Infraestructuras digitales para reactivar a América Latina
En las últimas décadas la digitalización ha inundado prácticamente a todas las industrias y sectores económicos, pero no todos los países la han usado de la misma manera. De hecho, los diferentes ritmos de digitalización amenazan con agrandar las brechas de desarrollo, entre las que destacan las relacionadas con las infraestructuras.
En América Latina se han producido muchos avances respecto a la cobertura, calidad y accesibilidad para los usuarios, aunque de manera heterogénea: Chile, Costa Rica y Brasil se encuentran entre los más avanzados, mientras Bolivia y Paraguay tienen los mayores rezagos, según el Índice de Ecosistema Digital de CAF. De todas formas, la evolución de desarrollos tecnológicos más recientes como 5G, big data o interconexión de aparatos ha venido más rezagada en toda la región.
Esta realidad evidencia una oportunidad para América Latina: la digitalización de las infraestructuras puede suponer un atajo para cerrar las brechas de desarrollo. O visto desde la otra óptica, pueden representar un rezago socioeconómico que la región no se puede permitir.
Opciones concretas se encuentran en el sector eléctrico y en el de transporte urbano, justamente los analizados en un informe de CAF (IDEAL). En el primer caso, se van produciendo avances, por ejemplo, con la ampliación del parque de vehículos eléctricos y, en particular, del transporte eléctrico, la generación a pequeña escala por parte de usuarios finales y el desarrollo de baterías que permiten almacenar electricidad. A medida que se implementan sistemas de medición avanzada, se automatizan componentes de la red y se incorporan dispositivos inteligentes, la red eléctrica tradicional se va transformado en una red eléctrica inteligente.
Estos desarrollos aportan múltiples beneficios al sector, en cuanto a la confiabilidad, seguridad, ahorros y eficiencia del sistema eléctrico, y al potencial para la administración de activos de la red, la integración del sistema con fuentes de energías renovables y la comunicación en tiempo real entre consumidores y empresas. Pero el avance en la región es muy incipiente. Por ejemplo, según el IDEAL, en 2018 la penetración de medidores inteligentes era de 3,2% en América Latina frente a niveles de 56,6% en Estados Unidos, 32,5% en Australia y 33,8 % en Europa. El almacenamiento distribuido y la gestión de la demanda son aún más incipientes.
En cuanto al transporte urbano, los avances digitales se han ido produciendo en un marco de movilidad sostenible, desafiados por el constante crecimiento y urbanización de las ciudades, que afectan la congestión en las vías y varias dimensiones del transporte de personas, como son la cobertura, los tiempos y las distancias de viajes. Se destacan tecnologías que fomentan la utilización del transporte público o de caminatas (en este caso, con efectos adicionales sobre la salud y la calidad de vida), un mayor uso del servicio de transporte individual o compartido, la optimización de viajes y la micro-movilidad, en muchos casos traccionados por los desarrollos digitales. Por su parte, los sistemas de georreferenciación y de especificación general de alimentación del transporte público (o GTFS, por sus siglas en inglés) contribuyen a la planificación del transporte masivo por parte de las autoridades locales.
Todos estos cambios están influyendo en la organización integral del servicio de transporte. Las ciudades de la región se encuentran en distintas etapas de integración de modos de transporte y unificación de sistemas de pago. Estos avances son los primeros pasos en la evolución hacia esquemas de oferta conjunta de múltiples medios de transporte públicos y privados, posibilitada por la integración a nivel físico, tarifario y digital. Los casos de mayor aplicación en países desarrollados son la “Movilidad como Servicio”, basada en planes de suscripción para acceder a los múltiples medios de transporte, y la “Movilidad bajo Demanda”, que integra el transporte de pasajeros y mercancías, reconociendo que los servicios de mensajería reducen la necesidad de viajar. Por ejemplo, la premisa de este último esquema ganó relevancia a partir de la situación de pandemia causada por el COVID-19, en la forma de distribución capilar asociada a un comercio electrónico que ha aumentado tanto en su magnitud como en el espectro de bienes y servicios atendidos por este canal.
El avance de la digitalización en la economía introduce nuevos riesgos y desafíos para las distintas autoridades y actores sectoriales. Muchos de ellos requieren de un tratamiento coordinado con intervenciones específicas, como realizar grandes inversiones de infraestructura de TICs, o introducir regulaciones que determinen los incentivos, definan los roles y los derechos de propiedad de los distintos agentes. Finalmente, las políticas sociales deben focalizarse en usuarios afectados negativamente por la digitalización, como puede ocurrir a partir de identificación de conexiones irregulares en electricidad o de la falta de adopción digital por grupos de usuarios en movilidad urbana.
