En busca de ciudades mejor preparadas ante fenómenos naturales extremos
América Latina necesita un nuevo enfoque integral que contribuya a reducir las incontables pérdidas humanas y materiales ocasionadas por terremotos, inundaciones o ciclones
América Latina es una de las regiones más afectadas por los fenómenos naturales extremos (terremotos, lluvias torrenciales, ciclones tropicales o huracanes) causantes de desastres que se cobran miles de vidas y que generan sustanciosas pérdidas materiales. Por si esto fuera poco, una parte de estos fenómenos, los relacionados con las fluctuaciones del clima, se están recrudeciendo como consecuencia del calentamiento global.
De hecho, entre 2000 y 2013, sólo en Centroamérica y América del Sur los fenómenos hidrometeorológicos (sequías, inundaciones, precipitaciones extremas o ciclones tropicales) provocaron más de 13.000 muertes, afectaron a más de 53 millones de personas y ocasionaron pérdidas de aproximadamente USD 52.000 millones, según la Universidad de Lovaina. Estas cifras han situado a América Latina a la cabeza del ranking de regiones con daños económicos por desastre más alta del mundo, y dan cuenta de la relevancia del problema para las economías de la región.
Las ciudades de la región son las que reciben las peores consecuencias de los fenómenos naturales extremos, ya que concentran a 4 de cada 5 latinoamericanos y al conjunto de los activos físicos más importantes de las economías nacionales.
La vulnerabilidad de muchas ciudades de América Latina ante este tipo de fenómenos encuentra parte de su explicación en la débil planificación y gestión urbana, agravada esta por la creciente urbanización, que lleva a la ocupación de zonas no aptas para la construcción de viviendas, por ejemplo, o a la creciente congestión automotriz y a su consecuente generación de emisiones.
"La tendencia es que los desastres aumenten en frecuencia e intensidad, y las ciudades deben prepararse para enfrentarlos con mejores herramientas. No solo se necesitarán recursos financieros, sino también una adecuada estructura de gobernanza de la gestión integral del riesgo de desastres que permita abordar de manera comprensiva cada una de las etapas, desde la identificación, valoración y prevención del riesgo hasta la etapa final de reconstrucción y rehabilitación de los daños ocasionados por los desastres", asegura Pablo López, especialista en desarrollo urbano de CAF -banco de desarrollo de América Latina.
En este sentido, existe el consenso generalizado de que América Latina necesita mejorar la forma en que prepara a sus ciudades para enfrentar fenómenos naturales extremos. Entre los principales aspectos a tener en cuenta para lograr ciudades resilientes a desastres destacan los siguientes:
- Mejorar la gestión del uso del suelo urbano
- Diseñar y construir infraestructuras mejor adaptadas
- Tratar integralmente las cuencas urbanas
- Mejorar la gestión de los servicios de recolección de residuos y la infraestructura de drenajes
- Fomentar la participación comunitaria en la definición de acciones o desarrollar información a nivel local.
"Para lograr ciudades resilientes las ciudades deben pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo, ya que prevenir o reducir los desastres es más eficiente en términos de costos y resultados que la acción de respuesta", asegura López.
En este sentido, será imprescindible el trabajo conjunto de la sociedad civil con los gobiernos locales y regionales.
Una planificación urbana moderna también debe tener en cuenta un enfoque integral de la gestión de riesgos que incluya las infraestructuras de edificios, espacios verdes y abiertos, vías y equipamiento comunitario capaz de responder de manera efectiva a futuros eventos geo climáticos.
CAF trabaja en el desarrollo de proyectos resilientes y de baja emisión de carbono en los países latinoamericanos, que incluyen el diseño de infraestructuras resilientes a fenómenos naturales extremos, con el objetivo de prevenir y mitigar el efecto de las inundaciones en las cuencas de distintos ríos en la región, así como el desarrollo de mecanismos de transporte sostenible, entre otras intervenciones. La institución prevé que al año 2020 el 30% de sus aprobaciones sean de proyectos verdes, y que dicha tendencia irá en aumento, estimando que alcance un 50% al 2050.