Evaluación de impacto para mejorar la gestión pública
Durante el XXI Congreso Internacional del CLAD, CAF realizó una presentación sobre el uso de la evaluación de impacto como herramienta para hacer más efectiva la gestión pública.
El XXI Congreso Internacional del CLAD reunió, del 8 al 11 de noviembre en Santiago de Chile, a más de mil funcionarios públicos, especialistas y académicos, para debatir sobre la innovación en las administraciones públicas desde la perspectiva de la mejora continua.
En este contexto, desde CAF -Banco de desarrollo de América Latina- se dictó una presentación acerca de la importancia de la evaluación de impacto de calidad para lograr la efectividad de las instituciones públicas. La intención del CLAD al incorporar estos temas durante el congreso fue llamar la atención sobre la escasa institucionalización que suelen tener los procesos institucionales en la región.
"Existenm numerosos ejemplos en América Latina de cómo la evaluación de impacto puede y ha servido para que formuladores de políticas públicas tomen decisiones para incrementar la eficiencia en la provisión de bienes y servicios públicos", explicó Daniel Ortega, director de evaluación de impacto en CAF.
De acuerdo con los organizadores, "la implantación de sistemas de evaluación efectivos que brinden rigurosidad a esta práctica en las administraciones públicas, junto a la incorporación de enfoques más integrales, pueden considerarse las principales innovaciones en este campo".
Por su parte, Miguel La Rota, Director Nacional de Políticas Públicas y Planeación de Fiscalía General de la Nación colombiana, complementó el panel con la presentación del proyecto "evaluación del impacto de la respuesta investigativa de la Fiscalía General de Colombia al delito de homicidio"
Los panelistas hicieron especial énfasis en la importancia que tiene introducir una cultura de aprendizaje en la gestión pública con el objetivo de que los implementadores de políticas públicas puedan mejorar sustancialmente su desempeño. Según ellos, la clave para esto es establecer la costumbre en la administración pública de cuestionar, evaluar y mejorar los programas y las políticas que se implementan, basándose en la mejor evidencia disponible.