Los países de América Latina y el Caribe (ALC) han alcanzado una cobertura eléctrica residencial casi universal al pasar de una conexión a las redes de distribución eléctrica del 90% en 2001 a un 98% en 2021.
Sin embargo, todavía queda una brecha importante por atender: en 2021 más de 18 millones de latinoamericanos y caribeños, que residen en 4,6 millones de viviendas, no tenían cobertura eléctrica. Este rezago se explica mayormente por la falta de conexiones a la electricidad en la zona rural, que afecta a 3,5 millones de viviendas.
A los problemas en materia de electrificación, se suman los desafíos medioambientales de la región: ALC aglutina un 10% de las emisiones globales de CO2 y su participación ha aumentado en las últimas décadas, por lo que el llamado a implementar medidas de mitigación es urgente a fin de evitar que la temperatura global siga aumentando, con los consecuentes daños económicos y sociales que ésta trae aparejados, y así alcanzar los objetivos de reducción de emisiones establecidos en el marco de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN).
Frente a esto los países de la región tienen un triple desafío: invertir en electrificación –necesario para crecer–, incorporar infraestructura energética que permita una generación de electricidad baja en carbono –necesario para proteger al medio ambiente– e incluir a las poblaciones más desfavorecidas, particularmente a los que habitan en zonas rurales –necesario para no dejar a nadie atrás.
Entre 2014 y 2023, CAF financió once proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables por un monto total de USD 347 millones que permitieron aumentar la electrificación rural y urbana de la región. Estos proyectos consistieron en la construcción, puesta en marcha y mantenimiento de parques eólicos, plantas solares y centrales hidroeléctricas.
Según cálculos propios, estos proyectos aportarían 2.850 GWh de generación de energía eléctrica por año, lo que equivale a abastecer de energía a más de un millón de familias.
La evidencia indica que la acción de CAF en este sector puede haber tenido impactos positivos en términos de crecimiento y desarrollo económico, reflejados en la mejora de indicadores del mercado laboral (aumento de empleo e ingresos), producción (incremento en la producción industrial), condiciones de vida (menor gasto de energía), salud (reducción de enfermedades respiratorias y de la vista), educación (incremento en el tiempo de estudio y en la asistencia a la escuela) y medioambiente (mejora de calidad del aire y reducción de emisiones de CO2).
En cuanto al impacto en medioambiente, se estima que los proyectos financiados por CAF redujeron emisiones de GEI por casi 4 millones de toneladas de CO2 equivalente desde la entrada en operación de cada proyecto de energía renovable hasta 2022, lo que contribuye a las metas de mitigación de ALC establecidas en el marco de las CDN.