La necesidad de aumentar la productividad del agro colombiano
Este artículo está escrito por Carolina España y Carolina Camacho.
En los últimos 20 años la productividad laboral del sector agropecuario colombiano se ha mantenido en 15,1% por debajo del promedio de América Latina y muy por debajo (47,5%) de la de países con condiciones similares de suelo y clima como Costa Rica. La baja productividad se agudiza con la informalidad en la tenencia de la tierra, que además tiene consecuencias negativas sobre el mercado de crédito, e incluso sobre la inversión en bienes públicos. Como parte de los esfuerzos que hoy debe hacer el país por la reactivación de la economía, es fundamental poner amplificar el rol que puede tener el sector agropecuario en términos de generación de empleo y crecimiento económico de largo plazo.
La informalidad en la tenencia de la tierra es del 52% de los predios del país, según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), una realidad que afecta a la productividad agropecuaria a través de tres canales principales:
- En primer lugar, la ausencia de títulos de propiedad dificulta el funcionamiento adecuado del mercado de tierras, algo crucial para garantizar una asignación adecuada tanto de la tierra como del trabajo.
- En segundo lugar, la informalidad en la tenencia de la tierra desestimula la inversión de largo plazo porque acarrea incertidumbre sobre la apropiación de los retornos.
- En tercer lugar, el correcto funcionamiento del mercado de crédito para el sector agropecuario se ve restringido por la informalidad de la tierra.
Para completar la radiografía, también entran en escena las infraestructuras agrícolas. La infraestructura de riego y drenaje sólo cubre el 6% del potencial en el país. Esto tiene consecuencias evidentes, que van desde la pérdida de oportunidades comerciales y baja competitividad, hasta la dificultad para integrar los productos en las cadenas globales de valor. En este sentido, el uso de instrumentos como las Asociaciones Público-Privadas (APP) son imprescindibles para acelerar la modernización de las infraestructuras agrícolas y posibilitar un desarrollo que incluya al campo.
En este contexto hay dos situaciones que debemos tener en cuenta para el desarrollo rural de Colombia: la oferta de servicios para la formalización de la tierra y el buen funcionamiento del catastro. La Política de Catastro Multipropósito responde a esta necesidad con objetivos muy ambiciosos de cubrir el 60% del territorio en 2022 y el 100% en 2025. En medio de las dificultades fiscales y las urgencias de la pandemia, esta política no puede verse como algo ajeno a la recuperación. Uno de los principales retos en la ejecución de la política será su financiación, con una inversión estimada en $5,28 billones de pesos entre 2019 y 2025.
En este panorama existe un espacio interesante para la banca multilateral. Puede jugar un rol fundamental para promover la participación de la ciudadanía en el proceso de levantamiento catastral, siguiendo las políticas públicas que disponen la participación activa de las comunidades en el levantamiento catastral con medios tecnológicos. Para lograrlo se requieren de estrategias que den a conocer la política y promuevan la apropiación del proceso por parte de las comunidades. Un tercer reto reside en apoyar la transformación digital requerida para un funcionamiento seguro e íntegro del catastro multipropósito.
Entre los esfuerzos que desde CAF hemos llevado acabo en este sentido está el apoyo a la evaluación de alternativas de financiación al catastro multipropósito, el fortalecimiento de la gestión de riesgos del sector agropecuario o el trabajo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el desarrollo de lineamientos técnicos y metodológicos de política relacionados con la adecuación de tierras.
Al tiempo que se avanza con la política de formalización de la propiedad, es esencial continuar con los esfuerzos para promover la inversión en riego a través de dos vías. En primer lugar, se requiere formular esquemas concretos para el desarrollo de las APP en adecuación de tierras en el país. En segundo lugar, se ha planteado el cofinanciamiento público de proyectos de riego a través de mecanismos concursales, en los cuales el apoyo con recursos de crédito de la banca multilateral también podría ser clave para lograr los cierres financieros.
