Reducir la discrecionalidad en la función pública, clave para prevenir la corrupción en América Latina
El Reporte de Economía y Desarrollo de CAF presenta una serie de claves que los gobiernos latinoamericanos deberían tomar en cuenta para reducir y prevenir la corrupción. Entre ellas se encuentran la creación de reglas y control en la función pública, mecanismos de entrada a la burocracia, monitoreo ciudadano y gobernanza de los intereses privados.
CAF -banco de desarrollo de América Latina-, presentó el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) 2019, que plantea una serie de medidas para reducir los niveles de corrupción en la región, entre las que destacan el establecimiento de reglas y control de la función pública; la mejora de los mecanismos de entrada a la política y a cargos públicos; el monitoreo ciudadano de la acción de los funcionarios; y la vigilancia de la influencia de los intereses de empresas y particulares en las decisiones del Estado.
En lo concerniente al control dentro de la función pública, el reporte destaca que se debe procurar un equilibrio entre fijar reglas y límites objetivos a la discrecionalidad de los funcionarios (sin abusar de ellas) y otorgar cierto grado de autonomía para que éstos puedan ejercer sus funciones eficientemente. Para ello es necesario complementar estas reglas con procedimientos de fiscalización posterior (expost). Ello requiere fortalecer los organismos auditores del estado con capacidades técnicas e independencia. “La evidencia muestra estas condiciones favorecen la detección de irregularidades que luego deben ser sancionadas vía la acción de las fiscalías y la justicia”, aseguró el vicepresidente de Conocimiento de CAF, Pablo Sanguinetti. Por su parte, el ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC), René Fernández Bobadilla, afirmó que “más de 200 funcionarios públicos fueron enjuiciados por denuncias desde el poder ejecutivo (SEPRELAD, SENAD y SENAC)”. Por otro Diego Martínez, Director de Regulaciones y Estudios Sectoriales de la SEPRELAD menciono: “Vamos a incorporar este estudio de la CAF como insumo en nuestra lucha contra la corrupción”.
Joel Branski, representante de CAF en Paraguay agregó que “Paraguay ha venido haciendo inversiones institucionales en favor de la integridad y la gobernanza. Ejemplo de esto son la creación de la Secretaría Nacional Anticorrupción y la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública en años recientes”. Asimismo el RED 2019 destaca que Paraguay tiene una buena legislación en términos de servicio civil, que considera concursos de oposición para el ingreso a cargos no directivos y la posibilidad de usarlos también para cargos directivos.
El RED resume en una serie de 10 puntos clave las principales recomendaciones para fomentar la integridad en las políticas públicas:
- Adoptar protocolos, procedimientos y reglas de decisión basadas en criterios objetivos en la función pública. Esto también incluye la simplificación y digitalización de trámites
- Fortalecer los sistemas de fiscalización, auditoría y las capacidades investigación y administración de justicia.
- Promover sistemas electorales competitivos y transparentes.
- Profesionalizar el servicio civil y basar el ingreso a la función pública en el mérito.
- Mejorar los sistemas de generación y difusión de información sobre el accionar del Estado y los funcionarios.
- Empoderar a los ciudadanos y fomentar actitudes más vigilantes.
- Garantizar el funcionamiento de canales de reclamo y denuncia, y aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología para crear nuevos espacios.
- Reforzar institucionalidad para evitar el pago y ofrecimiento de sobornos por parte de particulares y personas jurídicas e incentivar la adopción de programas de cumplimiento al interior de las empresas.
- Invertir en una mejor regulación de las actividades de cabildeo y en la identificación y gestión de conflictos de interés.
- Mejorar los procesos de decisión en actividades especialmente vulnerables, como la provisión de infraestructura pública.
El RED destaca también la importancia de factores que pueden ayudar a acelerar el proceso de adopción e implementación de reformas, como la cooperación internacional (por ejemplo, vía la acción de organismos como el GAFI y la OECD), la integración a mercados internacionales, y el papel que puede desempeñar la tecnología por medio de herramientas de generación, apertura y procesamiento de datos.