¿Están preparadas las escuelas de América Latina para un regreso seguro a clases?
Por Lesbia Maris y Ricardo Estrada
Al día de hoy, la inmensa mayoría de los colegios en América Latina permanecen cerrados. Ante los efectos adversos de este cierre en niños y jóvenes, el reinicio de las clases presenciales debe ser una prioridad para los gobiernos de la región. Sin embargo, la reapertura de colegios requiere que estos sean entornos seguros para estudiantes, docentes y el resto del personal escolar.
Para reducir al mínimo la posibilidad de contagios, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la enseñanza presencial se lleve a cabo en ambientes bien ventilados, con la amplitud suficiente para mantener la distancia social y con disponibilidad de servicios básicos (agua potable y sanitarios) para adoptar prácticas de higiene como el lavado constante de manos. Desafortunadamente, como mostramos a continuación, muchas de las escuelas de la región padecen carencias en infraestructura básica, particularmente aquellas que sirven a los niños y jóvenes de las familias más pobres.
Usando datos del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) calculamos la fracción de escuelas primarias en cada país que tiene acceso tanto a servicios de agua potable como a sanitarios en buen estado. En específico, nos enfocamos en los colegios a los que acuden los alumnos de sexto grado de estatus socioeconómico más alto (bajo) en cada país. En el panel A del Gráfico 1 se observa que, en casi todos los casos, los alumnos de estatus socioeconómico más alto acuden a colegios que tienen acceso a agua potable y cuentan con sanitarios en buen estado. Por el contrario, apenas la mitad de los alumnos de estatus socioeconómico más bajo acuden a escuelas con acceso a ambos servicios. En países como Argentina, Colombia, México, Panamá y Perú menos de la mitad de los colegios que atienden a los estudiantes más pobres cuentan con esta infraestructura básica. Es decir que los sistemas educativos refuerzan la brecha socioeconómica existente entre las familias con una brecha en la calidad de la infraestructura escolar básica.
Al analizar los niveles de acceso a agua potable y sanitarios en buen estado por separado para las escuelas a las que acuden los estudiantes de estatus socioeconómico más bajo (panel B), se observa que, en promedio, el acceso a agua potable (67%) es ligeramente mayor que el de sanitarios en buen estado (60%), aunque en la mayor parte de los países la disponibilidad de estos servicios es similar.
Un factor importante para mantener la distancia social en la instrucción presencial es el espacio disponible para cada alumno en el aula. Un estudio realizado en 11 países de América Latina y el Caribe estima que el promedio a nivel nacional de metros cuadrados disponibles por alumno en el aula se ubica entre 1,5 (en Argentina, Chile y Guatemala) y 1,8 (en Barbados y Colombia). Para mantener la distancia social, la OMS recomienda que los asientos de los alumnos se encuentren separados con una distancia mínima de 1 metro a los cuatro lados, lo cual requiere un aula con una superficie de 2,5 metros cuadros por alumno. De acuerdo estimaciones del BID esto implicaría reducir el número de alumnos entre 20% y 40%, según el país. La experiencia de algunos países puede ayudar a pensar en estrategias alternativas, como por ejemplo abrir de manera escalonada o aumentar la cantidad de actividades al aire libre.
A la par de concretar el retorno a las aulas, las autoridades educativas deben preparar estrategias para recuperar los aprendizajes perdidos, sobre todo entre los niños y jóvenes más vulnerables, que serán los más afectados por la pandemia. En estos esfuerzos, la tecnología puede jugar un rol muy importante, pues hay evidencia positiva sobre su efectividad para complementar la labor de los docentes en el aula de clases. En los datos de TERCE también podemos analizar qué tan preparados se encuentran los colegios de la región para implementar soluciones tecnológicas para la recuperación de aprendizajes.
Para adoptar tecnologías educativas en línea los colegios necesitan tener computadoras y conexión a internet. Como se muestra en el panel A del Gráfico 1, hay también una gran desigualdad en el acceso a estas tecnologías: mientras que, en promedio, el 85% los estudiantes de estatus socioeconómico más alto tienen acceso en el colegio a al menos una computadora con acceso a internet, esta cifra es de apenas 32% para los estudiantes de estatus socioeconómico más bajo. Si bien, hay mucha heterogeneidad entre países, pues mientras que en Brasil, Chile, Colombia y Uruguay al menos tres de cada cuatro colegios del quintil más bajo tienen un mínimo de recursos tecnológicos, la realidad es muy diferente en el resto de los países.
Aunque es deseable tener conexión a internet, también existen alternativas educativas que pueden ser usadas fuera de línea, como los paquetes precargados en las computadoras. En el panel B del Gráfico 2 vemos el porcentaje de colegios a los que acuden los estudiantes de estatus socioeconómico más bajo que tienen al menos una computadora (con o sin conexión a internet) y al menos una computadora con conexión. Efectivamente, observamos que las alternativas offline son viables para algunos colegios que, si bien no cuentan con internet, sí tienen computadoras para el uso de los estudiantes. Este es el caso, en promedio, de 54% de las escuelas de los estratos más pobres. La disponibilidad de computadoras sin conectividad es más prevalente en países como Argentina, República Dominica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú. Lamentablemente, en la mayoría de los países el acceso de los colegios más pobres a estas tecnologías sigue siendo muy bajo (por ejemplo, en México y Paraguay tres de cada cuatro escuelas no tienen una computadora para uso de los estudiantes).
Alargar el cierre de colegios tiene implicaciones graves tanto para los aprendizajes de esta generación de estudiantes, como para su futura productividad y oportunidades en el mercado laboral; y por ende para el crecimiento de los países. La pandemia COVID-19 puede ser vista como un llamado urgente a atender un déficit histórico en infraestructura escolar en la región, particularmente en las escuelas que atienden a los niños y jóvenes es situación más vulnerable. Un paso en la dirección correcta es una respuesta de política que priorice a las escuelas que atienden a estos niños y jóvenes, de manera que los sistemas educativos compensen y no refuercen las brechas socioeconómicas existentes en las familias.