Una agenda verde común

A primera vista, Europa y América Latina y el Caribe son dos regiones disímiles con poco espacio para la acción conjunta. Hay una brecha abismal en los niveles de ingreso por habitante, mientras que el comercio exterior entre las dos regiones es mínimo: solo el 5% de las importaciones de la Unión Europea (UE) proviene de la región y está concentrado en pocos países como Brasil y México.

En términos de la agenda verde, también existen grandes asimetrías. Las emisiones históricas de gases efecto invernadero (GEI) en América Latina y el Caribe son una fracción de las europeas. La matriz energética latinoamericana ha sido históricamente más limpia, debido al mayor porcentaje de fuentes renovables. Más importante aún, la región tiene un mayor nivel de exposición, y menor capacidad de adaptación, frente a las consecuencias del cambio climático.

Como se evidenció en la reciente reunión de ministros de Finanzas de la UE y de América Latina y el Caribe, convocada por el gobierno de España y CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, existen grandes diferencias en la coordinación de las políticas estatales. Mientras que la Unión Europea cuenta con la capacidad de adoptar estrategias comunes, la región carece de mecanismos efectivos de coordinación. Esto es especialmente notorio en el campo las políticas climáticas.

Dadas estas notables diferencias, los relanzamientos de las relaciones entre América Latina y el Caribe y la UE enfrentan un comprensible escepticismo a ambos lados del Atlántico. Sin embargo, la actual alineación de intereses puede constituir un punto de inflexión en materia de cooperación. Dos regiones que comparten valores democráticos y defienden el multilateralismo, como siempre se ha dicho, están ahora genuinamente preocupadas por la amenaza que representa el cambio climático. Por ello, la alianza para avanzar en la agenda para la descarbonización de las economías representa una oportunidad única de colaboración. Esbozar algunas ideas en esta dirección es parte de un trabajo reciente que realizamos con Pierpaolo Cazzola en la Universidad de Columbia.

Si bien Europa cuenta con una mayor capacidad tecnológica y financiera, América Latina tiene elevados índices de radiación solar y las condiciones climáticas relativamente estables que reducen la intermitencia y permiten generar electricidad a menor costo. La región tiene el potencial de aumentar en más de un 460% su capacidad de energía solar y eólica hacia 2030. Europa, por su parte, puede desarrollar la producción de equipos, como los paneles solares, algo en lo que China ostenta una ventaja actual.

Transformar las energías limpias en productos con una baja huella de carbono, con valor agregado, es el objetivo de América Latina y el Caribe. Un buen ejemplo es el hidrógeno verde, algo para lo cual la UE ya se comprometió con 2.000 millones de euros para apoyar su producción en Brasil. Otros países de la región desean hacer parte de los “corredores de suministro de hidrógeno” de la UE.

La electrificación del transporte es otra área de atractiva para la colaboración. América Latina es un aliado natural para el suministro de minerales requeridos para la producción de baterías y otros componentes. Europa podría transformar sus plantas de producción de automóviles con motores de combustión interna ubicadas en México, Brasil, Argentina y Colombia en fábricas para la producción de vehículos eléctricos, comenzando por los autobuses y los vehículos de dos y tres ruedas. Santiago de Chile y Bogotá son las dos ciudades, fuera de China, con una mayor flota de buses eléctricos en el mundo.

Por otra parte, la región puede desempeñar un papel estratégico en el suministro confiable de gas natural liquado (GNL) para Europa. Además de Perú y Trinidad y Tobago, otros países de la región podrían convertirse en exportadores de GNL a lo largo de esta década. El aumento de la producción de fertilizantes, algo en lo que el canciller alemán ha puesto énfasis, es otra posibilidad basada en las reservas de gas natural.

Entre los temas polémicos, el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés) es quizás el mayor obstáculo para la alianza transcontinental. Europa debe tener en cuenta la capacidad de pago para fijar el precio del carbono aplicable y moderar el impacto de la implementación del CBAM en las exportaciones de América Latina y el Caribe. Se requiere un acuerdo político para la aplicación de precios del carbono equivalentes a los de la UE en los países de la región se haga gradual y progresivamente.

Otro área de tensión puede surgir de diferencias respecto al ritmo de la transición verde en la agricultura. Más que restricciones a los productos agrícolas latinoamericanos, que afectarían la seguridad alimentaria global y comprometerían el ingreso de millones de productores en la región, los esfuerzos de cooperación deberían centrarse en inversiones para mejorar el rendimiento de los cultivos y aplicar prácticas de gestión ganadera más sostenibles y eficientes, para garantizar un uso más eficaz de la tierra y reducir así la necesidad de ampliar las fronteras agrícolas El compromiso de la UE con la reducción de la deforestación debe contribuir a que los países de América Latina y el Caribe con extensos bosques tropicales puedan implementar políticas asequibles, escalables y trazables para reducir las emisiones relacionadas con el uso del suelo.

Por último, el acceso a recursos financieros con un menor costo para los países de América Latina y el Caribe es una necesidad transversal para avanzar en los distintos frentes para lo cual debe fortalecerse la presencia de la banca de desarrollo europea en América Latina y el Caribe. En síntesis, las oportunidades para una agenda mutuamente beneficiosa deben ir más allá del papel de la región como proveedor de materias primas para la UE, al tiempo que sus desafíos de desarrollo deben abordarse adecuadamente.

Esta columna también fue publicada en El País