Han pasado meses desde que apareció el COVID-19 en el mundo y ha cobrado la vida de cerca de medio millón de personas. Los daños económicos son enormes y traerán efectos sociales por varios años. En Latinoamérica, según datos de CEPAL, se prevé que la pobreza aumentará de 185 a 215 millones de personas y el desempleo alcance el 11,5%, con 12 millones más respecto al año 2019.
Los gobiernos y entidades de salud en todo el mundo han enfatizado que el primer frente de defensa es el lavado de agua con jabón; no obstante, 845 millones de personas no tiene un nivel de acceso básico y elemental al agua, un servicio que además desde hace una década está consagrado como derecho humano. En la región de LAC, cerca de 21 millones se ubican en esta condición de inequidad y exclusión, concentrados en dos segmentos claramente definidos: las villas o favelas de los grandes centros urbanos, y los territorios rurales, estos últimos largamente postergados, con 1 de cada 2 personas en situación de pobreza y solo 2 de cada 5 recibiendo agua libre de patógenos.
La pandemia prácticamente paralizó países, pero los servicios de agua y saneamiento tuvieron que seguir operando para garantizar la alimentación y condiciones dignas de vida. Los operadores de los servicios de agua fueron exigidos al máximo, en muchos casos tuvieron que ampliar su prestación mediante carros cisterna en zonas desprovistas de redes de agua. Hubo retos operacionales adicionales, ya que la pandemia modificó los patrones de consumo, se tuvo que reforzar la desinfección del agua, se emitieron órdenes de trabajo para habilitar a los usuarios con servicio cortado por falta de pago, además de prohibir el corte a los que incumplan con el pago. En este escenario, las disposiciones legales de los gobiernos se orientaron, en mayor o menor medida, a prohibir cualquier indexación programada de la tarifa y a flexibilizar el cobro de las facturas de agua, con posibilidad de pagar mediante cuotas, decisión que fluctuó entre 3 a 36 meses. Estas decisiones, absolutamente comprensibles bajo la premisa básica de que toda persona pueda contar con un servicio vital y básico, tienen repercusiones económicas en las finanzas de las operadoras de agua.
Muchas operadoras enfrentan actualmente problemas de liquidez. Para mitigar dichos efectos, algunos gobiernos están cubriendo la compra de ciertos insumos -como el cloro-, o en otros, han autorizado que los operadores hagan uso de sus fondos de reserva destinados a obras de ampliación del servicio o de aquellos previstos para medidas ambientales en la cuenca o acuífero del que dependen sus obras de captación. No obstante, el impacto económico puede tener un efecto en cascada, como lo señala un estudio efectuado para las operadoras de agua de Estados Unidos, debido a que la flexibilización en el pago de la factura de agua puede generar conductas que se prolonguen más allá de la crisis sanitaria, pero más importante, el costo de oportunidad en el uso de fondos de capital de reserva para cubrir gasto corriente, con incidencia en empleos de los proveedores de equipos, maquinarias e insumos, así como en los contratistas de diversos servicios tercerizados del sector del agua.
La posibilidad de rebrote del virus es una hipótesis que no se puede descartar. Ante ello, los llamados Planes de Seguridad del Agua cobran mayor importancia, así como la actualización de los protocolos de bioseguridad. La alta dependencia de procesos manuales en la gestión operativa y comercial de los operadores latinoamericanos genera un reto mayor, que implica la movilización de personal para la dosificación de químicos, para la operación de estaciones de bombeo, la reparación de fugas, así como para aspectos comerciales.
Los gobiernos enfrentan fuertes limitaciones fiscales y es comprensible dar prioridad al sector salud; a su vez se debe reactivar la economía para aminorar el desempleo creciente; no obstante, el sector hidrosanitario debe estar también en las prioridades por su carácter estratégico, con medidas que salvaguarden la liquidez de las operadoras, cuyo mecanismo dependerá de cada país, sea el uso de reservas y su posterior reposición, la creación de un fondo/facilidad para operadoras de agua, o líneas de crédito concesionales para reducir por ejemplo costos operativos, como los de energía.
En el corto plazo, los gobiernos están llamados a garantizar que “nadie se quede atrás”, y en ese sentido, a brindar facilidades para dotar de agua potable a los millones de latinoamericanos sin acceso básico al agua y al saneamiento. Las “inversiones de última milla” deben ser re-evaluadas, resolviendo aspectos técnico-sociales que han limitado la provisión de agua en villas y favelas durante décadas. Existen casos exitosos aplicados en ciudades latinoamericanas que vale la pena discutir y generar un aprendizaje conjunto. En el mediano plazo, así como la pandemia ha desnudado problemas estructurales en las operadoras de agua, es una oportunidad para avanzar en la transformación digital, con sistemas automatizados capaces de operar los sistemas sin contratiempos, en el registro de consumos mediante teledetección, en la atención de usuarios en forma remota, e inclusive, para coadyuvar al sector de salud ante cualquier falta de consumo de agua en geriátricos y en viviendas de personas de la tercera edad. El agua es vida y ahora es más cierto que nunca.
