Hacia un nuevo modelo de gestión urbana en América Latina

Una característica común en la gestión urbana es la dificultad para dar respuestas efectivas a demandas económicas, sociales, culturales y políticas cada vez mayores. Esto requiere una mirada más exhaustiva de los diferentes mecanismos que determinan el funcionamiento de las ciudades, con el objeto de abordar con mayor precisión el diseño de las intervenciones de política. 

Para este análisis, es necesario entender la ciudad como un espacio en el que se desarrollan un conjunto de actividades sociales, económicas y políticas que interactúan y se retroalimentan de manera compleja con el medio ambiente y el medio físico construido. 

Es precisamente esta compleja interacción la que exige que la formulación de las políticas urbanas no se realice, como se ha hecho tradicionalmente, desde una perspectiva sectorial -vivienda, transporte, espacios verdes- sino contemplando las múltiples dimensiones que constituye un territorio urbano. Por ejemplo, un sistema de transporte no es bueno únicamente porque permite unir orígenes y destinos de manera efectiva -en un tiempo razonable, con cierto nivel de comodidad-, sino también porque baja los costos de movimiento de los insumos y productos de las empresas, reduce el tiempo utilizado por los individuos para desplazarse desde el hogar al trabajo, disminuye la contaminación del medio ambiente, desalienta la expansión difusa y descontrolada de la mancha urbana, o permite que toda la población pueda acceder de manera segura y rápida a  los centros de salud o de recreación y esparcimiento. 

Una adecuada vivienda, con cobertura de servicios básicos de agua, saneamiento y medioambientales de calidad para todos, no solamente favorece la inclusión social y fomenta el sentido de pertenencia a la ciudad, sino también incide sobre la salud y la educación de los habitantes, la productividad en el ámbito laboral, entre otros factores. Espacios públicos urbanos bien diseñados -parques, plazas, áreas históricas conservadas, entre otros- contribuyen a forjar el apego de la población con la ciudad, alientan el involucramiento de sus habitantes con las problemáticas vinculadas al espacio construido y ayudan a convertir la ciudad en un lugar atractivo que convoque nuevos habitantes e inversiones. 

Los dos ejemplos anteriores son una muestra simplificada de esta compleja interacción. La comprensión de esta dinámica conlleva a cambiar el eje de la gestión urbana tradicional, segmentada por sectores o por unidades administrativas dentro de los municipios, operando de manera aislada y respondiendo a problemáticas sectoriales, y a pensar en acciones que integren políticas y servicios e incorporen a otros actores -fundamentalmente al ciudadano- en la definición e implementación de intervenciones que  promuevan el desarrollo integral de las ciudades. 

En ese sentido, la promoción de una nueva gestión urbana para América Latina requiere fundamentalmente un cambio de visión por parte del gobierno local sobre su rol y el mejor modelo de gestión para desarrollar la ciudad. Son las administraciones locales las que tienen el poder de conducir los recursos públicos en ese nivel y a los que se les ha delegado la facultad de gestionar la ciudad. En una gran mayoría de los municipios de América Latina, históricamente esa gestión ha estado marcada por, al menos, dos características principales. La primera de ellas, es la desarticulación de áreas que gestionan los distintos servicios municipales, como vivienda, transporte, finanzas y ordenamiento urbano. Desconocer la complejidad de relaciones que se dan en la ciudad y parcializar los problemas, conlleva a la idea falsa de que es posible abordar los desafíos urbanos con políticas sectoriales aisladas. Por ejemplo, puede inducir a formular una política de uso de suelo -restricciones de edificación, cambios de uso, etcétera- sin considerar la interacción del mismo con el sistema de transporte, el drenaje urbano, o con el desarrollo económico de la ciudad. 

Un segundo rasgo característico es la ausencia de un modelo consensuado de ciudad a construir entre las distintas escalas del gobierno y los ciudadanos, que permita orientar los recursos humanos, económicos y el accionar político hacia la consecución del mismo.  La definición de esta visión compartida es necesaria para conducir cualquier modelo de gestión. Sin embargo, esto no es simple porque implica resolver dilemas sobre los cuales no hay respuestas claras aún. Por ejemplo:

1. ¿Qué es más deseable, promover ciudades más compactas y "elevadas" -mayor cantidad de habitantes por Km2- o bien administrar eficientemente ciudades que se expandan, aceptando una lógica que avala el uso del automóvil como el resultado de la modernidad? ¿De qué manera inciden estas alternativas sobre la mayor o menor productividad de las ciudades?
    
2. De ser la primera opción la elegida, ¿cómo enfrentar los posibles problemas de contaminación, congestión de las vías urbanas, el acceso equitativo a las amenidades, entro otros desafíos? En caso de administrar el crecimiento inevitable de las urbanizaciones en su periferia, ¿cómo se puede resolver de manera eficiente la provisión de servicios, como electricidad, saneamiento, transporte, en función de demandas aisladas y sin ejercer excesiva presión sobre los impuestos locales?
    
3. Por último, ¿cómo puede la ciudad abordar el problema de segregación espacial, con áreas de ricos separadas de las de pobres o con núcleos de pobreza en las áreas centrales? ¿es posible pensar en esquemas que promuevan efectivamente la inclusión social o es la segregación un efecto inevitable?

Las preguntas planteadas son apenas una muestra de los importantes interrogantes que se necesitan responder al momento de pensar y definir un nuevo modelo de gestión urbana para América Latina. Los niveles y calidad de habitabilidad en las ciudades están en estrecha relación con la forma en que se gestiona el uso de los recursos y el nivel de distribución y acceso a los beneficios por parte de la población. Queda por delante para los gobiernos locales la enorme tarea de definir los lineamientos e instrumentos necesarios para alcanzar este objetivo, así como de parte de los gobiernos nacionales brindar un adecuado acompañamiento en este proceso.