Nelson Larrea
Ejecutivo Principal de la Dirección de Programación de Sector Privado
En diciembre del 2019 se lanzó el Pacto Verde Europeo, con la ambición de la UE de ser el primer continente climáticamente neutral al 2050. Se basa en 7 pilares, cada uno con una estrategia para su implementación: energía limpia, industria sostenible con énfasis en economía circular, reconstruir y renovar edificaciones, movilidad sostenible, biodiversidad, “del Campo a la Mesa” y eliminar la contaminación. Toda la estrategia reposa en una serie de metas y compromisos, incluyendo los presupuestales por 1.000 MM de Euros, como soporte a una transición hacia la sostenibilidad en la próxima década.
La Estrategia del Campo a la Mesa (o F2F por Farm to Fork) fue emitida en mayo 2020 junto con la Estrategia Biodiversidad en el Horizonte 2030, incorporando ya el escenario COVID. La UE asignará el 40% de los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) para las acciones de F2F, por la vinculación de la alimentación con la salud de las personas, las sociedades y el planeta. Por lo tanto, se tienen metas claras para la reducción del uso de pesticidas y antibióticos, impulsar la agricultura sostenible, promover el consumo de proteínas de origen vegetal y que cada uno de los eslabones de la cadena sea más sostenible. Considerando que no todos los eslabones de estos encadenamientos están dentro de la UE, la Estrategia señala que promoverá “Alianzas Verdes” a través de cooperación técnica y su política comercial para estimular una transición global. Esto tiene importantes implicancias para los agronegocios latinoamericanos.
Aspectos obligatorios y vinculantes, como los límites máximos de residuos de pesticidas tendrán una mayor exigencia y entrarían en las listas de prohibición una serie de agroquímicos nitrogenados y fosforados, así como antibióticos que tradicionalmente son utilizados para asegurar la sanidad vegetal y animal, manteniendo su productividad. Al no tenerse un reemplazo inmediato para estos elementos, representantes sectoriales – tanto en la UE como fuera de ella – indican que verán seriamente afectada su rentabilidad y acceso al mercado. En la UE se apoyará con recursos importantes de investigación, desarrollo y transferencia tecnológica para facilitar el tránsito hacia modelos de producción sostenibles.
Indudablemente, los productores latinoamericanos requieren también un soporte técnico y financiero para facilitar el mismo proceso. Considérese por ejemplo que casi un tercio de la superficie cultivable de Sudamérica está cubierto por soya, que utiliza agroquímicos bajo la mira de la UE actualmente. De igual manera muchos otros rubros agrícolas y ganaderos, en los que se alentará la protección de cultivos mediante manejo integrado de plagas – control biológico y otras prácticas. Para monitorear la reducción de uso de pesticidas, se ha establecido un Índice Armonizado de Riesgos, ya que ya tiene 5 años evaluando el cambio en la UE.
Otros aspectos clave tienen que ver con el cambio tecnológico y de prácticas para reducir la contribución de las cadenas agroalimentarias en cuanto gases efecto invernadero y la deforestación desde la base productiva – incluyendo las importaciones. Se plantea incentivar modelos basados en Agricultura Regenerativa, Economía Circular y Bioeconomía. Por su parte, la Comisión responsable de la Estrategia F2F desarrollará un Código de Conducta para Prácticas de Negocios y Mercadeo, con un sistema de monitoreo permanente.
Como se ha visto con mayor claridad durante la pandemia, Latinoamérica aún tiene rezagos importantes en sus sistemas de salud integral, gestión de la calidad e inocuidad y mercadeo adecuado de sus alimentos, con diferencias entre países por supuesto. Los sistemas de vigilancia y control sanitario para exportaciones han mejorado en países con una canasta exportadora importante, pero se han descuidado los internos, por lo que adecuarse a estándares más elevados para cumplir con normas internacionales obliga a los países a armonizar sus normas y sistemas, beneficiando a la larga también a su propia población.
Buena parte de los recursos de cooperación EU-ALC y de los gobiernos nacionales debieran aplicarse al fortalecimiento de lo que se denomina la “infraestructura de calidad” (metrología, normalización, acreditación y evaluación de la conformidad). De igual manera, con el desarrollo de capacidades del sector privado, tanto para estos aspectos, como para avanzar decididamente hacia modelos de producción más sostenibles.
Ya en el ámbito de la nutrición y salud, la Estrategia puntualiza que un 50% de la población europea tiene sobrepeso y un 16% obesidad – factor de riesgo frente al COVID - cobrando importancia el alentar dietas saludables, haciendo que éstas sean las alternativas más accesibles y atractivas. Esto es sin duda una oportunidad para los “Superfoods” latinoamericanos, que ya durante la pandemia han mostrado un importante repunte en su consumo, y vienen en muchos casos de modelos de producción orgánica o con otros enfoques de sostenibilidad – entre ellos diversos frutales que la UE importa en grandes volúmenes. Finalmente, la digitalización de los sectores productivos en este contexto aparece para ALC como una de las urgencias tanto para el ámbito de soporte público, como para el privado, ya que sistemas como el Blockchain, entre otros que CAF viene alentando, facilitarán la trazabilidad de las cadenas agroalimentarias y su consecuente acceso al mercado.
