Luciana Fainstain Patiño
Especialista de género de la Gerencia de Género, Diversidad e Inclusión, CAF -banco de desarrollo de América Latina-
El 13 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres. La Asamblea General de la ONU designó este día con el propósito de generar consciencia en los gobiernos y la ciudadanía sobre la importancia de la prevención para minimizar los riesgos ante eventos de la naturaleza que provocan pérdidas humanas y materiales, en un contexto en que el cambio climático está intensificando la frecuencia y gravedad de estos fenómenos.
Los impactos a nivel humano del cambio climático son siempre contextuales: dependen de las características de los sistemas naturales, los sistemas sociales y sus variadas formas de articulación. Mujeres y hombres tienen diferentes roles y posiciones en las sociedades y sistemas productivos, y por tanto una participación diferencial en la toma de decisiones y desigualdades en el acceso a oportunidades, el ejercicio efectivo de sus derechos, en el acceso y control de los recursos, así como en el acceso a ingresos y beneficios económicos.
Las diversas condiciones en que viven los miembros de diferentes sociedades determinan que, ante un fenómeno natural extremo, algunos grupos sean los que más sufran. El género es una estructura social, entre otras, que define en qué medida y cómo se ven afectadas las personas de determinado lugar ante sequías, incendios forestales, inundaciones, huracanes, tifones, tsunamis, etc.
Indefectiblemente, estos eventos golpean en mucho mayor medida a las poblaciones pobres. Las mediciones multidimensionales de la pobreza muestran que, en casi todo el mundo, se trata de un fenómeno con mayor incidencia en la población infantil y las mujeres. Pero, además, los regímenes de género y los aspectos generacionales que operan en cada comunidad le imprimen especificidades al efecto diferencial. Los datos son elocuentes: según el reporte de OXFAM Internacional sobre el impacto de género del tsunami que arrasó las costas de varios países asiáticos el 26 de diciembre de 2004, entre 70% y 80% de las víctimas de desastres naturales son mujeres. Asimismo, mujeres y niños/as tienen 14 veces más probabilidades de morir en un desastre natural en comparación con varones y adultos. Los procesos sociales, económicos y productivos dan forma al medio ambiente; mujeres y varones participan de distintas maneras en esos procesos. Es así como la relación entre el medio ambiente y las personas está fuertemente mediada por el género, así como por lo generacional.
El reporte da cuenta de los patrones de género, así como de la contextualidad de la articulación de los eventos climáticos extremos y el género. En todas las ciudades estudiadas murieron el triple o cuádruple de mujeres que de hombres, y eso tiene mucho que ver con la división sexual del trabajo: en general, ellas se quedan atrás asistiendo a sus hijos y a las personas mayores; además, son muchos más los varones que poseen o acceden a un vehículo; que saben nadar y trepar árboles. Pero aparecen también especificidades: por ejemplo, en algunos lugares como los de la costa india, las mujeres tienen una alta participación en la pesca, cuando golpeó el tsunami, esperaban en la playa la llegada de las embarcaciones mientras que los hombres que iban en éstas aún estaban lejos de la orilla y la ola no los arrastró. A pesar de la particularidad de lo que sucedió allí, hay un patrón de género detrás: las mujeres que trabajan en la pesca no se embarcan, sino que reciben la captura, la limpian y procesan para venderla en los mercados. Este mismo patrón generizado de división de tareas se repite en la pesca artesanal y las industrias pesqueras de todo el mundo.
En el escenario post-desastre los efectos diferenciales se hacen más evidentes: las pocas mujeres que sobreviven, largamente superadas en número por los hombres en campamentos de gran precariedad sufren diversas formas de violencia: entre las más frecuente, abuso sexual. Padecen deterioros de su salud sexual y reproductiva por causa de esos mismos abusos, de la falta de acceso a métodos contraceptivos y de la falta de higiene (los paquetes de asistencia son “ciegos al género”: no suelen incluir toallas sanitarias ni medicamentos para enfermedades específicas que se propagan en estos contextos, ni nada dirigido a embarazadas ni lactantes), y se ven sobrecargadas de tareas domésticas: la división sexual del trabajo se recrudece en los campamentos. Mientras los hombres se dedican a las tareas tradicionalmente masculinas de retiro de escombros, rehabilitación de viviendas, construcción, de búsqueda, rescate, vigilancia, de reconstrucción y coordinación con las autoridades, las mujeres que quedan cuidan, curan enfermos y personas discapacitadas, acarrean agua, hacen filas para obtener insumos y paquetes de asistencia, preparan la comida, limpian, administran los escasos recursos que reciben y coordinan las actividades a nivel comunitario. Además, si los tenían, han perdido sus medios de generación de ingresos. Habitualmente las mujeres de sectores más vulnerables realizan actividades económicas dentro de sus propios hogares: ha desaparecido la economía de patio; tampoco ya hay dónde poner un telar, cocinar para vender, hacer artesanías, etc.
Pasado el período de emergencia y rehabilitación, las brechas se sostienen e incluso profundizan: a la pérdida de medios de generación de ingresos propios de algunas mujeres se le suma el retraso en reincorporarse al mercado de trabajo de otras: todas están dedicadas al trabajo no remunerado, que aumenta significativamente en contextos post-desastre. En consecuencia, también se reduce su participación en la toma de decisiones.
A fin de gestionar las crisis importa identificar los niveles de vulnerabilidad diferenciales de las poblaciones afectadas, así como también sus capacidades.
A efectos de lo primero, el sistema internacional de respuesta toma medidas como construir refugios exclusivos para mujeres, involucrarlas en las tareas de reconstrucción y programas de acceso al empleo asegurándoles igualdad de pago, aliviar sus cargas de trabajo doméstico involucrando a los hombres en esas tareas cotidianas, apoyar a los hombres viudos que deben enfrentar el nuevo y complejo desafío de estar desocupados, volver a proveer y al mismo tiempo hacerse cargo de sus dependientes. La falta de trabajo sumada a roles que nunca ocuparon amenaza sus construcciones de masculinidad y algunas veces los lleva al suicidio.
En términos de capacidades, la apuesta no es a la mera resiliencia, sino a la sumatoria de ésta, el empoderamiento y la construcción de liderazgo. Las mujeres suelen asumir tareas de gestión comunitaria independientemente de las situaciones de riesgo. Esa capacidad debe ser puesta en valor para las etapas de prevención y mitigación.
De igual modo, su conocimiento del territorio y los procesos que ocurren en él suele ser diferente al de sus pares del sexo masculino; usualmente las mujeres están más familiarizadas con el entorno inmediato a sus hogares y esa información puede delinear mapas de riesgo diferentes, tanto para la identificación de problemas en diversos momentos de amenaza como de soluciones.
El diseño de un sistema de gestión integral de riesgos de desastres (GIRD) se sostiene en tres pilares: 1) monitoreo, previsión, preparación y alerta temprana; 2) evaluación de vulnerabilidades, resiliencia y evaluación de impacto y 3) mitigación, respuesta, recuperación y reconstrucción. Los roles diferenciales que desempeñan en las sociedades mujeres y varones deben ser considerados con relación a los tres pilares y a cada uno de sus componentes, en cada fase de diseño, implementación y medición.
Una agenda verde que asuma entre sus lineamientos estratégicos un sistema de GIRD con perspectiva de género se compromete a lograr integralidad en su enfoque, así como un aporte más consistente al cumplimiento de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible vinculados con el Medioambiente y el Cambio Climático (13, 14, 15, 11, 12, 7), como a los que apuntan a la reducción de desigualdades, a destacar el ODS 5: lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
Esto sólo es posible si se concibe en toda su cabalidad la dimensión social del desarrollo y se la integra holísticamente a las dimensiones económica y medioambiental.
CAF - banco de desarrollo de América Latina, se ha propuesto hacerlo. Mientras avanza en su objetivo de convertirse en el banco verde de América Latina, ha lanzado el concepto de Biodiverciudades, que guía la nueva estrategia de desarrollo urbano y que promete reconectar a la ciudadanía de nuestra región con la naturaleza, y ha presentado el pasado marzo su nueva estrategia para la igualdad de género para el periodo 2022-2026. Se trata de una oportunidad única para que, en un futuro cercano, los y las latinoamericanas hayamos reducido nuestra exposición a los peligros naturales y, sobre todo, nuestras diversas vulnerabilidades.
