Barbara Auricchio
Especialista de género de la Gerencia de Género, Diversidad e Inclusión, CAF
Este blog está escrito Barbara Auricchio, Ejecutiva Principal de CAF, y Gabriela Rivadeneira, Analista de Fortalecimiento e Inclusión Financiera de la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS) de Ecuador.
Frente a un promedio de casi 45% (42% hombres vs 48 % mujeres) de demanda financiera insatisfecha en la región de América Latina y el Caribe, las entidades financieras públicas y privadas de la región están paulatinamente diversificando y personalizando su oferta de valor para reducir las brechas sociales y de género en cuanto al acceso, uso y calidad de la oferta financiera y no financiera. En particular, para llegar al mercado de las mujeres todavía desatendido o subatendido, se están desarrollando ofertas de valor que además de tener en consideración la diversidad de las capacidades financieras, digitales y empresariales de las mujeres, incluyen una gama de productos y servicios financieros adaptados a los desafíos específicos de ellas, para mejor enfrentar situaciones de menor protección social, mayor pobreza de ingreso y de tiempo y, más en general, una mayor vulnerabilidad frente a situaciones de crisis social, económica, climática o pandémica como la que estamos viviendo el día de hoy con la COVID-19.
Aun frente a estos avances, cabe preguntarse si estas acciones son suficientes para garantizar un sistema financiero que sea sostenible y resiliente desde una perspectiva de género, y adicionalmente ¿qué faltaría para que estos importantes avances no sean esfuerzos aislados sino un compromiso y responsabilidad de todos los agentes que hacen parte del sistema financiero, especialmente de los que tienen una función rectora?
Así como en otros ámbitos de nuestra sociedad, para lograr unos cambios transformacionales en favor de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres, en el sistema financiero se requiere romper con aquellas barreras estructurales que pueden limitar una equidad en el goce de la oferta financiera y no financiera para algunos segmentos poblacionales, y en particular de las mujeres.
Para ello, es clave que el cambio empiece desde las mismas entidades nacionales que regulan, supervisan y controlan el sistema financiero, ya que tienen un rol clave para crear las condiciones normativas así como los lineamientos que facilitan el desarrollo de ecosistemas financieros virtuosos y sostenibles para el acceso al financiamiento e inclusión financiera de las mujeres.
La incorporación de la perspectiva de género al interior de las entidades y sus procesos de regulación, control y supervisión de las instituciones financieras se tendría que concretizar mediante 4 acciones principales: i) Medir y visibilizar las brechas persistentes en la oferta financiera y no financiera con información desagregadas por sexo, género y otras variables sociodemográficas importantes; ii) analizar la normativa desde una perspectiva de género y realizar ajustes a la misma; iii) fortalecer las capacidades institucionales para facilitar el cambio organizativo; y finalmente iv) crear mecanismos de rendición de cuentas que permitan medir de forma periódica y transparente los cambios realizados por las entidades en favor de la igualdad e inclusión financiera
Con este propósito y visión, CAF- Banco de Desarrollo de América Latina - desde el 2020 ha venido acompañando entre otras entidades, a la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS) del Ecuador para fortalecer sus capacidades institucionales y marco de acción en materia de igualdad de género e inclusión en cumplimiento con la Agenda 2030, y en específico las metas 5.a y 8.10 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), su normativa nacional y sus principios corporativos. En concreto, la SEPS contempla dentro de sus objetivos estratégicos de fortalecimiento de la gestión de las entidades del Sector Financiero Popular y Solidario y las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria (EPS), un eje especifico de inclusión financiera con perspectiva de género.
En este marco y con el fin de contribuir a mejorar el entorno para acceso al financiamiento e inclusión financiera de las mujeres, la cooperación técnica con CAF ha permitido a la SEPS desarrollar una serie de acciones para medir, visibilizar y abordar las principales barreras de acceso a las mujeres a los servicios financieros y no financieros, así como a los espacios de toma de decisión de las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC).
Como primer paso, ha sido clave el levantamiento de un diagnóstico integral de las brechas de género, por el lado de la demanda y de la oferta, así como de las barreras normativas y jurídicas, que ha permitido identificar las necesidades financieras desatendidas y latentes de las mujeres de la EPS. Adicionalmente se definieron indicadores que puedan aportar al cálculo de la brecha en varios ámbitos de las entidades del sector financiero popular y solidario.
La evidencia ha sido reveladora para la SEPS de la necesidad de un cambio normativo para mejorar los mecanismos de control y medición de impacto de la oferta de valor de las COAC, que permitan identificar y desagregar las necesidades financieras de los diferentes segmentos poblacionales y sobre la base de la evidencia moldear la oferta. El 24 de noviembre de 2021, la Superintendencia expidió la “Norma de Control para la Protección de los Derechos de los Socios, Clientes, y Usuarios Financieros desde la Inclusión Financiera con Perspectiva de Género”, que exige recabar información desagregada por género y cruzada por grupo etario, tipo de producto, tipo de crédito, tipo de canal, actividad económica, entre otros, tanto de acceso (indicadores de cobertura por puntos de atención, población atendida) como de uso (población con cuentas de ahorro, con créditos vigentes). Así como incluir la exigibilidad de indicadores de la representatividad de mujeres entre los socios, representantes a la asamblea y en cargos jerárquicos de las cooperativas.
Los resultados obtenidos se deberán visualizar en las páginas web de las entidades o en un lugar visible y se recogerán de manera agregada en el portal de la SEPS, lo cual permitirá tomar acciones no solo en las mismas entidades, sino como ente de control, para impulsar programas, servicios, productos e incentivos coadyuvando a la reducción de las brechas de acceso y uso de la oferta financieras por parte de las mujeres.
Lo importante de la expedición de la normativa es el seguimiento pertinente para el cumplimiento de la misma y las acciones que se tomen para alcanzar los parámetros de igualdad. Desde el ente de control se hará una evaluación periódica de las brechas de género y se impulsarán políticas, talleres, conferencias y jornadas para aunar esfuerzos en la transversalización de este enfoque en todos los ámbitos; no solo en el uso de servicios, sino también en el gobierno de la entidad, en la contratación del personal, en los programas de beneficios para los socios, como la educación financiera, entre otros.
La norma y las acciones consecuentes como son la revisión a la norma de gobierno cooperativo y educación financiera para incluir una perspectiva de género permitirá garantizar el acceso a las mujeres a posiciones importantes en la toma de decisiones responsables e informadas, además de abrir la posibilidad a nuevas fuentes de financiamiento y, a través de la mejoría de sus ingresos, se verán renovadas las condiciones de vida propias y de su familia.
La Superintendencia contará con un portal de datos cada vez más enriquecido con información desagregada y permitirá que los socios de las entidades puedan conocer de manera más cercana, a través de la información publicada por su cooperativa, los resultados de su administración, generando un empoderamiento lo cual permite a la SEPS sumarse a la lucha para alcanzar varios ODS, entre ellos la reducción de las desigualdades, igualdad de género, salud y bienestar, educación de calidad (para los miembros de la familia) y el fin de la pobreza.
