¿Cómo fortalecer a los Estados para prevenir la violencia contra mujeres y niñas?
En América Latina y el Caribe (ALC), la inseguridad y la violencia se han posicionado como dos de los principales problemas y preocupaciones que aquejan a la sociedad y a grupos vulnerables. La demanda social hacia los gobiernos y el funcionariado público se enfoca generalmente en la necesidad de prevenir, atender y buscar soluciones a estos problemas que generan negativas consecuencias en la vida de la ciudadanía. En efecto, estudios realizados en la región, demuestran que la inseguridad y la violencia son problemas que demandan prioritaria atención de parte de los Estados, pues trascienden a la mera necesidad de impartir justicia como mecanismo de reparación social, ya que, sus consecuencias son obstáculos reales en el desarrollo sostenible de los países.
La violencia de género no constituye un tema menor en las estrategias de combate de la inseguridad y violencia social de los Estados, lo cual ha dado lugar a que ALC avance en el desarrollo de marcos regulatorios que buscan garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, puesto que sólo en el 2019 se registraron 4.640 casos de feminicidios; además que 14 países de la región presentan las tasas más altas de feminicidios, se estima que una de cada tres mujeres ha sufrido alguna forma de violencia y entre el 11% y el 25% de las mujeres entre 15 a 49 años han sido abusadas por sus parejas, considerándose esta situación, tal como lo afirma la CEPAL como “una pandemia en la sombra”.
La violencia, en todas sus expresiones, aparte de sus afectaciones en la salud de las mujeres, tiene su costo económico. De acuerdo al Centro de Consenso de Copenhagen, se estima que el costo de la violencia representa 11,16%, del Producto Interno Bruto (PIB) mundial; en términos de la violencia contra las mujeres, en la región el costo de los homicidios femeninos representan el 0.31% del PIB de ALC y el costo de la violencia por parte de la pareja alcanza el 8% del PIB regional.
La región aún tiene grandes desafíos para combatir este fenómeno que afecta considerablemente a las mujeres y a las familias, por ello es importante que la asignación de recursos venga acompañada del diseño y ejecución de políticas públicas integrales para prevenir y combatir la violencia, sustentadas en estudios y herramientas de conocimiento, herramientas tecnológicas de data e información estadística.
Considerando lo anterior, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y CAF -banco de desarrollo de América Latina han elaborado dos herramientas para el fortalecimiento de las capacidades de los Estados en materia de prevención, atención y reparación contra las mujeres y niñas:
- Marco de abordaje integral para la prevención, atención y reparación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
- Metodología de costeo de políticas públicas para el abordaje integral en los ejes de prevención, atención y reparación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
El marco de abordaje integral aporta insumos a las instancias competentes para el diseño e implementación de políticas contra violencia de género; brinda a las entidades de cooperación elementos que permitan identificar las posibilidades de apoyo y ofrece herramientas para generar políticas integrales y diseñar soluciones ante la problemática existente. Este marco, se sustenta en cinco matrices de análisis o de trabajo: (1) tipos de escenario político-institucional y políticas recomendadas; (2) contenidos de políticas de violencia contra las mujeres y las niñas; (3) componentes de articulaciones interinstitucionales y con la sociedad civil, (4) indicadores de impacto y de resultados y (5) contenidos básicos de capacitaciones al funcionariado que trabaja en políticas de violencia contra las mujeres y las niñas.
Dado el contexto actual, cuenta también con una breve sección que contiene propuestas de intervención para las víctimas de violencia en el marco de la pandemia de la COVID-19. Por último, no se dejó por fuera a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex y queer quienes también encaran las múltiples formas de violencia, y por ello, fueron tomados en cuenta dentro de los lineamientos, políticas que apuntan a brindarles una mejor calidad de vida, libre de violencia.
La segunda herramienta desarrolla una metodología para la estimación de los costos o la magnitud recursos financieros que un Estado requiere invertir para garantizar el ejercicio efectivo del derecho que tienen las mujeres y las niñas a vivir en un entorno libre de violencia.
Adicional a las herramientas, PNUD y CAF prepararon el documento de política “Desarrollo de capacidades institucionales para el abordaje de la violencia contra las mujeres y las niñas en América Latina”, el cual a través de tres casos de estudios (Argentina, Ecuador y Perú) proponen una serie de recomendaciones y buenas prácticas en materia de prevención atención y reparación de la violencia contra las mujeres y las niñas; asimismo, plantea que la ejecución efectiva de las políticas públicas en esta materia requiere un trabajo y esfuerzo conjunto por parte las instituciones gubernamentales y de la sociedad civil, pues son actores indispensables para abordar los problemas adecuadamente.
Por todo lo antes expuesto, CAF y el PNUD, conscientes de las necesidades existentes de la región de generar mejores políticas públicas, aportan estas herramientas destinadas a contribuir a los esfuerzos de los países en la consecución de la meta 5.2, “poner fin a la violencia contra las mujeres y su explotación” del Objetivo de Desarrollo Sostenible No. 5: “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”.
