Un paso adelante para las empresas con sentido social

Consideradas como una de las innovaciones económicas, jurídicas y empresariales más prometedoras de los últimos años, las denominadas Empresas B (de Bienestar) son el mejor ejemplo de cómo el sector privado puede contribuir a crear sociedades más justas y consecuentes. Por eso, desde CAF las estamos impulsando a través de la alianza regional con el Movimiento de Empresas B, que pretende convertir al sector privado latinoamericano en un activo agente de cambio hacia el desarrollo sostenible.

La razón de este objetivo tiene que ver con la propia naturaleza de las Empresas B: sus accionistas amplían la misión del negocio para incluir el objetivo de obtener un impacto social y ambiental positivo, concreto y medible, y plasman este acuerdo de forma legalmente vinculante en el contrato de constitución de la sociedad.

De todos modos, para que este tipo de empresas se expandan y tengan el éxito que todos esperamos, será imprescindible contar con marcos legales que las protejan. Italia y Estados Unidos llevan la avanzada en este sentido, ya que han creado un nuevo tipo de sociedad favorable para aquellas compañías que, como las Empresas B, generan un impacto social y medioambiental positivo, creando la figura de las Sociedades de Interés y Beneficio Colectivo (BIC, por sus siglas en inglés), que ha contribuido a institucionalizarlas y, al mismo tiempo, a facilitar el registro de nuevas empresas de este tipo.

Aunque en América Latina todavía estamos lejos de este escenario, una buena noticia es el evento que se celebró en la Pontificia Universidad Católica del Perú el 19 y 20 de junio, con participación activa de la Dirección de Innovación Social de la CAF, y que reunió a destacados  juristas y abogados de Latinoamérica, Europa y Estados Unidos para debatir los retos legales que plantean las BIC en el actual contexto regional y global. Como parte de la alianza CAF con el Movimiento B, se fortalece la creación de grupos jurídicos en varios países con la finalidad de promover legislaciones que favorezcan el surgimiento de dichas empresas.

La primera Conferencia Internacional de Abogados B  es un buen escenario para analizar de qué manera pueden los países de América Latina avanzar en la creación de estatus legales para las empresas de triple impacto y posibilitar que los Estados impulsen su presencia.

La importancia de este tipo de empresas es fundamental para lograr un desarrollo integral y sostenible en la región, ya que utilizan el poder del mercado para dar soluciones a problemas sociales y ambientales, redefiniendo el sentido del éxito empresarial y reintroduciendo la ética en los negocios.

Entre los países latinoamericanos que más han avanzado en la creación de leyes que protejan a las Empresas B destacan Argentina y Colombia, que ya han presentado proyectos legislativos para la aprobación de la ley de Sociedades BIC. También existen iniciativas similares en Uruguay, Chile y Brasil y se espera una pronta réplica en otros países.

El proyecto legislativo de Argentina, por ejemplo, promueve beneficios no impositivos derivados del reconocimiento del impacto positivo de estas empresas. Estos  se concretan  en compras públicas preferenciales, facilidades de acceso a crédito o a fondos de inversión de impacto, de manera que se crea un régimen especial aplicable a cualquier tipo de sociedad existente que opte por acogerse a este marco legal. 

Los cambios legislativos propuestos por los grupos jurídicos en los varios países, como lo refleja la propuesta argentina, se centrarán  en tres aspectos fundamentales: la ampliación del propósito de la empresa, los deberes de los administradores y los reportes anuales sobre el progreso del triple impacto como un todo que apunta hacia una economía de la sustentabilidad.

Este encuentro ha generado gran expectativa entre juristas de la región. La construcción de legislación específica y  favorable a las empresas de triple impacto puede constituirse en  una oportunidad extraordinaria para que el sector privado contribuya efectivamente al desarrollo sostenible de la región en línea con la agenda  2030.