¿Puede la digitalización del Estado ayudarnos en la lucha contra la corrupción?

Al uso indebido de recursos públicos para el beneficio privado se le conoce como corrupción y es uno de los principales obstáculos al desarrollo. Los países menos corruptos suelen tener niveles altos de ingreso, lo que sugiere que la corrupción puede contenerse una vez que los países se desarrollan. Sin embargo, ¿qué pueden hacer los gobiernos en el corto y mediano plazo? ¿Quedarse de brazos cruzados esperando a que sus países se desarrollen?

Naturalmente, esperar pacientemente a que el problema se resuelva no parece ser una solución. En ese contexto, urge pensar en estrategias factibles que incrementen la transparencia y contengan la corrupción. La digitalización del estado, por medio de la cual los gobiernos hacen uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para prestar sus servicios, promete ser una de estas estrategias.

De hecho, como lo muestra la Figura 1, existe una asociación clara entre digitalización y control de la corrupción. En primer lugar, relacionamos el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional y el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas. Países con mayores niveles de desarrollo de gobierno electrónico suelen exhibir menores niveles de corrupción, tanto a nivel mundial (Panel A), como a nivel latinoamericano (Panel B). El resultado es el mismo si en lugar de la percepción de la corrupción utilizamos el auto-reporte de pago de sobornos para acceder a servicios públicos (Panel C) medido por Transparencia Internacional. En este caso, países con mayores niveles de gobierno electrónico exhiben menores porcentajes de ciudadanos que reportan haber pagado sobornos.

La medida de digitalización utilizada en estas tres gráficas, el Índice de Desarrollo de Gobierno Electrónico, cuantifica de una manera amplia el nivel de gobierno electrónico, pues incluye dimensiones como el alcance y la calidad de los servicios en línea, el estado de la infraestructura en telecomunicaciones y el nivel de capacidad humana. Si en su lugar usamos el Barómetro de Datos Abiertos para América Latina de ILDA (Panel D), los resultados son un poco menos claros. Este indicador -con un enfoque más específico en el grado de preparación, implementación e impacto de los datos abiertos-, muestra una correlación menos fuerte con el nivel de corrupción.

Varias preguntas emergen de este análisis descriptivo. En primer lugar, si bien existe una correlación positiva entre digitalización y transparencia, no sabemos cuánto de dicha asociación es causal. Es decir, queda por determinar cuánto de la diferencia en el nivel de corrupción entre países es directamente atribuible a la digitalización del Estado. Un número importante de variables observables e inobservables, como por ejemplo el nivel de riqueza por habitante de los países, podría estar explicando esta asociación. Sabemos que países más ricos suelen tener mayores niveles de control de la corrupción y mayor nivel de digitalización.

En segundo lugar, los datos sugieren que el gobierno electrónico, en un sentido amplio e integral, es más predictivo de los niveles de corrupción que las iniciativas de datos abiertos en específico. Una interpretación de esto es que los datos abiertos no son suficientes para contener un fenómeno tan complejo, al menos en América Latina, y que es necesaria una digitalización más profunda que, entre otras cosas, incluya la prestación de servicios públicos de manera digital. De todos modos, hacen falta análisis causales detallados para desentrañar con claridad qué elementos de la digitalización tienen impacto directo sobre la corrupción.

Figura 1: Digitalización y Corrupción

Fuente: Elaboración propia

Por último, es fundamental entender cuáles son los canales o mecanismos a través de los cuales la digitalización impacta la corrupción y permite contenerla. Al respecto, resulta clave investigar sobre los efectos de la digitalización sobre diferentes tareas del Estado, incluyendo la administración tributaria, la gestión fiscal, la compra pública, la administración aduanera, los trámites gubernamentales, entre otros. Un claro entendimiento del impacto del gobierno digital en cada una de estas esferas contribuirá a la implementación de estrategias de corto y mediano plazo que ayuden a controlar la corrupción en nuestros países.

Es en este contexto que la Dirección de Innovación Digital del Estado (DIDE) de la Vicepresidencia de Conocimiento de CAF, banco de desarrollo de América Latina, vienen adelantando un informe que busca documentar no sólo la evidencia cuantitativa existente para América Latina sobre los impactos de la transformación digital en la prevención, detección, investigación y sanción de la corrupción; sino las herramientas de política pública que hacen posible habilitar las tecnologías digitales como dispositivo de integridad pública. Todo esto es fundamental para que los gobiernos cuenten con estrategias efectivas en el corto y mediano plazo para contener la corrupción en nuestros países.