Transparencia, infraestructura y clima de inversión
Según Transparencia Internacional el soborno se percibe como una práctica común en 19 sectores de la economía, pero es en los "contratos de obra pública y construcción" donde más comúnmente se le asocia. Las investigaciones atribuyen tasas de corrupción inusualmente altas al sector de la infraestructura debido al gran número de puntos de contacto entre actores públicos y privados. Además de que los proyectos públicos son monumentales en escala, con altos niveles de inversión, involucran contratos especiales, y además son complicados de monitorear.
La corrupción es perjudicial tanto para la gestión de un proyecto, como para la infraestructura misma. En los casos más dramáticos la corrupción genera “Elefantes Blancos, que con frecuencia en su fase de operación, no ofrecen el retorno esperado, son subutilizadas por falta de demanda o se mantienen con costos muy altos.
Existen impulsores clave en el desarrollo de infraestructura: Además de los recursos del Estado, están las inversiones de capital privado que esperan retorno, la confianza ciudadana en los proyectos que también espera una rentabilidad social.
La transparencia desde su origen en las inversiones y en los datos de estructuración financiera, son herramientas que mitigan riesgos de corrupción y alinean intereses públicos y privados al movilizar capital. Mayor transparencia y acceso a la información aumenta la previsibilidad de los planes de trabajo, genera claridad en el estándar de servicio de las obras, garantiza condiciones justas para licitadores y objetividad para evaluar postulación de ofertas, entre otros.
Sin embargo, la transparencia en infraestructura debe superar el reto de la claridad. Al ser un sector técnicamente complejo, la información debe ser accesible, especialmente al difundir documentos o contratos difíciles de comprender para la ciudadanía. Por otro lado, es normal en el sector público que la información de proyectos, contratos, costos unitarios y los fondos involucrados esté dispersa entre los diferentes organismos que participan del proyecto.
La infraestructura y su transparencia deben tener un solo objetivo: impactar en el bienestar de la población. La mejora en las obras públicas tienen una consecuencia directa en la calidad de vida de las personas, haciendo más fáciles sus actividades diarias y mejorando aspectos como la movilidad, la prestación de servicios, el acceso a servicios, entre otros. Permitir que la sociedad tenga total conocimiento sobre cómo se utilizaron sus contribuciones y los recursos públicos para realizar ese tipo de desarrollos, contribuye a un mayor nivel de satisfacción con respecto a la obra e impulsan el desarrollo y mejora la confianza ciudadana respecto a los servicios públicos.
La iniciativa internacional de transparencia para la infraestructura CoST (Construction Sector Transparency Initiative, por su sigla en inglés), ofrece una solución colaborativa entre gobierno, sociedad civil y sector privado para transparentar información de libre acceso y datos abiertos de obras de infraestructura a lo largo de su ciclo de vida.
CoST permite reunir datos, combinando información de los proyectos, los múltiples procesos de contratación, para respaldar la transparencia y la rendición de cuentas. Actualmente países como Panamá y Guatemala adoptaron su metodología. CAF, banco de desarrollo de América Latina, como actor clave en financiamiento de infraestructura en la región, propicia la adopción de herramientas de supervisión y seguimiento de proyectos, que velan por la calidad y mitigan sobrecostos en beneficio del bien público.
En el año 2020, CAF apoyó al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales de Jalisco (ITEI) para adoptar el estándar CoST Jalisco. En marzo de 2021 se lanzó la iniciativa que visibiliza más de 30 grandes obras en datos abiertos y debidamente georreferenciados, por un valor que supera los 520 millones de dólares y beneficia a más de 17 millones de ciudadanos. Esta iniciativa subnacional inspiró a otros gobiernos como el de Bogotá, Colombia, cuya alcaldesa recientemente anunció su intención de adoptar CoST.
Esta agenda de apertura y transparencia, no sólo reduce ventanas de corrupción, sino que mejora el clima de inversión en los países para movilizar capital con mayor confianza y certeza. En tiempos de pandemia, nada podría ser más prioritario de cara a la recuperación que América Latina necesita.
