América Latina necesita más medidas para reducir la corrupción y fortalecer sus democracias
En la celebración de su 50 aniversario, CAF -banco de desarrollo de América Latina- organizó la Conferencia Gobernanza, integridad y transparencia para el desarrollo, que reunió en Quito a más de 500 personas para debatir las mejores fórmulas que tienen los Estados de la región para reducir la corrupción y fortalecer la transparencia de las instituciones públicas.
En los últimos años, América Latina ha mejorado en la implementación de sistemas para reducir y aplacar la corrupción, pero todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar la integridad de las políticas públicas y garantizar que las medidas de los gobiernos sean más transparentes y respondan a los verdaderos intereses de los ciudadanos.
Estas son las principales las conclusiones a las que llegó un grupo de expertos internacionales reunidos en Quito en la Conferencia Anual de CAF, celebrada en el marco del 50 aniversario del organismo multilateral, y que pretende generar consensos entre amplios sectores sociales para reducir los niveles de corrupción en la región.
“En CAF llevamos 50 años apoyando a los países para que transiten por la vía del desarrollo, y creemos que elementos como la gobernanza, la transparencia y la integridad en la gestión pública son esenciales para lograrlo. Por eso estamos promoviendo consensos que permitan a los Estados reducir los niveles de corrupción e implementar políticas públicas eficientes que sitúen al ciudadano en el centro”, dijo Luis Carranza, presidente ejecutivo de CAF.
Otto Sonnenholzner, Vicepresidente de Ecuador, destacó el aporte de la CAF para el cumplimento de los objetivos del Plan de Prosperidad del Ecuador. “Son USD 1.800 millones en financiamiento hasta el 2021, destinados a concretar proyectos de desarrollo productivo y social como el Plan Casa Para Todos o la electrificación del sector camaronero. Somos un país distinto, lo estamos transformando con transparencia, honestidad y diálogo, en donde el bienestar común es nuestra mayor prioridad”.
La corrupción se ha convertido en la principal preocupación de los latinoamericanos, y afecta directamente a la calidad de las democracias, a la implementación de políticas públicas eficientes y al clima de hacer negocios. Según el Reporte de Economía y Desarrollo de CAF (RED2019), el 23% de los ciudadanos reporta que un funcionario le solicitó una coima en los últimos 12 meses.
Ante esta situación, Luis Felipe López-Calva, Director para América Latina y el Caribe del PNUD, abogó por el uso de nuevas tecnologías para combatir más eficientemente la corrupción, y por sostener acuerdos de largo alcance entre actores para cortar de raíz con las prácticas corruptas.
Por su parte, Alberto Precht, Director Ejecutivo de Chile Transparente, abogó por que el sector privado también participe en la implementación de políticas de corrupción, algo que actualmente no ocurre de manera recurrente. “Estamos mejor en el ámbito del conocimiento del fenómeno, pero estamos peor en cuanto el enemigo se ha sofisticado mucho más”, dijo Precht durante el primer panel de discusión de la Conferencia.
Los panelistas coincidieron en que es imprescindible disminuir la percepción de impunidad, ya que sin esto será complejo que las políticas tengan éxito y que los ciudadanos recuperen la confianza en sus gobernantes. “Algunos casos recientes en América Latina han producido una mayor intolerancia a la corrupción. Un tema que hace años era aceptado como parte de la cultura latinoamericana, ha dejado de serlo”, dijo Marisol Argueta de Barillas, Directora para América Latina del Foro Económico Mundial.
Presentación del RED 2019
Durante el evento también se presentó el Reporte de Economía y Desarrollo (RED 2019) de CAF, titulado “Integridad en las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción”, que pretende hacer una contribución en la agenda de reformas que necesita la región, repasando los avances y tareas pendientes en cuatro ámbitos de acción: el funcionamiento de las instancias oficiales de monitoreo y control de los funcionarios; los mecanismos de entrada a la burocracia y a la política, y su papel en la atracción y reclutamiento de individuos idóneos e independientes; el control externo vía iniciativas de transparencia y participación ciudadana; y regulaciones para controlar la influencia de los intereses de empresas y particulares en las decisiones del Estado.
El RED 2019 plantea una serie de propuestas para promover una agenda de integridad comprehensiva alrededor de un conjunto de claves que incluyen:
- Adoptar protocolos y fórmulas de decisión basadas en criterios objetivos.
- Fortalecer los sistemas de auditoría y las capacidades investigación y administración de justicia.
- Promover sistemas electorales competitivos y transparentes.
- Profesionalizar el servicio civil y basar el ingreso a la función pública en el mérito.
- Mejorar los sistemas de generación y difusión de información sobre el accionar del Estado y los funcionarios.
- Empoderar a los ciudadanos y fomentar actitudes más vigilantes.
- Garantizar el funcionamiento de canales de reclamo y denuncia, y aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología para crear nuevos espacios.
- Reforzar institucionalidad para evitar el pago y ofrecimiento de sobornos por parte de particulares e incentivar la adopción de programas de cumplimiento al interior de las empresas.
- Invertir en una mejor regulación de las actividades de cabildeo, en la identificación y gestión de conflictos de interés.
- Mejorar los procesos de decisión en actividades especialmente vulnerables, como la provisión de infraestructura pública.
Finalmente, el informe destaca el rol disruptivo que puede tener la tecnología. Las herramientas de generación, apertura y procesamiento de datos brindan muchas oportunidades. Las aplicaciones tecnológicas permiten mejoras en la gestión de recursos, la comunicación y el monitoreo intragubernamental, a la vez que habilitan nuevos canales de difusión de información dentro del Estado y hacia la ciudadanía.