Desarrollo institucional del sector Agua Potable y Saneamiento es bastante diversificado en Perú

(Lima, diciembre de 2010).- El desarrollo institucional del sector de Agua Potable y Saneamiento (APyS) es bastante diversificado en Perú, una fortaleza que le ha permitido al país sobrellevar una relativa escasez de recursos en los esfuerzos por mejorar las metas de cobertura y de calidad de los servicios.

Así lo sostiene el libro “Planificación y Gestión Urbana y su Incidencia en los Servicios de Agua Potable y Saneamiento. Casos: Perú y Venezuela”, investigación del urbanista venezolano de la Universidad Simón Bolívar, Róger Martínez Rivas, quien presentó la publicación en Lima, con la participación de José Carrera, vicepresidente de Desarrollo Social y Ambiental de CAF; Eleonora Silva, directora representante de CAF en Perú, y Bernardo Requena, director de Desarrollo Social de CAF.

En el estudio se resalta la contribución que pueden brindar la planificación y la gestión urbana para vencer los desafíos de aumentar la cobertura y calidad de los servicios de Agua Potable y Saneamiento (APyS), y mejorar las precarias condiciones del hábitat de los pobladores en asentamientos humanos, dos temas que están profundamente relacionados y que han sido identificados por las Naciones Unidas dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

No obstante estos logros, los avances en el sector agua potable y saneamiento no acompañaron al fenómeno de la urbanización y, específicamente a nivel de la informalidad urbana, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las operaciones del sector.

En tal sentido, urgen políticas habitacionales y urbanísticas sostenibles, y una estructura institucional más eficaz que alcance a los distintos niveles de gobierno: nacional, regional y local.

Para referirse a la forma específica cómo se relacionan la planificación y gestión urbana con los servicios de agua potable y saneamiento, la investigación analizó en el caso de Perú los asentamientos Oasis de Villa de Villa El Salvador y Ciudad Pachacútec de Ventanilla, ambos localizados en Lima; así como los asentamientos San Juan de la Frontera-Mollepata de Huamanga y la comunidad campesina de Casacancha en Vinchos, ubicados en Ayacucho.

Según los casos analizados, los logros observados en la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento son explicables, en gran medida, por la adopción de medidas previas de planificación y gestión urbana, dentro de las cuales se incluyen labores de zonificación, planificación física, catastro y regularización de la propiedad informal.

El estudio destaca que gracias a la participación de los habitantes de las áreas informales en la construcción, operación y gestión de los sistemas, es posible brindar el servicio y hacerlo económicamente viable. Al mismo tiempo, en la medida en que se incorporó a la población en la divulgación de prácticas sanitarias adecuadas, se obtuvieron importantes avances en el cuidado de la salud pública. En esta tarea, la asistencia técnica de ONG’s fue clave.

Si bien es notoria la fortaleza organizacional del sector agua potable y saneamiento, se señala como aspectos mejorables la inclusión en su marco normativo de las modalidades de autogestión, la necesidad de asistir técnica y económicamente a los pequeños operadores de los sistemas de las zonas periurbanas y rurales, y la conveniencia de incrementar la capacidad fiscalizadora de la SUNASS y los municipios.

En las conclusiones finales de la investigación se precisa que para construir, operar y mantener sistemas eficientes de distribución de agua potable y de recolección de aguas residuales en los asentamientos informales; se recomienda estudiarlos, ordenarlos mediante un plan y levantar su catastro.

Asimismo; transferir la propiedad de la tierra a las familias ocupantes; inscribir la regularización de los servicios en un proceso general de mejora de los asentamientos y de superación de la pobreza; elaborar proyectos con diseños alternativos; construir los proyectos por etapas, aprender de la experiencia y hacer ajustes; involucrar desde el inicio a las autoridades urbanísticas, sanitarias y a las comunidades; hacer seguimiento, estudiar y difundir los resultados de las experiencias.

También se plantea la necesidad de implantar una política nacional de ordenación urbana y regularización física y legal de la propiedad de la tierra en asentamientos informales, acompañada de otra política nacional para la habilitación física anticipada de las áreas de expansión.

Por otra parte, se sugiere fomentar y mantener la participación de los municipios y de los pequeños operadores en la planificación y gestión de los servicios de agua potable y saneamiento, así como del hábitat en general. A nivel local, se propone incentivar la planificación y la gestión urbana en los asentamientos informales y en las áreas de crecimiento, y crear mecanismos fiscales que contribuyan a financiar las obras necesarias.

Además, se recomienda mantener la incorporación de la participación del sector privado – a distintas escalas y modalidades – en los servicios; obtener el apoyo de ONG´s y de consultores para realizar labores de asistencia técnica y asesorías especializadas; y solicitar la contribución del sector a través de la responsabilidad social. En torno a los organismos financieros multilaterales, se sugiere mantener el financiamiento para sistemas de agua potable y saneamiento, e incluir proyectos orientados a reducir la informalidad urbana, y fomentar la innovación tecnológica.

En relación a los organismos encargados de la Salud Pública, se recomienda evaluar la incidencia de las labores de ampliación de cobertura de agua potable y de mejoramiento integral del hábitat como determinantes sociales de la salud urbana; fomentar la actualización de normas sanitarias, y mantener la difusión del conocimiento científico y la educación sanitaria en torno a estos temas.

Por último, se reconoce el derecho de las comunidades, independientemente de su capacidad de pago, de exigir la prestación de servicios de calidad, así como a una vivienda digna y a un hábitat urbano seguro y sano. Sin embargo, se advierte que en el diseño de políticas públicas no debe descuidarse que las comunidades deben contribuir al sostenimiento económico de dichos servicios y que son corresponsables del mejoramiento de su hábitat.

“La labor del Estado en el logro de las metas de cobertura y calidad de los servicios de agua y saneamiento, y en la reducción de la precariedad urbana, apoyada en una oportuna labor de planificación y gestión urbana, es indispensable para que el esfuerzo de las comunidades sea efectivo y sus logros perdurables”, concluye la investigación.