Marco Regulatorio y Productividad en América Latina

Los países en desarrollo se caracterizan por la presencia de distorsiones que atentan contra el buen funcionamiento de los mercados y limitan el crecimiento de la productividad. Muchas de estas distorsiones tienen su origen en regulaciones existentes y en fallas en el diseño o implementación de políticas públicas. Asimismo, las fallas de mercado pueden ser corregidas o, al menos, aliviadas mediante un adecuado marco regulatorio. En consecuencia, un alto y sostenido crecimiento económico requiere de transformaciones institucionales que favorezcan importantes ganancias de productividad. En este sentido, CAF-Banco de desarrollo de América Latina- está interesado en estudiar cómo el diseño de un apropiado marco regulatorio-institucional puede contribuir al cierre de la brecha de productividad que sufre América Latina.

Con este objetivo, CAF abre una convocatoria para proyectos de investigación que analicen el impacto de regulaciones y políticas públicas sobre la productividad en América Latina. Las propuestas deben focalizarse en el análisis de regulaciones o políticas específicas y pueden ser de dos tipos:

1. Estudios de casos que analicen los efectos sobre productividad de regulaciones/políticas dirigidas a un sector en  particular. De especial interés son los sectores de telecomunicaciones, transporte y energía, dada su alta conexión con otros sectores de la economía.
    
2. Estudios con una perspectiva más amplia que analicen los efectos sobre productividad de regulaciones/políticas no sectoriales, es decir, que afecten de manera directa a todos los sectores o  a un conjunto amplio de estos.

El principal interés de la convocatoria está enfocado en propuestas que estudien el impacto de regulaciones o políticas en los siguientes ámbitos: promoción de la competencia; protección  a la propiedad intelectual; bancarrota; protección al consumidor; innovación; protección al empleo, seguro de desempleo y salario mínimo; negociación (laboral) colectiva; seguridad  social y pensiones; financiamiento  de PYMES y nuevos emprendimientos; asignación  de créditos; comercio  exterior, y protección ambiental.

También serán valoradas propuestas que se concentren en trabas burocráticas y regulatorias que afecten, por ejemplo, el proceso de apertura y cierre de empresas o la eficiencia del sistema judicial para resolver disputas contractuales.

Las propuestas deben ser enviadas a más tardar el 15 de marzo de 2017. Se financiará un máximo de 6 proyectos por un monto de US$ 15.000 cada uno, con un incentivo adicional de hasta US$5.000 para aquellas propuestas que utilicen bases de datos administrativos.

Los requisitos, medios de envío y más detalles se pueden encontrar en la convocatoria.