¿Cómo vamos con la revolución de los datos en Latinoamérica?

Este artículo también se publicó en Foreign Affairs Latinoamérica

En 2015, la Organizaciones de las Naciones Unidas proclamaba la “revolución de los datos” con la proliferación exponencial de información impulsada por la transformación digital. En la era de las fake news y los llamados hechos alternativos, el valor de los datos ha cobrado nueva relevancia. No solo la transparencia, pero también la integridad de los datos es imprescindible para mejorar la calidad de las instituciones y recuperar la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, como lo subraya un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el Banco de Desarrollo de América Latina y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Como dijo el estadístico estadounidense William Deming: “Solo creo en Dios… los demás, traigan datos”.

En julio de 2018, los aficionados de los datos abiertos se reunieron en Tiblisi, Georgia, para tomar el pulso de los avances de la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa mundial lanzada en 2011. Desde entonces han surgido estándares internacionales como la Carta Internacional de Datos Abiertos y la Carta de Datos Abiertos del G-8. La hipótesis detrás de todos estos esfuerzos es que la apertura de los datos contribuye a reducir la corrupción, empoderar a los ciudadanos y mejorar los servicios públicos. Se estima que los datos abiertos podrían reducir la corrupción en hasta un 10% en los países del G-20. También se proyecta que para 2020 el uso de los datos abiertos permitiría reducir los costos de la burocracia europea de hasta 1700 millones de euros.

Avances…

En los últimos años, la mayoría de los países latinoamericanos han lanzado programas ambiciosos de apertura de datos y se han creado ventanillas únicas para facilitar el acceso a estos datos en un formato reusable. Según un estudio reciente del Banco Interamericano de Desarrollo sobre la apertura de los datos, Latinoamérica ha registrado avances notables, pero permanecen desafíos importantes; además, hay mucha heterogeneidad en la región, con un pequeño grupo de países más avanzados.

Argentina, Brasil, Colombia, México, Panamá, Perú y Uruguay adoptaron políticas nacionales y crearon portales abriendo al público una gran variedad de bases de datos sobre salud, educación, seguridad, presupuestos y servicios públicos. Y los esfuerzos están recibiendo sus primeras recompensas: cinco países de la región (Brasil, México, Colombia, Argentina y Uruguay) se encuentran ahora entre los veinte Estados con mejores puntajes en el índice de datos abiertos de la fundación Open Knowledge.

Argentina es el país con mayor dinamismo de Latinoamérica, adoptando marcos legales y herramientas tecnológicas para implementar de manera efectiva su estrategia de datos abiertos. Además, dio un salto importante en el índice de datos abiertos, pasando del puesto 54 en 2014 al 17 en 2017, con 20% de sus bases de datos en formatos abiertos. El gobierno recién anunció la despapelizacion del Estado federalpara 2019 ―el primer país de la región en lograrlo― y sigue avanzando con los servicios digitales. La digitalización y despapelización del Estado, a su turno, generarán más datos cuyo análisis permitirá mejorar y trasparentar aún más el gobierno.

México y Brasil están en la cabecera de los países de la región en materia de datos abiertos, según las mediciones. Los dos cuentan con políticas de datos abiertos enmarcadas en estrategia digitales más comprehensivas, como la Estrategia Nacional Digital en el caso de México. La Ciudad de México es la primera ciudad del mundo en publicar información sobre todas sus licitaciones públicas, adhiriéndose al estándar de datos sobre contrataciones públicas abiertas. Para que se usen, es importante clave también que los datos se puedan visualizar en formatos amigables. DataChile, el Observatorio del Gasto de México, y Gobierno Fácil, también en México, son ejemplos de plataformas de visualización que facilitan el uso de los datos por la sociedad civil.

… y desafíos

En general, Latinoamérica muestra un rezago en cuanto al grado de preparación de la sociedad de absorber y aprovechar los datos, según el Barómetro de los Datos Abiertos que mide el ecosistema de datos abiertos. Esto se debe al aún escaso uso de los datos por los ciudadanos y el propio Estado y al impacto en la calidad de vida de los ciudadanos, como se muestra en la gráfica 1, en particular en los casos de Argentina y Colombia. Aún no se ha logrado un ‘Estado inteligente’ ―o smart government―; es decir, un Estado que apalanca los datos y la evidencia de manera sistemática y rigurosa para mejorar las políticas públicas.

Desafíos políticos y legales

Latinoamérica debe seguir fortaleciendo sus legislaciones sobre el acceso a la información pública y la privacidad de los datos personales. También es necesario regular más la gobernanza de los datos y las responsabilidades de generación y difusión de datos en formatos reusables. En Argentina, por ejemplo, el impulso del Ministerio de Modernización ha demostrado ser crítico para lograr un Estado más ágil y abierto, simplificando trámites y digitalizando la burocracia. En este contexto, es clave institucionalizar la apertura de datos con una rectoría fuerte desde el centro del gobierno y como política de Estado para asegurar continuidad y sostenibilidad más allá de los cambios de gobierno.

Pero la apertura de los datos enfrenta resistencia por quienes los controlan. La información es poder. Es revelador que doce países de la región cuentan con plataformas de interoperabilidad, pero en solo tres de ellos están interconectadas todas las entidades públicas. Estas siguen siendo silos burocráticos reacios a compartir la información, incluso entre sí. La apertura de los datos permite circunvalar a este desafío.

A eso se suma a menudo la tentación de manipular los datos y la captura de las estadísticas para uso político. Como nos recuerda el premio Nobel de Economía Ronald Coase: “Si torturas lo suficiente a las estadísticas, estas terminan confesando”. La experiencia de Argentina también ilustra cómo los factores de economía política son determinantes para explicar por qué algunos países invierten en su capacidad estadística o la independencia de sus institutos de estadística, y otros no. Argentina está recuperando la credibilidad de sus datos estadísticos.

Desafíos institucionales y económicos

Otro tipo de desafíos está vinculado al uso efectivo de los datos para fundamentar las políticas públicas con base a la evidencia empírica de qué funciona y qué no. No existe aún cultura de los datos en los gobiernos. Hasta ahora y, paradójicamente, la mayor apertura de los datos ha coexistido con altos niveles de corrupción en Latinoamérica.

Es aquí donde el papel de los “intermediarios de datos” es clave para hacer uso efectivo de los datos para generar conocimiento, levantar alertas y modificar comportamientos. Las civic-techs ―empresas tecnológicas emergentes basadas en la inteligencia de datos― tienen un papel clave para interpretar, analizar y visualizar los datos, y generar así valor público. En México, la empresa emergente de datos Gobierno Fácil creo una plataforma Inegifacil para analizar y visualizar ágilmente los datos del instituto federal de estadísticas. En Argentina, la empresa emergente MuniDigital trabaja con los gobiernos locales para mejorar la gestión municipal y supervisar las obras públicas.

Las agencias de gobierno y los entes fiscalizadores en particular pueden apalancar la inteligencia de datos para mejorar su eficiencia y prevenir los abusos. Por ejemplo, en Perú la contraloría desarrolló un sistema georreferenciado de fiscalización de la inversión pública, Infobras. Varias agencias tributarias están experimentando con la minería de datos y la inteligencia artificial para proveer mejores servicios y prevenir evasión fiscal.

El último desafío es cómo generar valor económico a partir de los datos. El emprendimiento de datos por empresas emergentes creativas es una industria creciente y prometedora. En México, por ejemplo, la plataforma Labora busca incentivar el uso de los datos abiertos por los emprendedores de la nueva economía de los datos. El valor económico de los datos es enorme y creciente. En España, esta nueva economía de las “empresas infomediarias” generó 1720 millones de euros en 2016.

Una carrera de fondo

No hay duda de que Latinoamérica ha registrado avances importantes en materia de apertura de datos. La tecnología existe, la demanda se ha agudizado y la voluntad política parece haberse alineado con la causa. Sin embargo, la carrera digital sigue acelerándose y, si no agarramos carrerilla, corremos el riesgo de quedarnos atrás.