Primera Conferencia Internacional de Abogados B

La tendencia hacia la creación de una nueva economía se refleja en el surgimiento de empresas que incorporan finalidades sociales y ambientales a su modelo de negocio, al tiempo que generan beneficios económicos. Son las llamadas empresas de triple impacto o benefit corporations como se les conoce en EE.UU, primer país que las reconociera legalmente.

Con el fin de debatir sobre los retos jurídicos que plantea crear este nuevo tipo de sociedad, a través de la figura de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), y revisar el papel del Derecho como agente para la construcción de una economía más inclusiva y sostenible, se reunieron en la Pontificia Universidad Católica del Perú destacados juristas de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, Ecuador, EE.UU, Italia, México, Perú, Reino Unido, Suiza y Uruguay.

Entre los asistentes estuvo William Clark, de Drinker Biddle Abogados, redactor del modelo de legislación de benefit corporations que han adoptado 31 de los 50 estados que conforman la Unión Americana. Para Clark el objetivo de la empresa ha venido cambiando a lo largo de las décadas. "Hace 100 años el propósito de una organización empresarial era la descripción de su actividad económica. Hoy, cuando se habla de su propósito nos referimos a sus impactos positivos", señaló.

En esta "Primera Conferencia Internacional de Abogados B" también participaron el senador Mauro del Barba, impulsor de la ley "Societá Benefit" en Italia; Rodrigo Goñi, diputado del Partido Nacional de Uruguay; Andrés Barreto, uno de los promotores del proyecto de ley de Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo en Colombia; Luke Fletcher, del bufete inglés Bates Wells & Braithwaite y presidente de la European Social Enterprise Law Association; Xoán Fernández de Innovación Social de CAF -banco de desarrollo de América Latina-; Pedro Tarak, presidente del Directorio de Sistema B Internacional y María Emilia Correa, co-fundadora de Sistema B.

Durante su intervención, el diputado Rodrigo Goñi, destacó el potencial integrador de las Empresas B. "Veo en estas organizaciones la posibilidad de complementar lo más maravilloso que tiene el hombre: su habilidad creativa y su espíritu emprendedor para organizar actividades que sumen valor".

Por su parte, Xoán Fernández de CAF, profundizó en el rol del sector privado como agente de cambio para impulsar un desarrollo integral y sostenible en América Latina. "Desde la alianza de CAF con el movimiento B se fortalece la creación de grupos jurídicos en varios países con la finalidad de promover legislaciones que favorezcan el surgimiento de estas empresas, como parte de la estrategia para consolidar un ecosistema de crecimiento de Empresas B en la región", destacó.

Al encuentro también asistieron abogados de Argentina, Brasil, Colombia, Chile y Uruguay que están participando activamente en los procesos legislativos impulsados en estos países, que ya cuentan con proyectos de ley en discusión o en proceso de elaboración, además de juristas de Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Reino Unido y Suiza.

La conferencia fue organizada por Sistema B, the European Social Enterprise Law Association (ESELA) y the Benefit Company Bar Association, en alianza con CAF y el FOMIN, con el auspicio de la Universidad de Lima, Universidad del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

Avance de las Sociedades de Beneficio en el mundo

En EE.UU, 31 estados aprobaron ya una legislación que regula a las Benefit Corporations. Italia también incorporó una ley especial para regular a las Societá Benefit. Por su parte, el Reino Unido prevé una forma jurídica especial para las denominadas Community Interest Companies, sociedades de responsabilidad limitada creadas para llevar a cabo un negocio u actividad para beneficio de la comunidad y no puramente en pos de un interés privado.

También Canadá regula diferentes formas jurídicas, entre ellas las de Community Contribution Company o Community Interest Company.

Asimismo en América Latina, puntualmente en Argentina, Colombia y Chile se están dando los procesos legislativos para que estos países reconozcan legalmente a las empresas de triple impacto.