Los retos del voto electrónico frente a la aceleración digital de los Estados
La aceleración digital aparejada a la crisis del COVID-19 es un fenómeno ampliamente reconocido. El alcance del teletrabajo, teleducación, telesalud, y servicios digitales que los gobiernos ofrecen a sus ciudadanos, aumentó considerablemente. Sin embargo, una de las áreas en que la digitalización se discutió con cautela y escepticismo durante la pandemia, fue la adopción del voto electrónico y remoto como mecanismo para garantizar la continuidad de calendarios electorales que podían verse afectados por los confinamientos.
Aunque la idea del voto electrónico ganó tracción a principios del siglo XXI, el efecto de la pandemia sobre el desarrollo de las elecciones puso el tema en la agenda pública: países como Bolivia, Francia, Gran Bretaña, Macedonia del Norte y Serbia pospusieron votaciones de varios tipos, lo cual reactivó discusiones alrededor de la implementación del voto electrónico; en especial frente a la disponibilidad y aceleración de tecnologías digitales en varios aspectos de la vida diaria. Así, hacer filas en los puestos de votación, marcar en un tarjetón la preferencia electoral que se deposita en una urna, para luego hacer conteos manuales que se registran en planillas oficiales, que luego se consolidan (de nuevo, manualmente) en sistemas de información, puede parecer como adoptar transporte público en carruajes, cuando existen los trenes.
El voto libre para la elección de corporaciones públicas es un pilar fundamental de las democracias, pero todavía existen varios escollos por resolver. Habilitar a los ciudadanos para que puedan utilizar dispositivos electrónicos para votar de modo supervisado (estaciones) o sin supervisión (desde su computador a través de internet), se configura como una forma atractiva para expresar la voluntad popular. En ese sentido, seleccionar candidatos a un cargo público en un tarjetón no debería ser muy diferente de hacer compras en línea. Esa digitalización puede profundizar la democracia: el voto en línea, por ejemplo, permitiría que ciudadanos con discapacidades usen plataformas digitales; la simplificación del procedimiento podría motivar a quienes usualmente se abstienen de votar; y los resultados se podrían conocer rápidamente.
Sin embargo, esas mismas características que hacen lucir a la digitalización del voto como algo simple, son las que ponen en duda la confiabilidad en su uso: por una parte, se pone en peligro el carácter secreto del voto (ver párrafo siguiente); y por otra se expone el sistema electoral a medios digitales de votación que son especialmente vulnerables al fraude. Galois, una empresa de americana con reputación en el desarrollo de sistemas digitales seguros, mostró lo relativamente sencillo que era alterar las votaciones hechas vía correo electrónico, con motivo de las elecciones del año 2014 en Estados Unidos.
El elemento clave en el uso de medios digitales para votar, exige la interacción entre autenticación, anonimato/privacidad y verificabilidad/auditabilidad. De modo simple, un votante necesita autenticarse (por ejemplo, demostrar su identidad única que lo acredita como elector) para registrar un voto; la plataforma tecnológica debe, al mismo tiempo, asegurar que nadie pueda determinar la preferencia de dicho elector; finalmente el votante debe estar en posibilidad de verificar si su voto ha sido registrado y contado correctamente y, si ese no es el caso, entonces debe estar en capacidad de demostrarlo (sin revelar cómo ha votado). Estos controles se han sofisticado en el mundo físico, pero siguen en desarrollo dentro del mundo digital, puesto que es difícil hacer auditable cada voto así como todo el conteo, sin abrir la posibilidad de conocer cómo ha votado cada elector.
En América Latina y el Caribe, países como Brasil desde finales de los 90 y República Dominicana desde el 2019 han tenido experiencias sobre la aplicación de voto electrónico supervisado. Aunque no existe evidencia sistemática de que las estaciones de medios electrónicos sean infalibles, tienen aceptación gracias a su auditabilidad al emitir un duplicado del voto en papel que el elector deposita en una urna. De este modo, si existen dudas sobre el proceso de registro, conteo y reporte de las votaciones por medios digitales, siempre estarán las urnas físicas para auditar y verificar los resultados. Estas características, por razones evidentes, implican dificultades para la agenda de voto remoto por medios electrónicos, que sólo ha sido explorado a gran escala en Estonia (país que lleva décadas desarrollando no sólo servicios digitales de gobierno sino la misma identidad digital de sus ciudadanos).
Adicionalmente, aún si se garantiza la auditabilidad en el proceso de votación sin exponer el carácter secreto de los votos, siempre queda un último eslabón: los sistemas de información de la autoridad electoral que consolida votaciones y certifica los resultados. La ciberseguridad de esos sistemas, si se altera, puede afectar la confianza en las democracias. Parte de la solución a este riesgo está en el cifrado de extremo a extremo: los datos en proceso de reporte y consolidación quedan transformados a un formato ilegible y sólo ciertos agentes autorizados pueden leerlos. Desde 2020 se está afinando este mecanismo a través del cifrado homomórfico, que permite desarrollar operaciones sobre los datos sin requerir el acceso a los mismos. En procesos electorales ese cifrado tiene un potencial inmenso puesto que podría sumar los votos de mesas, estaciones y distritos en votaciones consolidadas sin requerir acceso a las votaciones subyacentes.
El mercado de soluciones digitales para las elecciones está surgiendo en el mundo y en América Latina. Iniciativas como ExClé refinan la autenticación biométrica en las distintas fases del proceso electoral para evitar el fraude y garantizar que “un ciudadano es igual a un voto”. Por otro lado, NA-AT desarrolló un programa llamado “FAD Participación Ciudadana” que consiste en crear un sistema basado en blockchain para el voto electrónico. Aunque la mayoría son una serie de pilotos, esto muestra un grado de interés en ejecutar estos proyectos a mayor escala en un futuro. Microsoft está desarrollando varias soluciones para implementar procesos electorales sobre plataformas digitales, a través de su programa “defending democracy” para que sean confiables y seguros.
La implementación del voto electrónico en América Latina necesita explorar más experimental y gradualmente las ventajas de las tecnologías digitales en elecciones democráticas. Países como Colombia, Paraguay y Argentina tienen disposiciones legales al respecto, pero no han podido escalar el uso de plataformas para voto electrónico en sus procesos electorales más importantes. En general la digitalización electoral es la excepción y no la regla en la región. Sin embargo, ya existe una agenda clara que se proponga superar los retos logísticos en las elecciones, proveer a cada persona una solución que le invite a elegir sus gobernantes, garantizar la privacidad de su voto y generar confianza en los resultados electorales.
