COVID-19 y sostenibilidad empresarial

“Este no es el final, no es ni siquiera el principio del final. Puede ser, más bien, el final del principio". Esta frase de Winston Churchill en el punto de inflexión a favor de los Aliados en la II Guerra Mundial, bien podría aplicarse hoy que estamos saliendo de la cuarentena rígida, una etapa que pocos podrían haber imaginado, a una “normalidad” que definitivamente será distinta a la que todos conocíamos.

Del mismo modo, como consecuencia del COVID-19, un tema que está tomando más relevancia es el referido a la Agenda de la Sostenibilidad Empresarial a través de la aplicación de los criterios ASG (Ambiental, Social y Gobernanza). Ya antes de la pandemia estos principios estaban ganando terreno a nivel internacional, principalmente entre los inversionistas institucionales, quienes venían dirigiendo su mirada y recursos a empresas que fuesen más conscientes del impacto de sus acciones en el medio ambiente, así como en su relación con sus grupos de interés o stakeholders (empleados, clientes, proveedores, accionistas, reguladores etc.) y en la estructura de gobierno a través de la cual toman decisiones y gestionan sus riesgos. El mercado de capitales y los reguladores iban también en esa dirección.  

La volatilidad en los mercados financieros internacionales ha demostrado la importancia que las compañías apliquen dichos principios de manera práctica, pues la evidencia indica que tanto aquellas con altos rankings ASG, como los fondos y los índices que incluyen empresas que reportan dichos criterios, tuvieron mejores resultados que sus pares convencionales. De la misma manera, debe resaltarse que producto de la crisis, ha habido un cambio por parte de los stakeholders en el énfasis que le están asignando a cada uno de los tres componentes ASG.    

Mientras que la “A” (lo Ambiental) ha pasado, por el momento, a un segundo plano (lo que no implica que en los próximos meses regrese con más fuerza), viene cobrando más importancia la “S” (lo Social), pero con un ajuste en las variables normalmente analizadas. Como resultado de la pandemia, el alto nivel de sensibilidad social ha implicado un mayor escrutinio en la forma como se comportan las empresas, en temas como el trato a sus empleados (protocolos de bioseguridad, continuidad laboral, etc.), su relación con proveedores (especialmente pequeños y medianos) y con sus clientes (manejo de precios, aforo máximo, bioseguridad, etc.). Las organizaciones han tomado conciencia que sus acciones, especialmente las negativas, impactan más que nunca en la reputación y el valor de la marca. 

En lo que respecta a la “G” (la Gobernanza de la organización), se ha puesto a prueba la efectividad con que operan el Directorio, la Alta Gerencia y la Arquitectura de Control, teniendo en muchos casos, que realizar cambios en la forma como se toman las decisiones y se gestionan los riesgos. Ha sido interesante ver el rol que los Directorios han asumido, y particularmente en empresas con buenas prácticas de gobierno corporativo, se ha notado un apoyo a la Alta Gerencia sin caer en el micro gerenciamiento. Incluso, sociedades sin Directorios formales se han visto en la necesidad de armar comités ad hoc, con miembros externos con los conocimientos necesarios para enfrentar el nuevo escenario. Posiblemente sea este el empujón inicial que necesitaban para que, entendiendo la importancia y el aporte que este cuerpo colegiado puede dar a la organización, incorporen su formalización en la agenda de corto plazo.

Lo cierto es que el COVID-19 ha puesto en contexto la vinculación entre la sostenibilidad de largo plazo de las empresas y el bienestar de los stakeholders, mostrando la importancia que tienen estos últimos en la supervivencia de las organizaciones. De allí el impulso que se está dando hacia una Stakeholder Governance. Esto, entendiendo que no operan en el vacío y no pueden ser exitosas en el tiempo si en sus procesos de toma de decisiones solo consideran los intereses de corto plazo de los accionistas y dejan de lado al resto de stakeholders; eso es más cierto ahora cuando los desafíos socioambientales y el escrutinio de los inversionistas y la sociedad son mayores. Debe entenderse que, si no hacen ajustes de manera voluntaria y proactiva para incorporar a todos esos actores hacia un modelo de negocio en torno a la creación de valor compartido, corren el riesgo de afectar su reputación e incluso de potenciales intervenciones estatales (en sectores socialmente sensibles) o ser pasibles de iniciativas legislativas que afecten su viabilidad.  

En la medida que los inversionistas institucionales y los Directorios de las empresas están entendiendo que la aplicación de criterios ASG tienen beneficios concretos, al ser un buen indicador de la resiliencia y performance de las organizaciones, se esperaría que el 2020 sea un año de inflexión, con una aceleración en la incorporación de estos indicadores. Por ello, las empresas deben considerar un mayor seguimiento por parte de inversionistas y otros stakeholders en áreas claves de la agenda ASG, relacionadas con el respeto al medio ambiente, el capital humano, la estructura de gobierno y la estrategia de sostenibilidad de largo plazo, así como en la forma como reportan esta información.

Desde la óptica de dichos inversionistas institucionales existen grandes retos; uno de ellos es seguir trabajando en la estandarización de criterios de evaluación. Dadas las significativas diferencias entre las industrias, así como de las propias empresas de un mismo sector, un desafío clave es el de articular un esquema de indicadores que sean lo suficientemente flexibles como para tomar en cuenta las diversas realidades empresariales, manteniendo un nivel adecuado de comparabilidad. Un segundo reto es de orden interno y está relacionado con la forma en que los analistas incorporen en sus reportes la evaluación de riesgos ASG y lo que eso implica en la valoración de las sociedades, así como en las acciones que puedan tomar en el ejercicio de sus derechos de voto.

Por lo anterior, debe entenderse que los Principios ASG no son un certificado a ser colgado en el lobby de la empresa. Cada letra representa un pilar con igual nivel de importancia y necesario para asegurar la continuidad de la misma. Y aunque la aplicación de prácticas relacionadas con temas socioambientales puedan verse, desde fuera de la organización, como más relevantes por su impacto en la sociedad, la crisis ha demostrado que el componente de gobernanza es igual de relevante para una gestión adecuada de la organización. Vale decir, sin un buen gobierno corporativo es difícil que una organización pueda trascender en el largo plazo.

Podríamos concluir señalando que será el Directorio el responsable de asumir el reto de incorporar criterios ASG en sus procesos de toma de decisiones y análisis de riesgo, además de desarrollar herramientas de monitoreo para medir los avances en la implementación de estos principios, así como los medios para reportarlos. Este ajuste ayudará a los directores a cumplir con su deber fiduciario hacia la empresa, con el objetivo de lograr una organización sostenible en el tiempo, tomando en consideración a todos los actores que son críticos para el éxito de la misma.