¿Y las inversiones en infraestructura?

La gigantesca brecha en los indicadores económicos y sociales entre países de América Latina y países industrializados se debe, en parte, a las debilidades de la infraestructura. El FMI estima que el stock de capitales públicos per cápita en la región es de cerca de un quinto del de América del Norte, por ejemplo. Dificultades de financiamiento y de implementación y operación de proyectos, problemas de gobernanza y elección de proyectos poco prometedores ayudan a explicar las bajas inversiones en infraestructura. 

Los desafíos de infraestructura son grandes, pero la región también tiene que apuntar a nuevos desafíos asociados al cambio climático y demográfico, creciente urbanización e infraestructuras del futuro, como el 5G y ciudades inteligentes. 

Se trata de una agenda difícil de ser atendida a corto y medio plazo y cuya magnitud y urgencia requieren muchos recursos y coordinación. Los gobiernos son los tradicionales inversores y operadores de infraestructura en la región. Sin embargo, varios de ellos enfrentan altos endeudamientos y ajustes fiscales que constatan su capacidad operativa y financiera para seguir invirtiendo y los bancos públicos tienen limitaciones para financiar las infraestructuras en los montos requeridos. Para avanzar, será necesario ampliar el abanico de alternativas. 

La principal alternativa es una mayor participación del sector privado en la financiación, implementación y operación de infraestructuras. Pero la participación del sector privado ha sido sólo una fracción de su potencial y, al mantenerse todo como está, es improbable que aumente de forma significativa en el futuro próximo. Esto es porque existen barreras para financiar infraestructuras, especialmente para el sector privado, debido a la elevada percepción de riesgos, la regulación bancaria, el limitado nivel de desarrollo del sector financiero, la modesta escala del mercado de capitales y las dificultades para identificarse y mitigar riesgos e internalizar externalidades. 

Como resultado, proyectos importantes tienen dificultades de financiamiento, de atracción de inversores y de movilización de recursos a plazos y costos soportados por los proyectos. Este cuadro afecta desproporcionadamente a proyectos más estructurantes, que son los que más hacen falta a la región. Pero a pesar de las dificultades, hay margen de maniobra. 

Una medida que puede ser útil es la creación de una cartera de proyectos, que serían reembolsables por quien gana la concesión. De hecho, proyectos bien estudiados son más atractivos por reducir riesgos e incertidumbres y aumentar la previsibilidad y los impactos. Otras medidas son aquellas que optimizan las inversiones y potencian los retornos. Es decir, se necesita más planificación. 

Como no es posible atacar todos los frentes al mismo tiempo, hay que priorizar inversiones que tengan mayores retornos privados y sociales, que agreguen más valor, que diversifiquen inversiones,  que promuevan sinergias y complementariedades productivas y que tengan mayor viabilidad de implantación y operación. Los países con escasez de inversiones no pueden darse el lujo de invertir en proyectos de retorno dudoso, fragmentados y poco sostenibles. La experiencia internacional sugiere que lo ideal es que la planificación sea integrada y que esté a cargo de agencias públicas que se orienten por los intereses a largo plazo del país. 

Entre otras medidas se encuentran el estímulo a la formación de ahorros privados domésticos a largo plazo y atracción de recursos internacionales para proyectos de infraestructura. Por cierto, la secuencia de reformas, la organización de las finanzas públicas y el desarrollo institucional son elementos importantes para crear un entorno macro y micro adecuado y aumentar la resiliencia financiera, factores críticos para la movilización de inversiones a largo plazo. Pero también contribuyen medidas de modernización regulatoria y de seguridad jurídica, cambios que estimulen a los inversores institucionales a asignar más recursos en infraestructura y medidas de ampliación y sofisticación del mercado de capitales y de integración de los mercados de capitales de la región. 

La división de trabajo entre gobierno y sector privado también es una dimensión importante, especialmente para proyectos complejos, con altos riesgos regulatorios de difícil identificación, y medición y que dependen de mucha coordinación. Los proyectos con estas características requieren ingenierías financieras tan complejas que, en la práctica, no se viabilizan. En esos casos, los gobiernos deberían cuidar del montaje y desarrollo de los proyectos y concederlos a la iniciativa privada. 

Los bancos multilaterales de desarrollo (BMD) también pueden contribuir. Además de proveer recursos de medio y largo plazo a costos atractivos y de ofrecer beneficios reputacionales, pueden apoyar en la originación y formación de carteras de proyectos y usar su experiencia técnica y reguladora internacional para apoyar a los gobiernos en la planificación de las infraestructuras. Los BMD también están preparados para apoyar la implantación de mejores prácticas, el desarrollo de capacidades y mejoras del entorno empresarial. También pueden ofrecer instrumentos financieros y clases de activos que traen mayor seguridad y diversificación del riesgo para el inversor, ejercer un papel catalítico con financiamientos sindicalizados y subordinados, garantías parciales de primeras pérdidas y participaciones patrimoniales y apoyar creación de vehículos especiales y fondos que aprovechan recursos privados para la infraestructura. Por último, pueden ser instrumentales para la convergencia de estándares técnicos y regulatorios y para inversiones en infraestructuras de interés bi o plurinacional. 

Estos esfuerzos pueden contribuir a mejorar las condiciones de movilización de recursos privados para la infraestructura, lo que será fundamental para el crecimiento económico sostenido y para los indicadores sociales. Sólo con infraestructura no se va lejos. Pero sin ella no se va a ningún lugar.