Un total de 475 funcionarios peruanos graduados en gobernabilidad
A la ceremonia de clausura asistieron participantes de siete regiones del país
Un total de 475 funcionarios públicos y representantes de la sociedad civil procedentes de Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huancayo, Lima, Tarapoto y Trujillo se graduaron del XVI Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública, impulsado por CAF –banco de desarrollo de América Latina- en alianza con la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
Tras recordar que la entidad financiera multilateral no sólo promueve el desarrollo sostenible de América Latina mediante el financiamiento de obras de infraestructura, Manuel Malaret, representante de CAF en Perú, destacó que la institución también considera trascendente fomentar la productividad, competitividad, innovación e institucionalidad en la región.
En ese sentido, sostuvo que CAF está llamada a fortalecer la gobernabilidad de los países y -por ello- durante estos años impulsó este programa, enfocado en la capacitación con miras a desarrollar capacidades en los funcionarios para un adecuado diseño e implementación de políticas públicas en pro del bienestar de los ciudadanos.
Tras recordar que el programa se ejecuta desde hace más de una década en Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú, Malaret detalló que durante el período 2003- 2018 suman un total de 5,968 funcionarios peruanos graduados a nivel nacional.
“Reciben un país que ha logrado muchos progresos en materia de estabilidad macroeconómica y reducción de pobreza; les corresponde ahora ustedes avanzar en la construcción de una economía productiva e inclusiva”, subrayó.
Por su parte, Eduardo Dargent Bocanegra, director (e) de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP, destacó que uno de los principales aportes del Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública ha sido lograr que los egresados –muchos de ellos autoridades actualmente en ejercicio- desempeñen una función eficiente y mantengan la presencia del Estado en las localidades más recónditas del territorio nacional.
“Una administración pública democrática está llamada a diagnosticar, crear leyes, reglamentar normas, fortalecer las organizaciones y hacer cumplir la ley, pero sobre todo debe resolver eficientemente los problemas de las personas”, puntualizó.
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