Adriana Arreaza
Richard Condor
En un contexto mundial marcado por el calentamiento global, la frecuencia de los eventos climáticos extremos ha experimentado un notable incremento, configurando un panorama de amenazas complejas y, en ocasiones, concatenadas.
América Latina y el Caribe emerge como una zona de alto riesgo climático, caracterizada por su inherente vulnerabilidad –infraestructura muchas veces inadecuada, poblaciones en zonas expuestas a desastres y un limitado espacio fiscal–, y amenazas constantes en relación con la probabilidad de ocurrencia de eventos climáticos extremos.
En efecto, según información de EM-DAT, durante los últimos 43 años se han registrado al menos 2.225 desastres de este tipo en la región, lo que equivale a un promedio de 52 eventos por año. Las inundaciones y las tormentas son los eventos más frecuentes (49,5 y 30,6 % de todos los eventos respectivamente), seguidas por los deslizamientos de tierra (7,0 %) y las sequías (6,9 %). Además, la cantidad de eventos extremos en la región aumentó un 90% entre 2000 y 2021 con respecto a las dos décadas previas.
Los desastres de origen climático no solo han tenido impactos económicos significativos, también han afectado a un elevado porcentaje de la población. Se estima que, en promedio, los daños y pérdidas anuales en la región han sido de al menos un 0,2 % del PIB. Asimismo, alrededor del 1 % de la población de la región en promedio es afectada por desastres climáticos cada año y se calcula que la cifra agregada de muertes y desaparecidos es cercana a las 100.000 personas.
Por ejemplo, los desastres asociados con los últimos tres grandes fenómenos de El Niño en 1982-1983, 1997-1998 y 2014-2016 acumularon daños en Chile, Colombia, Perú y Ecuador estimados en USD 6.473 millones y más de 3.300 fallecidos. La actual sequía en el sur del continente podría costar entre el 2 y el 5 % del PIB en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Motivados por estas cifras, en un estudio reciente de CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, evaluamos los efectos macroeconómicos de invertir en infraestructura resiliente (o de adaptación), así como la creación de fondos de contingencia, a partir de un modelo cuantitativo de equilibro general con choques climáticos. Los resultados para cuatro de las economías con mayor riesgo climático de la región (Honduras, República Dominicana, Barbados y Paraguay) sugieren que dicha inversión reduce significativamente el impacto de los eventos climáticos sobre el PIB y mejora la trayectoria de la deuda pública a mediano y largo plazo.
El efecto sobre la dinámica de la deuda se potencia si, además de la inversión en infraestructura resiliente, se establece un fondo de contingencia para atender las emergencias asociadas con los desastres. No obstante, tanto la inversión en infraestructura resiliente como la constitución de un fondo de emergencia deterioran la dinámica de la deuda en el corto plazo.
En ausencia de estas inversiones, el estudio encuentra que la ocurrencia de un desastre podría desatar un círculo vicioso caracterizado por una trayectoria creciente de la deuda que elevaría el costo del endeudamiento. Ello, a su vez, limitaría las posibilidades de inversión en infraestructura resiliente, exacerbando así los impactos negativos sobre el PIB, y mermando progresivamente la capacidad de respuesta.
El estudio destaca, además, el importante rol que juega el financiamiento concesional. Este tipo de financiamiento no solo facilitaría concretar las inversiones necesarias en infraestructura resiliente, sino que mitigaría los problemas de acceso al crédito—especialmente para las economías altamente endeudadas con poco espacio fiscal—o de economía política. Se estima que dichas inversiones requieren recursos de entre USD 9.000 millones y USD 31.000 millones anuales en toda la región, lo cual equivale a entre un 0,15 y un 0,5 % del PIB por año.
Los resultados apuntan, por tanto, a la necesidad de una mayor preparación y respuesta ante los desastres climáticos, así como a una adaptación continua para reducir la vulnerabilidad, previendo una mayor frecuencia de estos fenómenos en el futuro. Otras alternativas de intervención como la planeación territorial y las soluciones basadas en la naturaleza también deberían ser consideradas para reducir la vulnerabilidad de los países a riesgos climáticos.
Los bancos multilaterales, en su rol de mediadores y facilitadores, pueden jugar un papel fundamental en este contexto. Por un lado, están en la capacidad de movilizar capitales, ofrecer financiamiento concesional y asesoramiento técnico, de modo que los países puedan llevar adelante las inversiones en infraestructura resiliente necesarias para la adaptación y gestión de riesgos climáticos. Por otro lado, la banca multilateral también puede fomentar la colaboración regional para compartir experiencias y buenas prácticas.
La adaptación al cambio climático no es solo una necesidad, sino una inversión estratégica en el desarrollo sostenible de América Latina y el Caribe.
