¿Cuál transición verde y justa?

La transición verde y justa recomendada por la ONU apunta a aspectos que combinan la sostenibilidad ambiental con la justicia social y persigue el principio de no dejar a nadie atrás. Este concepto reconoce que ambos componentes están interconectados y deben considerarse para crear un futuro más sostenible para todos. La mitigación y la adaptación son estrategias de una agenda integral para los desafíos del cambio climático. Aunque son esenciales, no siempre abordan adecuadamente las necesidades de los grupos vulnerables y pueden incluso empeorar las desigualdades existentes.

Muchos países en desarrollo enfrentan el triple desafío de retrasos en los objetivos de desarrollo sostenible, recuperación de los efectos de la COVID-19 y el cambio climático. Las estimaciones apuntan a necesidades de financiamiento entre 4 y 6 trillones de dólares anuales hasta 2050 para abordar esos desafíos, una misión que parece casi imposible. Los países desarrollados prometieron contribuciones anuales de 100 mil millones de dólares hasta 2025 para apoyar la agenda de cambio climático de los países en desarrollo, pero no solo no se ha cumplido ese compromiso, sino que los recursos habrían sido una contribución mínima frente a las necesidades.

Para abordar la tarea de la transición verde y justa será necesario buscar alternativas de financiamiento, ajustar el enfoque a la realidad de cada país y explorar nuevos caminos. Más allá de la mitigación y la adaptación, un camino que se debe explorar más y mejor es el de la transformación productiva que aproveche las nuevas oportunidades de negocio asociadas al cambio climático y aproveche las ventajas de cada país de manera que la estrategia sea autosostenible. Es como mirar el vaso medio lleno.

La transformación productiva puede ser crucial para proteger a los más pobres, incluyendo la creación de empleos verdes, la diversificación de fuentes de ingresos, la promoción de actividades económicas menos expuestas a los cambios climáticos, la promoción de nuevas oportunidades de negocios para las pequeñas y medianas empresas, el acceso a nuevas tecnologías y prácticas de gestión y la reducción de la volatilidad del crecimiento, que es especialmente perjudicial para los más pobres. Una transformación productiva que incorpore resiliencia climática y sostenibilidad puede mejorar significativamente la capacidad de los más pobres para resistir los impactos de los cambios en el clima.

¿Y cuál sería una transformación productiva en América Latina y el Caribe y dónde debería enfocar la región sus esfuerzos? Idealmente, en actividades que ocuparán un lugar privilegiado en la estructura de demanda mundial, en actividades cuyos precios relativos inevitablemente subirán en las próximas décadas y en actividades en las que la región ya tiene ventajas comparativas y competitivas.

En esta clasificación incluiría todo aquello que requiere, directa o indirectamente, mucha agua, energías renovables y minerales críticos para la transición, que abundan en muchos de los países de la región. Esto incluiría también actividades relacionadas con alimentos, ya que la región es uno de los mayores productores agrícolas y tiene condiciones inigualables para la agricultura sostenible; actividades relacionadas con la mayor selva tropical y muchos de los biomas más importantes; actividades relacionadas con la inmensa biodiversidad y el potencial de la bioeconomía; y el gran protagonismo en biocombustibles y nuevas tecnologías y soluciones para la transición climática.

Pero la mayor oportunidad de la región para promover la transición verde y justa puede traducirse en el powershoring, una estrategia para atraer inversiones en plantas industriales intensivas en energía que necesitan descarbonizar, reducir costos y asegurar la energía. Este es el caso de sectores como el acero, el cemento, la metalurgia, la química, el vidrio, la cerámica, el papel y la celulosa, los fertilizantes y muchos otros que pueden formar clústeres de negocios con amplias repercusiones en el empleo, los ingresos y las pequeñas y medianas empresas de la región. De hecho, la región ofrece condiciones excepcionales para acoger inversiones en el marco del powershoring que aumentan la competitividad de las plantas industriales y protejan los intereses de los países de origen de las inversiones. Después de todo, el powershoring reduce los plazos y los costos de la transición energética en países con matrices energéticas grises.

La mayor contribución del powershoring a la transición verde y justa se debe a sus impactos sociales en las zonas urbanas, donde reside la mayoría de la población de la región y donde se concentran los problemas más graves de pobreza, hambre, desigualdad, violencia, informalidad y baja productividad.

El potencial del powershoring es inmenso y podría ser transformador. Consideremos el caso de Brasil. Según nuestras estimaciones, el powershoring podría agregar exportaciones de manufactura verde de hasta 395 mil millones de dólares en el período 2024-2032, y las inversiones directas e indirectas  podrían alcanzar los 351 mil millones de dólares en el mismo período. Estas son cifras importantes, pero aún más importantes son sus posibles repercusiones económicas en las cadenas de valor nacionales y regionales y en el tipo y naturaleza de la integración de la región en la economía mundial.

A pesar de la gran competitividad en el powershoring, la región enfrenta desafíos, siendo el mayor de ellos las intervenciones sin precedentes de los países desarrollados en los mercados y sistemas de precios de energía renovable, equipos de energía verde y productos manufacturados verdes mediante la imposición de normas proteccionistas y discriminatorias, así como subsidios masivos, lo que pone en riesgo el funcionamiento de los mercados y la transición verde y justa en los países en desarrollo.

Las condiciones únicas de ALC le brindan confianza y espacio para adoptar una postura más altiva y ambiciosa, influir en las discusiones, participar en la economía global de manera prominente y presentarse al mundo como una fuente de soluciones para la descarbonización y la reducción de la pobreza.