y son de hasta por la suma de 30.000 millones de Soles (9.000 millones de dólares aproximadamente). El plazo de los créditos que otorguen las entidades financieras a las empresas beneficiaras, no puede exceder de 36 meses, lo que incluye un período de gracia de intereses y principal de 12 meses.
Por otra parte, Colombia aprobó un plan de capitalización para el Fondo Nacional de Garantías que permitiría ampliar la capacidad de financiamiento de las mipymes a través del sistema financiero.
Es probable que en el corto plazo el resto de países de la región adopten medidas similares, ya que la capilaridad de financiamiento que generan estos instrumentos es posible que sea la más efectiva que exista para reactivar la economía en esta coyuntura en proceso de desmoronamiento.
Los fondos de garantía deberán ser parte de ese antes y después de la pandemia, demostrando su importancia estratégica para los sistemas financieros y para el aparato productivo empresarial.
