Impacto del financiamiento público para pymes: ¿qué sabemos y qué nos queda por aprender?
Si bien las pymes en América Latina y la Unión Europea emplean una proporción similar de trabajadores formales, su productividad en nuestra región es menor; y esta baja productividad está correlacionada con una variedad de factores –como salarios pagados, inserción internacional y número de trabajadores-, resultando clave la promoción efectiva de acceso al financiamiento para impulsar el crecimiento de estas empresas (CAF, 2021).
Muchos países han implementado diversas políticas públicas de financiamiento productivo para mitigar las fallas de mercado que limitan el acceso al crédito de las pymes, incluyendo programas de financiamiento directo, programas de desarrollo de proveedores, programas de apoyo a la innovación, programas de subsidios de tasas y facilidades de garantías. Los programas no solo difieren en cuanto al tipo de financiamiento, sino también en su focalización, el monto del financiamiento y el organismo que los gestiona. Por esto, antes de diseñar y escalar una política de financiamiento a pymes, conviene conocer el impacto que distintos programas han tenido (o no) en distintos países de la región, así como las inquietudes para las que todavía no se tienen respuestas.
¿Qué sabemos del impacto de programas de financiamiento público a pymes en la región?
Resultados de evaluaciones de impacto de más de una docena de programas de financiamiento público dirigido a pymes en seis países de la región permiten identificar tres lecciones centrales. En primer lugar, este tipo de programas debería dirigirse a pymes con capacidades para usar los recursos de manera efectiva, pero con restricciones de crédito. De esta manera, se buscaría evitar que empresas sin mayores restricciones de acceso a financiamiento capten los recursos públicos con condiciones favorables en sustitución de otras fuentes de financiamiento disponibles. Lo anterior toma particular relevancia, cuando el financiamiento a pymes llega a jugar un rol catalítico para incentivar la movilización de recursos de otros mecanismos de financiamiento y puede contribuir al desarrollo del mercado de crédito privado, dado que las pymes beneficiarias pudieron acceder a créditos de otras fuentes en períodos subsiguientes. Vale decir: lograr focalizar la entrega de recursos representa un importante desafío en términos de identificación de las pymes con mayor potencial y limitado acceso a financiamiento.
En segundo lugar, el impacto de los programas de financiamiento público para pymes puede llegar a ser diferencial en función del tamaño y edad de las empresas, y del sector productivo en el que operan. Por ejemplo, hay evidencia de que los créditos subsidiados de Bancóldex en Colombia han tenido impacto positivo en los niveles de inversión de empresas pequeñas (de 50 trabajadores o menos), pero nulo en empresas de 200 o más trabajadores. A su vez, en Argentina, el Fondo Nacional de Desarrollo para Micro, Pequeña y Mediana Empresa (FONAPyME), el Régimen de Bonificación de Tasas (RBT) y las Sociedades de Garantías Recíproca (SGR) tuvieron efectos positivos sobre las exportaciones en empresas con 11 a 50 trabajadores, en empresas con 5 a 20 años de antigüedad y en empresas del sector industrial (16,6%); pero nulo en empresas de 50 o más trabajadores, en empresas jóvenes (5 años o menos) o antiguas (20 años o más), y en empresas del sector agropecuario.
En tercer y último lugar, el diseño y la gobernanza de las instituciones oferentes del financiamiento son clave para el funcionamiento de las intervenciones y, en línea con esto, también es importante tener presente los potenciales efectos no deseados de algunas de estas políticas. Por ejemplo, empresas podrían decidir no crecer en, por ejemplo, número de empleados o stock de capital para evitar perder el estatus de pymes y seguir teniendo acceso a financiamiento con condiciones preferenciales; o “los bancos pueden tener incentivos para asignar los clientes más riesgosos a los programas de garantías o reducir sus esfuerzos para seleccionar a los deudores más adecuados, relajar los criterios de préstamos y la supervisión, lo cual también puede reducir la tasa de repago”.
De manera suplementaria, la evidencia también sugiere la necesidad de impulsar otros servicios que puedan complementar el apoyo financiero. Si bien el estudio todavía no ha sido publicado, vale resaltar que una reciente evaluación del Programa Avanza -de la Fundación IDEAS- impulsada desde CAF mostró resultados prometedores: el programa, que incluye componentes de diagnóstico de prácticas gerenciales, asesorías personalizadas y gratuitas, fijación de metas y planes de trabajo, y talleres, se tradujo en una tasa de supervivencia de empresas de 10 empleados o más de 21 p.p. superior que la de las empresas similares del grupo de control. Los resultados mostraron que la tasa de supervivencia de empresas de menos de 10 empleados no se vio afectada.
¿Qué falta por aprender de los programas de financiamiento público a pymes en la región?
Resultaría relevante explorar los impactos sobre las empresas que no reciben financiamiento pero que pertenecen a las cadenas productivas de aquellas que sí lo reciben, pues al no considerarlos se pueden generar análisis sesgados e imprecisos sobre los efectos de los programas. Por su parte, hay poca literatura y evidencia sobre los impactos de los programas de garantías y valdría la pena entender mejor esos mecanismos.
Por último, no es una práctica habitual en las evaluaciones de las finanzas empresariales proporcionar información completa sobre los costos del programa, por lo que sigue siendo difícil estimar la rentabilidad. En tal sentido, convendría promover estudios de costo-efectividad de los distintos programas de financiamiento a pymes que se pudieran impulsar.
