Anabella Abadi
Anabella Abadi es ejecutiva de la Dirección de Evaluación de Impacto y Aprendizaje de Políticas de CAF
Este artículo está escrito por Anabella Abadi en colaboración con Lucila Berniell y Gustavo Fajardo.
Tras casi dos años de pandemia, los países han venido adaptando las medidas de control de acuerdo a la evolución de la situación. Mientras el agotamiento socioeconómico ha llevado a la población a salir a la calle con mayor regularidad, los gobiernos han optado por sustituir paulatinamente las estrategias de confinamiento (como la exigencia de permanecer en casa y el cierre de escuelas) por la promoción de la vacunación y medidas no farmacológicas de responsabilidad personal (como el distanciamiento social, el uso de máscaras y el lavado regular de manos). Esta lenta, pero sostenida, entrada a la “nueva normalidad” se ha mantenido incluso tras la llegada de Ómicron a finales de 2021.
La variante de preocupación (VOC, por sus siglas en inglés) Ómicron es más contagiosa que las previas, lo que, sumado a menores medidas de confinamiento, se ha traducido en un mayor número de personas contagiadas. Sin embargo, en los países miembros de CAF se reporta una noticia alentadora: la tasa de letalidad del virus (entendida como la proporción de muertes entre el total de contagiados) está en los niveles más bajos de toda la pandemia (Gráfico 1).
Las menores tasas de letalidad obedecen a varios factores, incluyendo los mayores niveles de inmunidad (natural y por vacunación), el mejor entendimiento sobre el comportamiento del virus y sus modalidades de transmisión, y el mayor conocimiento sobre cómo tratar a pacientes con COVID-19 grave. Si bien no es trivial asumir cuál es la principal causa tras la caída en la letalidad, los datos sugieren que el aumento de la vacunación ha contribuido de manera sustantiva (Gráfico 2).
Sin embargo, queda camino por recorrer. El avance de la vacunación en los países de América Latina ha sido desigual y, para principios de 2022, cerca de 200 millones de habitantes no habían culminado sus esquemas de vacunación contra la COVID-19 (dos dosis para la mayoría de las vacunas). Asimismo, solo uno de cada tres vacunados con dosis completa habían recibido un refuerzo. Si bien Ómicron es menos letal, la enfermedad grave por COVID-19 sigue representando un riesgo importante para la población mayor de 75 años y los no vacunados. Incluso, estudios preliminares con datos de Israel parecen indicar que la vacunación, además de reducir el riesgo de enfermedad grave por COVID-19, también reduce el riesgo de COVID persistente. En particular, entre personas que tuvieron COVID-19 hace al menos un año, los completamente vacunados tuvieron menores probabilidades de reportar dolores de cabeza (54% menos), fatiga (64% menos) y dolor muscular (68% menos) que los no vacunados.
Por su parte, el fortalecimiento de los sistemas sanitarios y de seguimiento epidemiológico debe convertirse en una prioridad. Por una parte, la detección y atención temprana de rebrotes o nuevas variantes de COVID-19 será una tarea esencial hacia adelante. Toda esta experiencia ha dejado en claro lo dañinas que pueden ser las enfermedades contagiosas y, por tanto, el valor que tiene invertir en los sistemas de prevención y detección. Por otro lado, el fortalecimiento de los sistemas de salud es una deuda pendiente en la región, que se agudizó durante en los últimos dos años. En este sentido, el gran desafío sigue siendo el de garantizar la cobertura universal de salud, en particular reduciendo las brechas existentes entre los fragmentados sistemas de salud que conviven en la región y que marcan importantes desigualdades de acceso y calidad.
