La última milla de los sistemas de agua y saneamiento

El agua potable y el saneamiento son esenciales para la salud y el bienestar, pero actualmente más de 24 millones de latinoamericanos no cuentan con servicios de agua potable y, en el caso del saneamiento, el número asciende a 90 millones de afectados.

El acceso inadecuado a estos servicios genera consecuencias adversas sobre la salud y, en particular, una alta prevalencia de enfermedades diarreicas. En las áreas urbanas, la falta de sistemas adecuados de agua y saneamiento afecta desproporcionadamente a la población de asentamientos informales. En Buenos Aires, por ejemplo, mientras que 87% de los hogares accede a la red de agua, ese porcentaje se reduce a 28% en los asentamientos informales.

Con el objetivo de ampliar la provisión de agua y saneamiento, los países destinan una gran cantidad de esfuerzos y de recursos para llevar adelante grandes obras de infraestructura. Sin embargo, muchos hogares, sobre todo en zonas de menores recursos, no acceden a los servicios que proveen estas infraestructuras, ya que no se realizan las conexiones domiciliarias necesarias. Esto es especialmente grave en el caso del servicio de saneamiento. Por ejemplo, en asentamientos informales ubicados en la región de la Cuenca Matanza Riachuelo (Gran Buenos Aires, Argentina) se estima que solo 25% de los hogares accede a este servicio, a pesar de que la red está operativa (ACUMAR). Por lo tanto, aun cuando la construcción resulte exitosa, el impacto de las obras sobre la población se queda corto si no se logra que se lleven a cabo las conexiones domiciliarias, es decir, si no se logra transitar lo que se conoce como la “última milla”.

Vale preguntarse por qué la adopción de estos servicios por parte de la población es tan baja si los beneficios sobre la salud y las condiciones de vida son considerables. Existen barreras informativas, institucionales, comportamentales y financieras que pueden incidir en la decisión de los hogares de invertir en una conexión domiciliaria.

En términos de la información, los hogares pueden desconocer los beneficios o subestimar los costos de salud asociados al servicio de alcantarillado. A su vez, pueden desconocer los aspectos técnicos y la magnitud de la obra, el costo, los trámites para gestionar la conexión (en caso de que los haya), a qué profesionales acudir, etc. Adicionalmente, puede haber incertidumbre sobre las tarifas que deberán abonar una vez que se conecten a la red. Aun cuando posean toda esta información, pueden priorizar otras necesidades, sobre todo si pensamos en poblaciones vulnerables.

Cuando no hay seguridad de la tenencia, el incentivo a realizar inversiones en la vivienda puede ser menor ya que los hogares no tienen garantía de poder aprovechar los beneficios derivados de esa inversión. Adicionalmente, los inquilinos podrían tener una baja disposición a pagar por estos servicios.

En la mayoría de los casos, los beneficios se materializarán cuando una gran parte de la comunidad haya adoptado estos servicios, ya que, por ejemplo, aun cuando exista un tratamiento adecuado de efluentes, que un hogar se conecte a la red de cloacas no disminuirá el nivel de contaminación de los cuerpos receptores. El hecho de que los beneficios individuales dependan de que los demás hogares también se conecten a la red da lugar a problemas de coordinación que pueden limitar la adopción. También pueden existir problemas de coordinación al interior de cada vivienda si convive más de un hogar, o incluso al interior de cada hogar.

En términos de las barreras financieras, aun cuando los hogares estén dispuestos a realizar la conexión domiciliaria, los costos de la instalación pueden resultarles inaccesibles, en particular para las poblaciones más vulnerables. La falta de acceso al crédito suele constituir una restricción adicional.

Es fundamental entender cuáles son las barreras más relevantes y de qué manera se puede lograr un aumento de la adopción de los hogares. Sin embargo, mientras que existe una vasta literatura del impacto del acceso a los servicios de agua y saneamiento sobre la salud, hay poca evidencia rigurosa sobre intervenciones, que de manera efectiva y sostenible, aumenten el acceso a estos servicios.

En este sentido, CAF-banco de Desarrollo de América Latina, ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo), SIEMPRO (Sistema de Información, Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales) y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales están iniciando un proyecto de evaluación de impacto de un programa de asistencia técnica y financiera para facilitar que aquellas viviendas en asentamientos informales de la cuenca del Río Matanza Riachuelo con posibilidades de conectarse a redes existentes de desagüe cloacal y pluvial puedan hacerlo. Uno de los objetivos es estudiar si ofrecer un crédito subsidiado a los hogares para atacar la barrera financiera logra aumentar el porcentaje de hogares conectado al servicio. El programa se complementará con un componente informativo que permitirá analizar si el desconocimiento sobre los beneficios de acceder a este servicio y sobre aspectos financieros del crédito ofrecido constituye una barrera adicional. Galiani y Gertler están llevando a cabo una evaluación similar en asentamientos informales de Kenia que contempla tratamientos diferenciados para estudiar cuál es el tamaño óptimo del subsidio.

Es un desafío para los países y para los organismos multilaterales, como CAF, promover el acceso efectivo de la población a los servicios de agua y saneamiento de manera de explotar el potencial de la infraestructura disponible y, en última instancia, mejorar la calidad de vida de la población. El conocimiento es un aliado fundamental en este camino.