Camilo Cetina
Ejecutivo principal de la Dirección Transformación Digital, CAF
* Este artículo está escrito por Oscar Hernández y Camilo Cetina.
El hermetismo en las negociaciones entre los gobiernos y la industria farmacéutica alrededor de los contratos de suministro de las vacunas contra el COVID-19 y la importancia estratégica de las vacunas para la recuperación, han abierto una controversia en América Latina. De acuerdo con la ONG peruana Ojo Público, al menos 13 países de América Latina cambiaron sus leyes para comprar la vacuna entre septiembre del 2020 y febrero del 2021 con el fin de garantizar indemnidad económica y confidencialidad a las farmacéuticas que producen las vacunas.
La controversia sobre el secretismo en los contratos de compra pública de las vacunas llegó a la Rama Judicial en Colombia. El pasado 10 de agosto el Consejo de Estado declaró improcedente una demanda interpuesta por empresas farmacéuticas para evitar que se publicara información sobre los contratos de compra de las vacunas contra el COVID-19. Adjunto a la sentencia se publicaron los mencionados contratos, según algunas fuentes “por error”. De acuerdo con el gobierno de Colombia, la divulgación de los contratos pone en riesgo el suministro de vacunas por violar los acuerdos de confidencialidad.
Contrario a las especulaciones, la transparencia en la compra pública de las vacunas es un mínimo necesario para asegurar la efectividad del plan de vacunación. En particular, los datos abiertos en relación con dichas compras permitirían mejorar la planificación, la implementación, el monitoreo y la estructuración de los costos en los Planes Nacionales de Vacunación.
En primer lugar, no es cierto que la publicación de información relacionada con los contratos ponga en riesgo el plan de vacunación o atente contra el secreto comercial. Por el contrario, el secretismo alimenta conductas oligopólicas que limitan el acceso a las vacunas y limitan el escrutinio público sobre el gasto gubernamental. La evidencia en este aspecto es notoria: los precios y condiciones de abastecimiento de las vacunas para el COVID no son un secreto en lugares como Estados Unidos, Australia y la Unión Europea. El desarrollo y la adquisición de las vacunas han sido financiadas en la mayoría de los casos con dinero de los contribuyentes. Pocos proveedores dominan un mercado que, de acuerdo con algunos estimativos, supera los 9 mil millones de dólares que provienen de compras públicas, por lo que es importante para los contribuyentes conocer las condiciones de suministro del modo más transparente posible.
Por ello en varios países se ha hecho pública esta información: justamente a principios de Agosto se reportó un alza de precios de las vacunas pagados por la Unión Europea; por otro lado, UNICEF publicó un dashboard sobre los precios que se están pagando por las vacunas. Es de interés público conocer si los precios pagados son competitivos, si se está cumpliendo con los cronogramas de entrega de las vacunas, y cuáles son los controles que existen para evitar el pago de sobreprecios.
En segundo lugar, la pandemia no terminará con la vacunación masiva. La proliferación de nuevas cepas del COVID-19 sugiere que nuevas adquisiciones de vacunas serán necesarias en meses y años venideros. En ese sentido, la transparencia, los datos abiertos y la rendición de cuentas no son temas estéticos en la gestión de la pandemia. Sin esos elementos, la adquisición y distribución de las vacunas serán más vulnerables a la corrupción y al abuso de poder. Países como Brasil ya han enfrentado graves acusaciones de soborno por estos contratos. A nivel global, las compras de emergencia, realizadas con mecanismos de supervisión reducidos, han sido más vulnerables al abuso, desvío de dinero y la corrupción. Un mecanismo fundamental para identificar casos de corrupción o anticiparse a esos riesgos es, justamente, verificando qué precio se paga y en qué condiciones de entrega y calidad por el bien o servicio que se compra.
Adicionalmente, si se abre la posibilidad para que el sector privado, gobiernos subnacionales o entidades multilaterales puedan adquirir vacunas, la efectividad de esta medida se mejora si todos esos sectores pueden acceder a la misma información y a los mismos datos para decidir cómo asignar sus escasos recursos, así como estructurar eficientemente los contratos de suministro en condiciones competitivas para todo el mercado.
Una tercera razón para abogar por mayor apertura en las contrataciones es recuperar la confianza ciudadana en la acción del Estado en relación al combate de la pandemia. El secretismo podría impactar negativamente en las percepciones del público en las capacidades de los gobiernos para llevar a cabo estas tareas y por lo tanto en la eficacia del plan de vacunación. La ciudadanía tiene preocupaciones legítimas frente a la estrategia de vacunación. Muchos quieren entender qué vacunas se están comprando, qué garantías existen para saber que son seguras, cómo y cuándo se distribuirá cada marca y si se cuenta con canales de distribución confiables y efectivos. Toda esta información se organiza y se hace pública en la estructuración de compras públicas bajo exigentes estándares de apertura y eficiencia.
Al ejecutar gasto público, la opacidad es siempre receta para el fracaso. Países como Colombia, Chile y Paraguay han hecho avances importantes en materia de transparencia para la contratación pública. La apertura de datos y la retroalimentación ciudadana ha permitido mejorar la competitividad de los procesos, evitar riesgos de corrupción y mejorar los resultados de servicios críticos como las obras públicas . Gracias a la analítica de datos, organismos de control como la Procuraduría de Colombia así como las Contralorías de Colombia y Brasil han podido detectar oportunamente redes de corrupción. No vale la pena esperar a que la recurrente compra pública de vacunas que le espera nuestros gobiernos, se convierta en otro objetivo de las redes de corrupción para reconocer la importancia de la transparencia y los datos abiertos en la gestión de la crisis del COVID-19.
(*) Oscar Hernández es el Gerente Regional Open Contracting Partnership (OCP) en América Latina. Desde esta posición, trabaja con equipos de gobiernos, sociedad civil, periodistas y academia de la región para mejorar la calidad de servicios públicos a través de estrategias de contratación abierta.. Antes de unirse a OCP fue Asociado de Innovación del Government Performance Lab de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, donde lideró proyectos de contratación por resultados con ciudades de Estados Unidos. También ha trabajado con el Ministerio de Defensa de Colombia y el Poverty Action Lab (J-PAL) de MIT. Oscar cuenta con una Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Princeton (EEUU). Es economista y filósofo de la Universidad de los Andes (Colombia).
