Agenda para las alianzas público-privadas en América Latina

Este blog también se publicó en El Economista

Las cuantiosas necesidades de infraestructura de América Latina demandan esfuerzos adicionales a los tradicionales para gestionar proyectos inversión de manera eficiente. En este sentido, aunque no siempre han funcionado adecuadamente, recientes estudios aseguran que las Alianzas Público Privadas (APP) son una herramienta eficiente para sostener el ritmo de inversión durante periodos de modesto desempeño económico. Esto siempre y cuando estén bien gestionadas.

El caso de América Latina es un buen ejemplo: las altas tasas de crecimiento de la primera década de este siglo dieron paso a una brusca desaceleración que limitó la capacidad de inversión de los gobiernos nacionales y locales para implementar obras de infraestructura e iniciativas sociales.

Este panorama hizo que las APP ganaran protagonismo y que en algunos casos contribuyeran a preservar los avances sociales cosechados durante los años de bonanza, a la vez que facilitaban un flujo de capitales necesarios para llevar a cabo iniciativas de desarrollo. Chile, por ejemplo, el país más avanzado de la región en este tipo de alianzas, combinó capital público y fondos privados nacionales para impulsar la mejora de infraestructuras viales, logrando sustanciales resultados en el desarrollo y mantenimiento de su red vial. Brasil, Colombia, México y Perú también cuentan con amplia experiencia en desarrollo de infraestructura a través del modelo APP, que está sirviendo de modelo para otros países.

¿Qué hemos aprendido de la experiencia? En resumen, para aprovechar al máximo el potencial de la herramienta, América Latina debe superar significativos desafíos, entre los que destacan mejorar los marcos normativos, regulatorios e institucionales, así como favorecer el clima de inversión y articular nuevas fórmulas de financiamiento no tradicional.

Paralelamente, el desarrollo del esquema APP impone nuevos condicionantes. Uno de ellos tiene que ver con que el sector público adquiere un papel de facilitador, regulador y fiscalizador de la prestación de los servicios, hecho que implica cambios estructurales en algunos aparatos públicos y en el fortalecimiento de sus capacidades en general, así como en la naturaleza de su relación con el sector privado.

Aunque la selección y estructuración de los proyectos APP han mejorado sustancialmente en los últimos años, la elaboración y gestión de los contratos APP sigue siendo un reto permanente para los gobiernos de la región. No debe olvidarse que parte de la complejidad de las APP radica en la elaboración de los contratos y su posterior gestión.

Por eso, cuanto más preparadas estén las administraciones concedentes y sus funcionarios públicos, mejor podrán afrontar los desafíos que se les presenten durante la fase de gestión de los proyectos. Y esto, a fin de cuentas, mejorará la gobernanza de los contratos y brindará mejores servicios a los ciudadanos.

En este sentido, desde CAF estamos desarrollando algunas iniciativas que pretenden fortalecer las capacidades del sector público. Una de las más pioneras y novedosas es el primer curso online masivo y abierto (MOOC, por sus siglas en inglés) en español, llamado  Introducción a la gestión de contratos de Asociaciones Público-Privadas (APP), dirigido a profesionales de organizaciones públicas y privadas de América Latina.

Este curso, desarrollado por CAF y el Tecnológico de Monterrey, iniciará el 12 de septiembre, tendrá una duración de cuatro semanas, y ofrecerá casos de análisis, foros de discusión, ejemplos, lecturas seleccionadas y otros recursos pedagógicos para lograr que los funcionarios saquen el máximo jugo de las APP en sus países.

Las ventajas de las APP son claras: representan fondos adicionales para los gobiernos, más allá de los recursos públicos, para invertir en proyectos de desarrollo y, al mismo tiempo, incorporan el conocimiento técnico y gerencial del sector privado, aportando valor agregado y mayor eficiencia técnica.

América Latina ha usado estas alianzas para impulsar el desarrollo socio-económico de sus países, pero todavía queda mucho margen de mejora. En este sentido, en los próximos años deberemos poner un énfasis especial en la formación de los funcionarios públicos que gestionan los contratos de APP, con la finalidad de garantizar que todos los recursos se usan de forma eficiente.

Solo así podremos estar seguros y confiados de que estas alianzas cumplen con su propósito original de contribuir de forma determinante al desarrollo integral y sostenido de América Latina.