La tecnología como habilitador de políticas de integridad: el caso de los Pandora Papers
Este blog está escrito por Camilo Cetina y Maffert Lizcano.
Tras una investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), alrededor de 12 millones de documentos que representaban unos 2,94 terabytes de datos con información sobre la movilización de activos de las personas más ricas del planeta, se hicieron públicos. Entre estas personas se encuentran más de 330 políticos de al menos 90 países. En este estudio también se revelaron complejas redes que movilizan dinero, en varios casos de origen presuntamente ilícito, alrededor del mundo. Los Pandora Papers -como se les conoce- es hasta ahora el análisis más grande que haya organizado el ICIJ y de mayor impacto mundial, después de los Archivos FinCen (2020), los Paradise Papers (2017), y los Panamá Papers (2016).
En América Latina, los Pandora Papers expusieron actividades financieras de casi 100 funcionarios públicos de unos 18 países, las cuales estarían relacionadas con negocios y transacciones financieras en jurisdicciones diferentes a su país de origen. De 35 presidentes en ejercicio, o expresidentes, 14 pertenecen a la región. La revelación de esos nombres ha generado un cisma político.
Gran parte de los archivos muestra el uso sistemático de compañías offshore para ocultar activos y para eludir el pago de impuestos en transacciones como la realización de inversiones, la compra-venta de propiedades y el control de vehículos corporativos. El concepto offshore hace referencia a sociedades que tienen su sede en el extranjero o en cualquier país diferente al de sus dueños. Países como las Islas Caimán, Singapur o Suiza, son reconocidos por tener centros financieros offshore, o “paraísos fiscales”. En estos territorios es fácil crear empresas, los impuestos a las sociedades son bajos y las leyes dificultan la identificación de los propietarios. Ese secretismo permite fácilmente la creación de esquemas de lavado de dinero.
Los Pandora Papers también evidenciaron el uso de empresas fantasma domiciliadas en paraísos fiscales para ocultar activos y transacciones. Este tipo de compañías se registran ante las instituciones competentes, pero al examinar la realidad económica, financiera y administrativa, no se evidencian operaciones propias y constituyen fachadas corporativas con la única finalidad de defraudar o evadir la ley.
La investigación contó con la ayuda del uso de herramientas de Inteligencia Artificial y plataformas de lenguaje de programación. De este modo fue posible analizar la información contenida en 12 millones de documentos, 4.1 millones de imágenes y correos electrónicos, 4 mil páginas y 2,94 terabytes de datos. Analizar y entender la información contenida en los archivos descubiertos exigió el uso de programas como Python, un lenguaje de programación de alto nivel que se utiliza para analizar conjuntos de datos extensos. Python es una pieza clave para las tecnologías de Big Data, ciencia de datos, machine learning o Inteligencia Artificial.
Según el ICIJ, una vez recolectada la información se procedió a agruparla en cuatro conjuntos de datos. El primero, incluía a quienes recurrieron al concepto offshore para lavar dinero proveniente de actos de corrupción u otras actividades ilegales. El segundo se conformó con aquellas personas cuyas operaciones estaban declaradas, pero tenían antecedentes penales, o bien son personas de interés público, o personas políticamente expuestas. El tercero agrupaba posibles casos de evasión, y el cuarto grupo contenía información de ciudadanos anónimos cuyas actividades no se consideran riesgosas.
Los Pandora Papers revelaron el considerable potencial que tienen las tecnologías digitales en materia de integridad pública. El uso de plataformas para procesar grandes cantidades de datos en intervalos de tiempo que superan las capacidades de los humanos permite a los actores del ecosistema de integridad y lucha contra la corrupción proceder con mayor eficiencia y eficacia. En consecuencia, se motiva a los gobiernos a comprender la necesidad de incorporar este tipo de tecnología dentro de sus actividades, aumentando la capacidad de prevención y manejo de riesgos de corrupción.
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) el uso de paraísos fiscales cuesta a los gobiernos del mundo hasta USD $600.000 millones en impuestos perdidos cada año. Con la ayuda de la tecnología los gobiernos podrían implementar herramientas que permitan rastrear estos recursos e intentar limitar la cantidad de dinero que se pierde bajo estas modalidades.
El uso de las tecnologías digitales permite también a los gobiernos anticiparse y prevenir fenómenos asociados a la corrupción y la evasión de impuestos, gracias a técnicas como la analítica predictiva y la valoración exante de riesgos en materia de gasto público o de recaudo tributario. El caso Pandora Papers también pone de relieve que el uso de las tecnologías digitales democratiza y descentraliza la lucha contra la corrupción y contra otras conductas ligadas al lavado de activos, porque permite que más actores se involucren y hagan seguimiento de los recursos públicos. Lo cual es una invitación para profundizar el acceso a la información pública y la adopción de políticas de datos abiertos. También invita a repensar las regulaciones en materia tributaria cuya coordinación se facilitaría gracias al uso de infraestructuras de datos, para lograr sistemas más progresivos y con menos excepcionalidades.
Prevenir este tipo conductas dependerá de la capacidad que tengan los gobiernos para reformar las regulaciones existentes y migrar la función estatal, fiscal y tributaría hacía el mundo de la tecnología de datos y acceso a la información pública y los datos abiertos.
