Menos corrupción en las contrataciones y compras públicas gracias a los datos abiertos

Por Camilo Cetina y Lorena López Barrera.

La contratación y compra pública son componentes cruciales en la prestación de servicios públicos, el buen gobierno y una economía sostenible. La OECD estima que los gobiernos de todo el mundo gastan aproximadamente entre el 12% y el 20% de PIB a través de los sistemas de contratación pública. En América Latina esa cifra ronda el 30% anual del presupuesto nacional de los países. En ese sentido, es fundamental hacer más abiertos y transparentes estos sistemas para lograr resultados concretos en la entrega de bienes púbicos y para construir instituciones eficaces.

En ese sentido los conjuntos de datos abiertos, transparentes y útiles en compras públicas son una piedra angular de la contratación abierta. Hoy en día la generación de datos y herramientas para su uso y reúso facilita la toma de decisiones con base en evidencia: la posibilidad de acceder y reutilizar libremente los datos de compra pública permite a gobiernos y a mercados informarse sobre las condiciones de abastecimiento y a hacer un uso eficiente de los recursos de Estado. Sin embargo, en América Latina la apertura de datos específicamente en lo que refiere a las contrataciones sigue siendo un desafío pendiente debido a que hay países con grandes avances en materia de apertura de datos de compras como Chile y otros que aún están en el proceso de abrirlos como Panamá.

Con el fin de aportar evidencia y construir una línea de base sobre la posibilidad de reutilizar los datos en materia de contrataciones públicas, CAF, banco de desarrollo de América Latina y la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (a través de la OEA en su calidad de Secretaria Técnica de la RICG) desarrollaron un diagnóstico sobre la calidad, estructura y reusabilidad de los datos producidos por el sistema de compra y contratación pública en Colombia, Ecuador, Panamá y Paraguay. El análisis también exploró las oportunidades que dichos datos ofrecen en su estado actual para implementar metodologías como analítica predictiva, y el aprendizaje de máquinas para identificar y mitigar riesgos de corrupción.

Se tomaron alrededor de 7 millones de registros, desde 2016 y hasta la primera mitad de 2020, provenientes de los portales de compra pública de los cuatro países. Con esta información, primero se hizo un proceso de verificación y aplicación de pruebas de calidad y reusabilidad, es decir, se analizó que tan buenos eran los datos para explicar el comportamiento del mercado de compras públicas de esos países y que tan útiles son esos datos para usarlos con fines adicionales a los de registrar los movimientos de compra. Esta captura de la realidad del mercado permite responder inquietudes como ¿Cuáles son los bienes, obras y servicios demandados por el estado?; ¿Cuáles son los procesos y procedimientos que se surten para la compra o la contratación?; ¿Cómo se selecciona el proveedor o contratista y cuáles son los criterios tenidos en cuenta?; y, ¿Cómo se gestionan los contratos? Adicionalmente, el estudio verificó si estos sistemas de compras públicas aplican estándares internacionales para el registro de transacciones como los clasificadores de bienes y servicios de Naciones Unidas (UNSPCC) o si implementan el estándar de contrataciones abiertas y los lineamientos para la apertura de los datos de los sistemas de compra y contratación pública para los países miembros de la RICG (Asamblea OEA, 2018).

Un hallazgo sorprendente fue el potencial que tienen los datos de estos cuatro países para ser reutilizados a través de metodologías que valoren riesgos de corrupción o ineficiencias en las operaciones. Esto se hizo a través de tres pasos: Primero, se examinaron algunas metodologías de cálculo de riesgos de corrupción; segundo, se identificaron que los datos que deben incorporarse para aplicar tales metodologías y su disponibilidad en los sistemas estudiados; y finalmente, se propusieron unos indicadores que pueden ser calculados en los cuatro países objeto del diagnóstico. Como resultado, en Colombia y Paraguay es posible aplicar metodologías de cálculo de riesgos de corrupción; y, en Ecuador y Panamá con sólo incorporar algunos campos adicionales se podrían aplicar tales metodologías. En general, el diagnóstico mostró que los conjuntos de datos de estos cuatro países guardan un gran potencial de reutilización y construcción de algoritmos que generen alertas de riesgos de corrupción.

El trabajo de CAF y la RICG permite proponer una hoja de ruta para mejorar aún más los datos disponibles en materia de compra pública y así incrementar su potencial y su valor de reutilización. En ese sentido es importante que los países avancen en los siguientes aspectos:

• Publicar al menos un conjunto mínimo de variables esenciales en los identificadores de las organizaciones que puedan ser vinculados a registros externos, como los registros públicos de las empresas. Es importante que los gobiernos establezcan el vínculo entre los datos de contratación pública y los conjuntos de datos relacionados que describen el comportamiento y el desempeño de las firmas con las que contratan.
• Fortalecer el trabajo en materia de calidad y depuración de los datos. La información faltante, incompleta o errónea es uno de los problemas fundamentales en los sistemas de datos de contratación pública. Para garantizar que todos los campos de datos obligatorios se llenen con información veraz, los gobiernos podrían introducir mecanismos de control centralizados e incluso sanciones por incumplimiento en la debida diligencia del registro de información. Otra opción para producir la calidad de datos deseada sería enviar preguntas aclaratorias automáticas a los organismos públicos que diligencian la información hasta que se resuelvan toda la información faltante y las inconsistencias.
• Los gobiernos deben reducir la carga burocrática vinculando los sistemas de publicación de la compra pública con los sistemas de gestión de licitaciones, con los de administración de los contratos y con los sistemas de pagos y tesorería. Si los conjuntos de datos administrativos están vinculados, la información oficialmente verificada (y supuestamente correcta) debe agregarse automáticamente a los registros de contratación pública para reducir la carga administrativa de los administradores y minimizar el riesgo de entrada de datos erróneos.

Para conocer más detalles de este diagnóstico y las recomendaciones propuestas, te invitamos a descargarlo aquí