¿Qué valor tiene el agua?
En tiempos del Covid-19, se ha afirmado reiteradamente que el agua es esencial para combatir al virus. Lavarse las manos con agua y jabón, a diez meses del inicio de la pandemia, sigue siendo una de las pocas y más efectivas acciones para evitar la propagación de contagios. Sin embargo, el valor del agua va mucho más allá de su aporte en esta cruzada global contra la pandemia. Se trata de un recurso esencial para la vida, el desarrollo económico y social.
El 80% de la demanda mundial del agua se destina a actividades agrícolas, ganaderas, mineras, industriales y energéticas, sectores que suman, directa o indirectamente, tres cuartas partes de los empleos a nivel global. Para el 2050 se prevé que la población crezca un 29%, alcanzando los 9.800 millones de personas, un crecimiento que, entre tantos desafíos, generará crecientes necesidades alimentarias y una mayor demanda energética. Considerando la dinámica de consumo de agua evidenciada en los últimos 100 años, y dando cuenta que su uso se ha multiplicado por seis sigue un patrón de incremento interanual sostenido del 1%, es imprescindible garantizar que contaremos con los recursos hídricos necesarios.
A la fecha, un tercio de la población mundial vive en regiones con escasez de agua, y se calcula que para el 2050 más de la mitad del planeta estará expuesto a situaciones de estrés hídrico, escenario que aumentará el riesgo de caer en la pobreza, intensificará procesos migratorios y provocará crecientes presiones demográficas. Las sequías, recurrentes en zonas áridas, ya han afectado a 1.500 millones de personas en los últimos veinte años, y se estima que para el 2050, la desertificación por sí sola amenazará los medios de vida de casi mil millones de personas en 100 países.
Ante estos datos abrumadores, es imprescindible actuar estructuralmente para garantizar que el agua esté al alcance de todos y, a la vez, sirva para cubrir sus múltiples usos. Para ello, se necesitan decisiones de política pública concretas y mayores inversiones para cubrir las aún significativas brechas de acceso, pero también se requiere contar con instituciones y operadores capaces de asumir los nuevos desafíos. También es necesaria una mejor infraestructura, tanto gris como verde, mayor innovación y profundizar en el acceso y calidad de información oportuna para la toma de decisiones. Esta combinación de decisión política, mayor y mejor inversión, profundización de la infraestructura, instituciones acordes, innovación e información es imprescindible para hacer posible que un recurso natural brinde servicios de manera sostenible.
Por ello, las políticas e instituciones están llamadas a dar señales claras para preservar los recursos hídricos; a no derrocharlos, a transmitir su verdadero valor, incentivando un consumo responsable y eficiente. No es aceptable ni cónsono con la necesidad de valorar un recurso cada vez más escaso que, en muchas regiones del mundo, las pérdidas en los sistemas urbanos de abastecimiento de agua sean superiores al 40% y, según el informe de evaluación mundial de saneamiento y agua, más de la mitad de los países del mundo tengan tarifas urbanas de agua potable insuficientes para cubrir costos de operación y mantenimiento. En América Latina y el Caribe, el 60% de los países tiene insuficiencia tarifaria en el ámbito urbano y es mayor en el nivel rural.
Las políticas e instituciones también están llamadas a mantener la calidad del agua y maximizar su utilización. Bajo esta perspectiva, la economía circular tiene un rol preponderante: lo que tradicionalmente se consideraba un desperdicio, hoy se presenta como un nuevo recurso, bajo el entendimiento de que distintos usos requieren distintas calidades de agua. En este sentido, las aguas residuales, siendo adecuadamente tratadas, pueden ser reutilizadas para el riego y para la generación energética, a la vez que sus subproductos, entre otros usos, también pueden contribuir a la agricultura.
La tarea no es exclusiva de las instituciones con incidencia directa en el sector. Las sociedades también necesitan valorar el agua en todos sus aspectos: ambientales, culturales, económicos y sociales. El ciudadano debe hacer su parte para reducir el desperdicio y la contaminación, para garantizar que el agua esté disponible para las poblaciones actuales y las generaciones venideras. Precisamente de ello trata la gobernabilidad, como un asunto entre Estado y Sociedad, como un continuo proceso de búsqueda de equilibrio entre las demandas sociales y las capacidades institucionales para atenderlas, bajo un marco de eficacia, de transparencia y de reglas mutuamente aceptadas.
Con base en lo anterior, los principios recogidos por el Panel de Alto Nivel sobre el Agua son más que pertinentes: reconocer y adoptar los múltiples valores del agua, sus interconexiones entre las necesidades humanas, el bienestar económico, la espiritualidad y la viabilidad de los ecosistemas; integrar los valores y generar confianza de manera equitativa, transparente e inclusiva; proteger las fuentes de agua, los ríos, acuíferos, ecosistemas y cursos de agua; educar y promover la conciencia sobre el valor intrínseco del agua y su papel en la vida misma, y garantizar una inversión adecuada en instituciones, infraestructura, información e innovación.
Sobre este tema tan significativo para propender a una agenda de desarrollo perdurable reflexionaremos en los Diálogos del Agua CAF – España – América Latina, que tendrán lugar el 28 de octubre.
